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Archive for the ‘Raúl Hermosilla H.’ Category

El entorno de los delincuentes representa en Chile una votación de entre 300 mil y 600 mil votos. Resulta obvio que desde 1990 adelante ese entorno ha votado por las opciones presidenciales que han estimado favorecerles más.

Desde la presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) la coalición entonces gobernante fue asegurándose cada vez más la adhesión del entorno delincuencial, partiendo con la reforma procesal penal absurdamente garantista para los delincuentes, para llegar bajo el mandato de Michelle Bachelet a otra situación extremada, como la construcción de las mejores cárceles de Latinoamérica, con un costo para el estado superior a 500 mil pesos mensuales por cada preso, para alojar a  aquellos que resultara ya imposible dejar en libertad.

La lealtad política de la delincuencia con los gobiernos concertacionistas queda en evidencia al considerar que ni Frei, Lagos o Bachelet habrían podido alcanzar la Presidencia de la República sin esa votación, porque los tres triunfaron por menos votos que los del entorno delincuencial.

Hay otro sector de nuestra sociedad, cuyo entorno también representa entre 300 mil y 600 mil votos. Me refiero a la que ha dado en llamarse la familia militar, que en su mayoría votó anteriormente en blanco por hacérseles insuperable el rechazo íntimo a entregar su voto a candidatos socialistas o asociados suyos. Ese entorno votó mayoritariamente en la última elección presidencial por Sebastián Piñera, haciéndolo Presidente de Chile por una diferencia de sufragios muy inferior al número de los correspondientes al entorno militar, y lo hizo así confiando en el honor y la palabra empeñada por el actual Jefe del Estado, quien se comprometió a resolver de una vez por todas el problema de los militares presos injustamente, por cumplir sus deberes militares y órdenes superiores en la situación de excepción y convulsión interna de 30 años atrás, y por jueces afines al socialismo y asociados, que –tratándose de militares- han dejado caprichosamente sin aplicación la legislación chilena mientras han aplicado doctrinas extranjeras y acuerdos internacional no ratificados por nuestro país o bien retroactivamente a su ratificación, cosa categóricamente inconstitucional.

El Presidente Piñera puede perfectamente cumplir su palabra empeñada otorgando el indulto presidencial a todos los uniformados condenados, y solicitando al Poder Judicial, respecto de los procesos pendientes  -y sin meterse en los fallos que corresponda a los jueces dictar-  que disponga la aplicación a todos los chilenos, sin excepciones, de la legislación de la república y se abstenga de aplicar en los procesos acuerdos internacionales no ratificados por Chile en la forma señalada por la constitución, o con efecto retroactivo en el caso de aquellos que hubieren sido ratificados.

Para tener la certeza de que al actuar así lo hace cumpliendo el deseo de la gran mayoría ciudadana, le sugiero implementar oficialmente una consulta nacional aunque no sea vinculante, acerca de si quiere el pueblo un punto final o quiere proseguir las persecuciones a militares sobrevivientes del rescate armado de hace 30 años de nuestra nación del castro-comunismo, con  anterioridad incluso al colapso soviético y a la caída del muro de Berlín. Yo ya hice dicha encuesta mediante un sistema propio simplificado, pero bastante efectivo, y me arrojó algo más de un 65% a favor de dar vuelta la hoja.

Pero honre su palabra, señor Piñera, y cuanto antes mejor. No vaya a ser que por no hacerlo, aborte usted la posibilidad del próximo período presidencial en su sector y caigamos nuevamente en el socialismo, aunque vestido esta vez con las ropas del joven MEO. Es duro para un militar votar en blanco, pero es inaceptable despojarse del honor.

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EL MERCURIO, Domingo 28 de Noviembre de 2004

(Entrevista de Enero de 1987)

A fines del régimen militar, el entonces secretario general de la UDI decidió explicar a un reducido auditorio su posición respecto a la represión política. Este texto – aparecido en “El Mercurio” en Noviembre de 2004 – ilustra el pensamiento de uno de los civiles más influyentes del gobierno de Augusto Pinochet.

Enero de 1987, Juan Pablo Illanes entrevistó a Jaime Guzmán en el encuentro “Líderes de cara al futuro” realizado en el Centro de Estudios públicos. En un auditorio compuesto por jóvenes, el fundador del gremialismo y – en ese entonces – secretario general de la UDI analizó el gobierno militar y explicó su opinión respecto al retorno a la democracia. Entre los temas tratados, destacó su análisis de la situación de los derechos humanos durante el gobierno de Pinochet y el impacto que tendría para los gobiernos del futuro. En este extracto de las conversaciones entre Juan Pablo Illanes y Jaime Guzmán reproducimos sus impresiones en momentos en que se discuten las repercusiones del Informe sobre Prisión Política y Tortura.

Juan Pablo Illanes:

El texto de la Constitución, no cabe duda, protege bien los derechos de las personas. No obstante, llama la atención que a este Gobierno se le formulan graves acusaciones en relación con el respeto a los DD.HH. Se le acusa de desapariciones, se indica que ha habido ejecuciones sumarias, aparentemente irregulares. Hay una serie de acusaciones de esta naturaleza, que pueden traer secuelas sociales muy graves y que, a juicio de muchos, constituyen un germen de inestabilidad futura. Me gustaría preguntarte a ti, que estuviste participando en el gobierno desde el comienzo, tu opinión sobre estas acusaciones.

Jaime Guzmán:

– Yo creo que eso nos lleva a un tema delicado e importante, que debe ser tratado de la manera más seria y franca posible. Creo, desde luego, que no se refiere básicamente a la consagración constitucional de los derechos, porque en general las transgresiones a los derechos humanos son actos que desbordan la legalidad y que por cualquier causa no son aclarados debidamente para su sanción correspondiente. Por eso no se trata principalmente de un problema de orden jurídico sino de un problema de orden práctico.

Creo que cualquier enfoque serio del tema de los DD.HH. durante este régimen debe partir de una realidad que enmarca el análisis. Esa realidad es que el actual régimen accedió al poder en medio de un cuadro objetivo de guerra civil, al cual el país había sido arrastrado deliberadamente por el gobierno anterior. Este hecho reviste la máxima importancia, porque la realidad histórica enseña que no hay situaciones objetivas de guerra civil que no acarreen muy dolorosos y graves hechos de violencia, de muertes y de transgresiones a los derechos de las personas. El primer problema que, por tanto, hay que dilucidar, es cuánta responsabilidad y cuan grave responsabilidad tiene el gobierno de la Unidad Popular en muchos de los hechos que debieron sufrir sus propios jerarcas, como consecuencia del cuadro de guerra civil que ellos provocaron.

Por esta razón, no puedo aceptar, en conciencia y después de haber reflexionado durante trece años, que los dirigentes y partidarios del régimen de la UP pretendan enfocar este problema unilateralmente, colocándose en la calidad de víctimas y acusando al Gobierno militar de victimario. Me parece que eso es una falsedad y una osadía moral inaceptable, quizá sólo explicable – en ciertos casos – por la falta de objetividad que pueden producirse en el ser humano las situaciones de muy grave dolor.

Producido el 11 de Septiembre 1973, se desencadena una serie de hechos que son consecuencia inevitable del cuadro de guerra civil generado por la UP. Esto no quiere decir que sean hechos justificables, pero sí indica que la responsabilidad de su ocurrencia recae en mucho mayor medida en quienes hicieron necesaria la intervención militar con esa guerra civil que incentivaron, que en quienes se vieron en la obligación, completamente ajena a su voluntad, de conjurarla. Porque está claro que el advenimiento del Gobierno Militar no fue algo que las FF.AA. y Carabineros buscaran.

Con el correr del tiempo, empiezan a yuxtaponerse dos realidades. Por un lado, la que acabo de señalar. Por el otro, la dinámica peligrosísima que tienden a adquirir los organismos de seguridad en los gobiernos autoritarios. Es allí dónde pasamos a un área distinta de realidades, en que de excesos inevitables se pasa a excesos evitables, y por ende condenables respecto de la autoridad que los llevaba a cabo. Quiero subrayar cómo estas dos realidades se yuxtaponen, para hacerles vislumbrar lo difícil que era superar adecuadamente este problema. Naturalmente que el tema habría sido muy simple de abordar si uno parte de la base que no se requería un Gobierno Militar, o que el Gobierno Militar llegó en condiciones diversas a una guerra civil. Pero si llegó en condiciones propias de una guerra civil y él fue indispensable para conjurarla, necesariamente estas dos realidades deben ser analizadas como elementos que confluyen en un cuadro muy complejo.

¿Dónde estaba, a mi juicio, la solución del problema? Precisamente en ir desmontando gradualmente la dinámica peligrosa que habían adquirido los servicios de seguridad, al excederse abusivamente en forma que era evitable, pero realizar eso sin restarle potencia a la esencial lucha antiterrorista.

Me parece indispensable, incluso señalar, en forma bastante categórica que hay dos maneras en que el estado puede violar los DD.HH.; una por acción y otra por omisión.

Cuando la autoridad no combate a la subversión o al terrorismo de una manera eficaz, no es acusada en ningún foro internacional de violar los DD.HH., pero los está violando por omisión porque a ella le corresponde evitar los atropellos a los derechos humanos que implica toda la acción terrorista y subversiva.

El problema, entonces, nace en que hay que armonizar la eficacia en la lucha antisubversiva y antiterrorista, que es la lucha exigida por los DD.HH., con el respeto a los parámetros éticos y legales que enmarquen esa lucha dentro de los criterios aceptables desde la dignidad del hombre que nos inspiran. Ese elemento permite apreciar el problema desde una dimensión seria, no simplificada ni panfletaria como desgraciadamente ha tendido a abordarse en chile. Estoy perfectamente consciente que decir estas cosas no es fácil ni es grato, porque se ha producido en amplios sectores del país una simplificación unilateral, emocional y superficial del tema. Digo esto además, porque personalmente desde los inicios de este Gobierno, el tema de los DD.HH. me preocupó muy intensamente. Me preocupó por una cuestión ética y por una cuestión de sensibilidad. Hay personas que son más o menos sensibles a estos temas, y yo lo soy mucho.

En esa época, dicha preocupación era estimada algo excéntrico y curioso por la enorme mayoría de los sectores civiles que apoyaban al Gobierno Militar y que miraban todas las inquietudes que yo planteaba como algo muy secundario o como un mero costo que había que asumir sin más.

Además, hay un aspecto de mi ingerencia dentro del gobierno durante esa época, en el cual no me parece abundar públicamente. Pero no cabe duda que la disolución de la DINA, y el subsecuente reemplazo del general Contreras en la dirección del organismo que la sustituyó fue un paso decisivo en una tendencia o evolución favorable del problema. También siento el deber moral de decir que algún día se reconocerá el papel decisivo que en igual línea tuvo Sergio Fernández como Ministro del Interior, etapa en que se puso fin al gravísimo hecho de los detenidos desaparecidos y en que se mejoró notoriamente la situación general de los DD.HH., aun cuando en el arduo desafío de combinar lo anterior con la eficacia de la lucha antiterrorista y antisubversiva, el ex Ministro Fernández no lograse en plenitud todo lo que se propuso a favor de los DD.HH. y por lo cual luchó silenciosa pero incansablemente, y con frutos que sólo la extrema pasión política actual es capaz de pretender desconocer.

Me interesa también subrayar en este tema que el caso chileno presenta una original y atinada solución jurídica y que fue una idea impulsada por Sergio Fernández, en 1978. Esa solución fue fijar una fecha determinada por ley, como término de las secuelas de la guerra civil.

Esa fecha es el 10 de marzo de 1978. La norma o fórmula que se buscó para eso fue la Ley de Amnistía, que borró los delitos cometidos en el período 73-78, por ambos bandos.

Cuando la Ley de Amnistía fue promulgada, la jerarquía de la Iglesia católica la celebró como una medida de conciliación, porque, de hecho, como producto de esa ley, salieron en libertad dirigentes o activistas de la UP que estaban condenados o procesados por delitos cometidos antes del 11 de Septiembre de 1973, o después de esa fecha, y por cierto que también la ley apuntaba a blanquear jurídicamente, que eso es la amnistía, los delitos que se hubieran cometido por los órganos de seguridad en la lucha contra las secuelas de la guerra civil, producidas entre los años 73 y 78.

Pero todo lo ocurrido con posterioridad al 11 de marzo de 1978 en Chile está sujeto a la jurisdicción común, de manera que la discusión de si debe haber o no juicios para los actos que impliquen trasgresión a los derechos humanos no tiene ningún sentido en la realidad chilena. La solución ya está dada. No hay sanción para los hechos ocurridos antes del 11 de marzo de 1978.

La UDI ha señalado, y yo quisiera subrayar esta tarde, que donde recae la principal responsabilidad del actual Gobierno al respecto, es en el esclarecimiento de de los hechos que impliquen violación de los derechos humanos – y especialmente de los crímenes de connotación política – acaecidos con posterioridad al 11 de marzo del año 78, y que desgraciadamente no han sido esclarecidos de la manera en que es indispensable que lo sean para que se juzgue y sancionen conforme a la legislación vigente, y se despeje así un elemento que puede ser extraordinariamente traumático en el paso del gobierno militar hacia la plena democracia. Creo que allí hay una responsabilidad pendiente del actual gobierno.

Juan Pablo Illanes:

Sobre la base de los mismos argumentos que tú diste, el problema de omisión se aprecia como muy grave. Hay una serie de asesinatos importantes, ninguno de los cuales está aclarado. A raíz de uno de ellos se produce incluso la renuncia de uno de los miembros de la Junta de Gobierno. Recordemos que Nixon no cayó por lo que ocurrió en Watergate, sino que por su encubrimiento posterior. Las omisiones y la continuación hasta hoy de los conflictos, ¿no crees tú que indican que el problema de los derechos humanos está muy lejos de haber sido superado en marzo de 1978?

Jaime Guzmán:

– Yo creo que está lejos de haber sido superado. Justamente allí reside el problema. Creo que lo que está superado es la solución jurídico-política al problema, que en otros países fue necesario resolver en el momento del traspaso del gobierno militar al gobierno civil o después de instalado éste. Hay una solución jurídica. Pero ¿Cuál es el gran problema? Precisamente lo que tú señalas. El problema reside en que hay una serie de hechos posteriores al 11 de marzo de 1978 que no han sido esclarecidos y cuyas víctimas son opositores al Gobierno. Esto no autoriza a culpar al Gobierno de los hechos, pero sí hace válida la exigencia de que él los esclarezca, o preste la colaboración eficaz e indispensable a los organismos policiales para que estos casos sean esclarecidos por el Poder Judicial. El caso de los tres dirigentes comunistas degollados es uno de los más agudos en la materia. Porque allí hay constancia fehaciente de participación de uniformados en el inicio de los hechos que condujeron a que estas personas fueran finalmente asesinadas y degolladas. Por esa razón es que estimo fundamental insistir en este punto como una exigencia que nace de un imperativo ético.

Esto es lo que considero un enfoque serio y equilibrado del tema de los derechos humanos.

Rechazo que se simplifique el problema, poniendo en plan de igualdad, por ejemplo, el caso de Lonquén o de los comunistas degollados. Quien pone en igualdad de condiciones los dos casos, por una vía o por otra, está revelando una falta de seriedad absoluta en el análisis del problema. Si las pone en igualdad de condiciones en forma acusatoria, está desconociendo la situación de guerra civil en la cual se dio el caso de Lonquén. Y si las pone de igualdad de condiciones para pretender una supuesta absolución u olvido del problema, yerra gravemente porque desconoce el hecho de que el caso de los degollados no puede quedar impune sin que para el Gobierno recaiga una grave responsabilidad por no contribuir eficazmente a esclarecer el caso.

Creo que estos hechos tienen tal gravitación que, efectivamente, pueden opacar realizaciones extraordinarias de un gobierno en lo jurídico, en lo institucional, lo mismo que en lo económico y social. Son aspectos vitales que conmueven los valores éticos más profundos de las personas y sus reacciones más sensibles. Por eso es que yo disto de pensar que el problema está superado. Lo que sí me interesa reiterar es que eso no debe llevarnos tampoco, a estimar, que estas acciones injustificables y que deben ser sancionadas, son unilaterales. O sea, tampoco hoy hay una víctima y un victimario, porque existe una permanente y sistemática acción de terrorismo y de subversión impulsada y ejecutada por el comunismo, que exige una lucha antisubversiva y antiterrorista en defensa de los derechos humanos afectados por el terrorismo y la subversión. Y también defensa de todos los chilenos en cuanto si lograra tener éxito una revolución que llevase al poder a un gobierno marxista, nuestros derechos humanos se verían conculcados en medida incomparablemente más grave que todo lo peor que haya sucedido en Chile desde 1973.

Por esa razón, lo que hay que propiciar tiene que ser realista y equilibrado. Hay que fortalecer la lucha antisubversiva y antiterrorista en términos que ella resulte eficaz, evitando caer en las consignas descalificatorias contra los organismos encargados de un combate que, hablando con sinceridad, tienen una rudeza que le es inherente e inseparable.

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Viéndolo venir


En una primera referencia al nuevo gobierno, recordé una expresión campesina de mi progenitor, quien por sobre títulos y grados académicos era un hombre de campo. Déjame verlo venir, para salirle al encuentro, decía cuando alguien quería matricularlo en apreciaciones o actitudes anticipadas respecto de personas recién llegadas o que recién comenzaban a desenvolverse en nuestra provincia o  vecindad.

Estoy analizando objetivamente el desempeño presidencial de Sebastián Piñera, y el primer tema al respecto que tengo ya suficientemente claro y en cuanto al que hoy quiero darle mi completa aprobación y felicitaciones es el de la seguridad pública, que en su campaña electoral prometió garantizar.

Una buena oportunidad de demostrar el cumplimiento de su compromiso a este respecto se presentó con ocasión del famoso “día del joven combatiente”, instaurado hace algunos años por la extrema izquierda para conmemorar la muerte de los hermanos Vergara Toledo, supuestamente asesinados, quienes cayeron en un enfrentamiento armado con las fuerzas policiales en un disturbio vandálico que les correspondió reprimir. Al llegar al lugar, las fuerzas del orden habían sido recibidas a balazos por los terroristas.

Pues bien, en esta ocasión  –y como lo señala editorialmente el decano de la prensa nacional– el Presidente Piñera, en un hecho sin precedentes, visitó el cuartel de las Fuerzas Especiales de Carabineros y les hizo presente que en su función de mantener el orden y la seguridad pública contarían con el apoyo del Gobierno.

También recalcó que el derecho democrático de manifestarse no es equivalente al derecho a causar desórdenes públicos ni daños en la propiedad pública y privada.

Algunas voces intentaron transformar este hecho en una “provocación” del Gobierno a los eventuales manifestantes. Pero la inmensa mayoría de la población —y en particular los pobladores que tantas veces han sufrido impotentemente las consecuencias de tales desórdenes— no se llama a engaño.

En un Estado de Derecho, la fuerza policial expresa la obligatoriedad de la ley y da realidad a las garantías básicas de las personas. No cabe admitir que su presencia y su disposición a actuar en caso de desmanes puedan constituir una provocación.

En este caso, el número de detenidos, la falta de lesionados así civiles como uniformados, y la limitada gravedad de los incidentes así lo confirman. Una oportuna advertencia que encontró crédito en todos los sectores se mostró capaz de disuadir a quienes sin ella habrían estado dispuestos a realizar actos impunes de violencia, disminuyó los mismos y en buena medida hizo innecesario aplicar la fuerza legal. Así, se ha probado que la violencia no sólo se combate con su proporcionada respuesta, sino también con reglas del juego claras, según las cuales todos sepan que el mantenimiento del orden dentro de la ley será efectivamente una prioridad.

En esta misma línea, fueron importantes las reuniones entre el intendente de Santiago y los fiscales competentes, igualmente expresivas de la voluntad de hacer valer el orden legal e impedir su quebranto impune.

En mayo de 2006 la Presidenta Bachelet removió al jefe de las fuerzas especiales de Carabineros porque un periodista y su camarógrafo, así como varios estudiantes, habrían sufrido lo que ella calificó como “un exceso, un abuso, una violencia repudiable e injustificable”. Ese incidente tuvo por efecto el que las policías posteriormente actuaran con una cautela demasiadas veces extremada, frente a manifestaciones, activistas mapuches, trabajadores portuarios, subcontratados de Codelco y otros.

Pero el balance del “día del joven combatiente” muestra que la eficiencia en la preservación de la seguridad pública es perfectamente compatible con métodos policiales propios de un Estado de Derecho y democrático. El respaldo del Gobierno al actuar de las policías en su deber de mantener el orden público no es incompatible con su ejercicio según tales requerimientos. Por el contrario, aquél las hace plenamente responsables por los actos que entrañen un abuso de su potestad.

Lo determinante de este resultado distinto y socialmente mucho más positivo  –como lo expresa el referido editorial–  es que hubo una preparación previa adecuada, con focalización de los resguardos en los puntos que se preveían críticos, en conformidad con una estrategia fundada en datos precisos y sujeta a una coordinación superior resuelta. Eso evitó que la autoridad se viese sorprendida o sobrepasada por los hechos, como ha ocurrido en tantas ocasiones anteriores.

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Recuerdo con nostalgia, pero también con esperanza, ese versito de mi infancia: “Sonó la campana, llegó el Profesor, los niños a clase, a oír la lección…”

Quiero pensar que este año, al fin, abandonará el profesor el paro y llegará a su sala, a dictar la clase, y los niños abandonarán la calle, y al toque de la campana, ingresarán ordenadamente a clase, a oír la lección.

Porque junto con la llegada de marzo, llegará también en los próximos días, el término de 20 años del más estéril pajeo de los chilenos con el socialismo estatista, fracasado en todo el mundo, y viviendo sus últimos estertores en la testaruda España.

Son muchas las soluciones en otras tantas áreas del quehacer gubernamental, que el pueblo, fatigado finalmente con tanto engaño, incapacidad y corrupción, espera del nuevo gobernante y su equipo de trabajo. Entre ellas la educación, el trabajo, la salud, la seguridad, y tantas otras.

Nos referiremos hoy a la educación. El gran Presidente de Chile que fue don Pedro Aguirre Cerda, adoptó como lema de su mandato, hace 70 años, el de “Gobernar es Educar”. Los 4 presidentes de los últimos 20 años han llevado el deterioro de la educación chilena a tal extremo, que de haber sido reconocidamente la mejor de América Latina, hoy es una de las peores del mundo.

El deterioro comenzó en 1964, bajo el gobierno de Frei Montalva, con la contratación masiva de activistas políticos, a los que se dio una ligera capacitación y se les incorporó a la docencia con la misión de adoctrinar a los niños en los postulados demócrata cristianos. El ingenio popular los llamó los profesores “Marmicoc”, en referencia a las primeras ollas a presión que bajo esa marca se estaban vendiendo en nuestro país.

Siguió luego el deterioro de la educación chilena bajo el gobierno de Salvador Allende, impulsando el adoctrinamiento socialista de los niños. Algo se logró revertir el deterioro de la educación bajo los gobiernos de Jorge Alessandri y del General Pinochet, pero finalmente Ricardo Lagos le dio el golpe de gracia al establecer el estatuto docente, apernando profesores sin evaluación de su desempeño.

El resultado es que se ha transformado a nuestros respetables profesores de antaño, inspirados en su vocación, en una manga de sindicalistas anárquicos, más buenos para la política y para la plata que para la noble tarea docente. Y han transformado a nuestros valiosos niños de antes, en otra manga de flojos, desordenados, insolentes y pandilleros.

Y así la llegada de este marzo nos entrega las alarmantes cifras que veremos a continuación.

Cerca de 50 mil alumnos de la educación estatal emigraron a la privada, ante la desesperación de los padres por las constantes huelgas de los profesores y suspensión de las clases con el consiguiente deterioro de la educación de los niños y alteraciones de la vida familiar.

Han debido cerrarse gran número de establecimientos y fusionarse con otros, ante la caída de las matrículas, y no se renovarán este año más de 500 profesores.

Pero no podría yo terminar este comentario sobre la educación chilena sin dejar testimonio de mi mayor gratitud y mi reconocimiento histórico a la Escuela de Preceptores Abelardo Núñez y escuelas normales de todo el país, por su importante contribución a la excelencia educacional que otrora nos distinguió.

Lamentablemente el estado de absoluta infiltración marxista y desnaturalización de sus funciones obligó al gobierno militar a su cierre, confiando la formación de los nuevos profesores básicos a las universidades, instituciones que deberán revisar profundamente sus actuales programas y sobre todo los aspectos vocacionales y éticos de sus alumnos, y su adecuada preparación para el desempeño profesional al egresar.

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El 1 de diciembre de 1928, minutos después de la medianoche, en la Región del Maule se registró un terremoto grado 8,3 en la escala de Richter. El epicentro estuvo en la ciudad de Talca.

Mi padre, David Hermosilla Guerra, había asumido recién la Intendencia de Maule, con asiento en esa época en la vecina ciudad de Linares

Conciente de lo que había ocurrido en Valparaíso 22 años antes, en 1906, en cuanto a los saqueos, asaltos y otros delitos que sólo pudieron ser reprimidos días después, con la designación del Almirante Luis Gómez Carreño como Jefe de Plaza, dispuso el estado de emergencia en la provincia a su cargo, y designó Jefe de Plaza al Comandante del Regimiento, quien asumió de inmediato, y a las 5 de la mañana, la ciudad estaba totalmente controlada preventivamente y patrullada por militares.

En el caso de 1906, en Valparaíso, se tardó  demasiado en la declaración de estado de emergencia y designación de Jefe de Plaza. Al asumir el cargo, el almirante Gómez Carreño ordenó a la marinería el fusilamiento inmediato de los asaltantes en el mismo acto y lugar en el que fueran sorprendidos cometiendo el delito. Entre las muchas barbaridades que sufría la población estaba aquella de ver cortadas con afilados cuchillos las orejas de las mujeres que llevaran aros, para robárselos. El almirante restableció en pocas horas el orden público, resultando fusilados alrededor de 60 bandidos. Hasta el día de su fallecimiento, el Almirante Gómez Carreño ya en situación de retiro, fue considerado en Valparaíso un héroe nacional, por una población agradecida.

Pero bien, mi padre instruyó a las casas mayoristas (no había supermercados en esa época) de entregar el contenido alimenticio de sus bodegas al Ejército, y al mediodía ya se estaban repartiendo alimentos en el Regimiento a las personas damnificadas.  Posteriormente el Supremo Gobierno regularizó legalmente el estado de emergencia, y ratificó lo obrado por mi padre.

El terremoto dejó cerca de 300 muertos, más de 1.000 heridos y alrededor de 130.000 damnificados, pero en Linares no se registró ningún delito, asalto ni saqueo.

¡Cómo contrasta lo anterior con la situación vivida estos días en Concepción y Talcahuano, en que sólo después de los más enérgicos requerimientos de la alcaldesa Jacqueline van Riesselberghe, y de impactantes imágenes mostradas por los canales de televisión, se sacó la marinería a las calles y se dispuso toque de queda nocturno.

La tardanza en entregar el control de la situación a la Armada Nacional en la Región del Bío-Bío, produjo, además de los innecesarios daños a la propiedad pública y privada, y de graves violaciones y angustias a la población, la comprobación de que en el Gobierno de la República  -que afortunadamente está terminando-  hay una tremenda negligencia e incapacidad, aparte de la odiosa resistencia política a todo protagonismo profesional de las Fuerzas Armadas de la Nación, expresada en este caso postergando hasta extremos intolerables, la autorización para que pudieran cumplir con sus funciones propias, constitucionales y necesarias, en los casos correspondientes.

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– Los electores de Piñera

El acto electoral del domingo 17 me ha permitido recuperar la ya muy deteriorada confianza en la democracia chilena, que esta vez permitió enmendar  pacíficamente el rumbo que seguía un gobierno socialista y sus asociados.

El pueblo chileno se apartó el domingo 17 pasado, del camino que nos conducía a situaciones políticas tan lamentables como las que sufren actualmente Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, etcétera.

Porque cabe preguntarse, estimado lector, ¿quién eligió al nuevo Presidente de Chile, Sebastián Piñera ?

La Derecha chilena representa el 26% del electorado. ¿Quiénes conformaron entonces el resto de los sufragios con los que Piñera alcanzó el 52% de la votación?

Pues, el pueblo chileno, a pesar de que podrá ser cualquier cosa menos derechista.

¿Qué pasó, entonces?

Siendo el pueblo chileno mayoritariamente de centro izquierda, agobiado por 20 años de gobierno de una coalición inepta y corrupta, buscó en Piñera y la centro derecha la solución de los más graves males que lo han venido aquejando cada día con mayor dureza.

El pueblo espera del nuevo Presidente una política de desarrollo sustentable, pero efectivo, que se traduzca en un aumento verdadero de los puestos de trabajo que deberá generar una economía sana y en expansión.

Busca la conducción seria de una política educacional que le permita enviar a sus hijos tanto a los colegios municipales como a los particulares, a recibir una educación de la  alta calidad que en otra época distinguía a Chile, sin huelgas de profesores ni cimarras estudiantiles.

Busca también ser debida y oportunamente atendido en los hospitales públicos, sin funcionarios en huelga ni operaciones urgentes postergadas a veces por varios meses.

Espera también el pueblo poder circular por las calles y vivir en sus casas sin temor a ser asaltados una y otra vez, generalmente por los mismos delincuentes, liberados una y otra vez por un sistema judicial  permisivo al extremo del absurdo.

Busca igualmente el pueblo que el nuevo Presidente ponga real coto al narcotráfico y la consiguiente degradación de los jóvenes.

Y, por supuesto, busca ser atendido cuando corresponda en los servicios públicos por funcionarios eficientes y honorables, elegidos por sus capacidades y decencia, independientemente de militancias políticas.

Busca también el pueblo el término de las odiosidades y venganzas políticas y del aprovechamiento económico de abusos algunas veces reales, pero generalmente inventados o exagerados para obtener indemnizaciones millonarias a costa de los impuestos de toda la ciudadanía. Quiere la liberación de ya ancianos militares presos a veces por casi 20 años, por cumplir hace más de 30 años, siendo soldados, suboficiales o jóvenes tenientes, órdenes superiores en la represión de la subversión armada y de atentados no sólo a torres de alta tensión y a cuarteles, sino hasta a estaciones del metro, supermercados, colegios y hospitales, en un contexto mundial diferente al actual, en que se temía el estallido en cualquier momento de una tercera guerra mundial, antes del colapso del comunismo soviético, que terminó por derrumbarse solo, por la incapacidad del sistema para dar al pueblo el nivel de bienestar del resto del mundo tanto europeo como asiático, que los avances en la tecnología de las comunicaciones inalámbricas le permitió conocer a pesar de la férrea censura a los medios, propia del socialismo.

Quiere asimismo el pueblo, junto con el orgullo de ser chilenos y herederos del patriotismo y del sacrificio de nuestros mayores en la guerra, restablecer el honor, respeto y afecto a sus Fuerzas Armadas, tan necesario en momentos en que no se puede descartar la posibilidad de alguna agresión por parte de países vecinos.

¿Está claro, entonces, estimado lector, que fue el pueblo quien hizo Presidente de Chile a Sebastián Piñera, y porqué?

El joven Marco Enríquez  -un aparecido que simuló desligarse públicamente del socialismo y se presentó como independiente a favor del cambio-  entusiasmó a la juventud incauta y obtuvo en la primera vuelta la votación increíblemente alta, del 20 por ciento,  había manifestado que sus votos no serían transferidos en la segunda vuelta, no obstante lo cual a la última hora adhirió a Frei, expresando que con ello votaba con el pueblo y contra Piñera.

Pero el pueblo, como hemos visto, votó por Piñera y contra Frei y el continuismo. Me pregunto, ¿podía seriamente esperarse otra cosa de un engendro genético de Enríquez con Gumucio, criado por Ominami?

Su responsabilidad es enorme, señor Piñera. Espero que no defraudará usted al pueblo en el cumplimiento de sus promesas electorales. Y parte de ese pueblo son las familias y el entorno de los presos políticos militares, que recobrarán su libertad con sólo disponer usted como Jefe del Estado que se apliquen sin excepciones las leyes vigentes en Chile, que se han aplicado a todos los terroristas y extremistas del socialismo, pero no así a quienes debieron combatirlos, en cumplimiento de sus deberes militares y órdenes superiores correspondientes. La igualdad ante la ley es de la esencia de la democracia. No necesita usted de ninguna nueva ley  para solucionar este problema.

En efecto, respecto de los procesos pendientes, bastará una instrucción a la judicatura y a los empleados públicos que en su calidad de jueces la integran, no de la forma en que deben fallar las causas, sino solamente que deben aplicar, sin excepciones, la legislación vigente en la República, absteniéndose de aplicar legislaciones extranjeras o convenios  internacionales no ratificados por el Congreso Nacional, sin lo cual no tienen fuerza de ley en Chile, y en caso alguno de efecto retroactivo.

En cuanto a aquellos chilenos que hubieren sido condenados bajo aplicación de doctrinas foráneas o convenios internacionales no ratificados conforme a la constitución política, especialmente cuando se hubiere violado normas legales relativas a la prescripción de las acciones penales, la cosa juzgada o la amnistía, procederá que usted ejercite derechamente las facultades presidenciales relativas al indulto.

Los votos de la familia militar que usted lealmente recibió, señor Piñera, son más de 300.000 y  determinaron la cifra de 3.582.800 que usted obtuvo, mientras la votación por la que usted superó a Frei, que alcanzó 3.359.800 votos, ascendió a 223.000 sufragios. Creo que está demás todo comentario, y está también claro su deber de chileno, de caballero y de hombre de bien.

Finalmente diré que la oportunidad  -que no se dio al asumir la coalición hoy derrotada-  está vigente para todos los servidores públicos de concentrarse en el eficiente y honorable cumplimiento de sus deberes funcionarios y conservar sus empleos. Entiendo que sólo serán despedidos los involucrados en defraudaciones, en abusos de poder, en abandono de sus obligaciones y en otros delitos, pero no la gente decente que haya trabajado correctamente en el servicio público.

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Las Elecciones en Honduras

Año 9 – Columna de Raúl Hermosilla Hanne

1 de Diciembre de 2009

Finalmente se llevaron a efecto el domingo 29 de noviembre las elecciones generales hondureñas, en la fecha que correspondía, de acuerdo con el calendario electoral. La ciudadanía votó, como lo dispone la ley electoral del país, en tres urnas, correspondientes a las municipales, parlamentarias y presidenciales. (más…)

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