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Alvaro Puga

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Vergüenza y asombro son los primeros sentimientos que vinieron a nuestro encuentro cuando nos enteramos que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior había “conseguido” finalmente que se citara a declarar en el proceso por la muerte de Víctor Jara, ni más ni menos que al Subsecretario de Defensa, General ( R ) Oscar Izurieta Ferrer. Vergüenza , al confirmarse el tremendo desaguisado del Ministerio del Interior, que ahora aparece persiguiendo judicialmente a uno de los más selectos integrantes del gabinete, gracias a la encomiable diligencia de uno de los abogados de una oficina de su dependencia y con una jefa designada por el régimen que ni siquiera se enteró de ello. Asombro, ante la inesperada falta de control del gobierno sobre los actos de sus subordinados, permitiendo que desde sus propias filas se atente contra la imagen de un Presidente que ha puesto su empeño en seleccionar al mejor equipo.

Ambos sentimientos se enmarcan en un cuadro de confusión generalizada que ronda entre los partidarios del gobierno, al no conseguir comprender la porfiada demora en designar a los ocupantes de los cargos que configuran el ejercicio del poder político para la conducción del estado. Más aún, cuando después de dos meses, las nuevas autoridades insisten en compartir dicho poder con conspicuos agentes del antiguo régimen, quienes pueden ejercitar libremente su acción de “quinta columna”, para minar paso a paso la imagen de un cambio que no llega.

En pocas palabras, la operación política montada en los días finales del gobierno anterior obtiene hasta ahora una clara victoria sobre los nuevos ocupantes de La Moneda, sumando la actuación soterrada de los infiltrados en la administración pública a un coro de voces agoreras que denuncian “despidos injustificados” o “por razones políticas”, mientras claman por los derechos de prístinos y eficientes trabajadores fiscales, aún cuando se trate muchas veces de simples y vulgares operadores políticos, sin otra justificación para seguir en sus cargos que la inmoral extensión de su contrato, realizada pocos días antes de entregar el gobierno.

Los gritos son tan fuertes como sincronizados en tiempo y espacio, consiguiendo apabullar cualquier asomo de reacción en las flamantes autoridades, cuya formación ética y moral les coarta las posibilidades de imponer su voluntad, haciéndolos retroceder cada vez que hay riesgo de ser acusados de cometer algo injusto o indebido.

Es pintoresco ver que justamente quienes han amparado o participado en los actos de mayor inmoralidad hoy rasgan vestiduras y acusan a ministros, subsecretarios e intendentes de estar “abusando del poder” o “desarrollando campañas de persecución política” sobre inocentes funcionarios. En un gesto de descaro increíble, connotados sinvergüenzas hoy abogan por la “ética” y la “probidad”, olvidando la corrupción en que nadaban hace apenas unos meses.

No es posible que la calidad profesional de las nuevas autoridades sea debilitada por rasgos de ingenuidad que facilitan la acción disociadora de sus adversarios políticos, al auto-restringirse para llevar a cabo la renovación de cargos a que tiene derecho cualquier gobierno, en cualquier país del mundo, sin necesidad de pedir la anuencia de nadie y menos de sus opositores, a quienes por algo derrotaron limpiamente en la urnas.

El ejemplo de la citación a Izurieta demuestra como un organismo ajeno a los intereses del gobierno actual, creado en 1997 para continuar la investigación sobre la ubicación de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, como también las circunstancias de su desaparición o muerte y con vigencia sólo por un año, ha sobre-extendido ilegalmente su funcionamiento,

transformándose en una suerte de fiscalía especializada en la persecución de militares, imponiendo su agenda aún a costa de crear problemas mayúsculos al gobierno de quien supuestamente depende. Así estuvo a punto de conseguirlo cuando su jefa insistió vehementemente en reabrir el caso Soria, so pena que se le viniera encima una avalancha de reapertura de casos completamente cerrados y ejecutoriados. Así ocurre hoy, cuando llevan ante la justicia a un Subsecretario de la misma administración. ¿Quién podría encontrar una explicación racional para que ello ocurra en el gobierno actual?

Para quienes votaron por la Alianza no es grato observar como la opinión pública comienza a criticar a un gobierno que – habiendo manejado en forma impecable la reacción ante el terremoto – duda en ocupar los espacios de poder que legítimamente le corresponden, sometiéndose a los reclamos de una oposición derrotada en todos los frentes y con graves problemas internos. En vez de aprovechar la oportunidad estratégica ofrecida por la debilidad de su adversario, el gobierno pareciera estar esperando que éste se fortalezca.

La reconocida fragilidad del apoyo ciudadano debiera llamar la atención del gobernante hacia el resultado de las primeras encuestas, donde comienza a hacerse evidente un prematuro grado de desencanto. ¿Podrá éste ser solamente atribuible a los problemas relacionados con el terremoto o tendrá elementos referidos a la falta de ejercicio de la autoridad?

Hay sin embargo un sector de la sociedad que no resultó sorprendido con la actuación del abogado del Ministerio del Interior. Se trata de la Familia Militar, quien ha sufrido por años la más injusta persecución política, sostenida por quienes no desean que el pasado siga su rumbo natural hacia el olvido y buscan mantener los beneficios y prebendas conseguidas al amparo de su condición de “víctimas de violaciones a los derechos humanos”.

Así, mientras los terroristas o delincuentes subversivos del ayer gozan de la amnistía, prescripción y toda clase de beneficios, los uniformados siguen encarcelados o perseguidos en interminables procesos judiciales, donde se les aplica una forma de justicia exclusiva, muy distinta a la del resto de los chilenos. Por si fuera poco, mientras los militares condenados por hechos ocurridos hace más de 30 años jamás han sido acusados de volver a presentar conductas reprochables, la sociedad conoce cada cierto tiempo de casos de terroristas amnistiados o indultados que han seguido involucrados en el mundo criminal, tanto en Chile como en el extranjero, habiendo concitado a pesar de ello, la compasión y simpatía de los gobiernos de la concertación.

En el proceso eleccionario recién pasado, la familia militar, al igual que la mayor parte de la población, optó por un camino que ofrecía la posibilidad de terminar de una vez por todas con las odiosidades del pasado, confiando en lo ofrecido por el candidato vencedor. Lamentablemente, hoy debe ver con tristeza que el cambio parece quedarse solo en un sueño.

Ojala el gobierno de la Alianza, deje de lado el temor a producir el cambio que ofreció y que lo llevó a triunfar, asumiendo que es mejor dejar que los perros ladren a seguir durmiendo con el enemigo.

Patricio Quilhot P.

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Organismo estableció criterio a nivel nacional ante consulta realizada por municipalidad de Villarrica.

IVÁN FREDES

TEMUCO.- La Contraloría dictaminó que las municipalidades están facultadas para izar banderas indígenas en sus reparticiones junto con el pabellón nacional. La decisión se tomó en respuesta a una consulta efectuada por la municipalidad de Villarrica, pero fija un criterio a nivel nacional.

El documento explica que “la municipalidad de Villarrica está facultada para autorizar el izamiento de la bandera o escudo del pueblo mapuche, junto a la bandera nacional, en las reparticiones municipales de su dependencia” y precisa que es “en el entendido que cumpla la exigencia de satisfacer una expresión cultural, educativa o artística de la referida etnia”.

La resolución tiene jurisprudencia nacional y puede ser solicitada por los nueve pueblos originarios reconocidos en la Ley Indígena, según explicó el contralor de La Araucanía, Hernán Hernández.

El organismo fiscalizador zanjó la polémica generada en 2009, cuando el alcalde de esa comuna, Pablo Astete, rechazó la solicitud del Consejo Mapuche Mallelafquén para izar una bandera mapuche, junto con el emblema nacional, el día en que comenzó a regir el Convenio 169 de la OIT.

La Contraloría fundó su resolución en la autonomía municipal para establecer ordenanzas de participación de la comunidad local, en la Ley Indígena que promueve el fomento y desarrollo de los indígenas y en el Convenio 169, que protege a los pueblos originarios.

El edil Astete, quien solicitó el pronunciamiento, anticipó su voluntad de izar el pabellón mapuche en el frontis municipal. “El problema ahora es saber cuál es la bandera mapuche más representativa”. El dirigente Marcial Colil, quien inició la polémica en 2009, calificó de “espectacular” el dictamen. “Prueba que la petición estaba fundada en derecho. Nuestra bandera es la diseñada en 1991 por el Consejo de Todas las Tierras”. El director del Instituto de Estudios Indígenas de la U. de la Frontera, Alejandro Herrera, se mostró partidario del dictamen y que a la hora de la elección de la bandera deben primar el uso y tradición del emblema.

692.192
los indígenas en Chile, según el resultado del censo aplicado en el año 2002.

87,3%
corresponde a la población mapuche, le sigue el pueblo aimara con el 7,8% del total indígena.

Nueve etnias según la Ley Indígena: Mapuche, Aimara, Atacameña, Rapa Nui, Colla, Quechua, Alacalufe, Yámana y Diaguita.

Sergio Villalobos: “Me parece una cosa indignante y una barbaridad histórica”

“Desde el punto de vista jurídico no sé bien cuál es la situación. Pero desde la perspectiva histórica me parece una barbaridad”, afirmó ayer el Premio Nacional de Historia Sergio Villalobos, respecto del dictamen.

“Chile es un Estado unitario, republicano, democrático y representativo. Así lo dice la Constitución. Y que se estén introduciendo estas divisiones no me parece que está dentro de la tendencia histórica. Tampoco de la manera de ser del pueblo chileno. Lo que cabe es que haya una sola ley, una sola determinación, una sola bandera. Históricamente, me parece una barbaridad, una cosa indignante. Algo que no cabe en la ruta histórica del país”, afirmó.

El investigador mapuche Juan Ñanculef recordó que la bandera mapuche conocida es de apenas 20 años. “Los mapuches tienen sus banderas, pero son de carácter espiritual y no político o ideológico. Se usan en los “nguillatunes”, como elementos para buscar el equilibrio cósmico en las rogativas”, aclaró.

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El entorno de los delincuentes representa en Chile una votación de entre 300 mil y 600 mil votos. Resulta obvio que desde 1990 adelante ese entorno ha votado por las opciones presidenciales que han estimado favorecerles más.

Desde la presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) la coalición entonces gobernante fue asegurándose cada vez más la adhesión del entorno delincuencial, partiendo con la reforma procesal penal absurdamente garantista para los delincuentes, para llegar bajo el mandato de Michelle Bachelet a otra situación extremada, como la construcción de las mejores cárceles de Latinoamérica, con un costo para el estado superior a 500 mil pesos mensuales por cada preso, para alojar a  aquellos que resultara ya imposible dejar en libertad.

La lealtad política de la delincuencia con los gobiernos concertacionistas queda en evidencia al considerar que ni Frei, Lagos o Bachelet habrían podido alcanzar la Presidencia de la República sin esa votación, porque los tres triunfaron por menos votos que los del entorno delincuencial.

Hay otro sector de nuestra sociedad, cuyo entorno también representa entre 300 mil y 600 mil votos. Me refiero a la que ha dado en llamarse la familia militar, que en su mayoría votó anteriormente en blanco por hacérseles insuperable el rechazo íntimo a entregar su voto a candidatos socialistas o asociados suyos. Ese entorno votó mayoritariamente en la última elección presidencial por Sebastián Piñera, haciéndolo Presidente de Chile por una diferencia de sufragios muy inferior al número de los correspondientes al entorno militar, y lo hizo así confiando en el honor y la palabra empeñada por el actual Jefe del Estado, quien se comprometió a resolver de una vez por todas el problema de los militares presos injustamente, por cumplir sus deberes militares y órdenes superiores en la situación de excepción y convulsión interna de 30 años atrás, y por jueces afines al socialismo y asociados, que –tratándose de militares- han dejado caprichosamente sin aplicación la legislación chilena mientras han aplicado doctrinas extranjeras y acuerdos internacional no ratificados por nuestro país o bien retroactivamente a su ratificación, cosa categóricamente inconstitucional.

El Presidente Piñera puede perfectamente cumplir su palabra empeñada otorgando el indulto presidencial a todos los uniformados condenados, y solicitando al Poder Judicial, respecto de los procesos pendientes  -y sin meterse en los fallos que corresponda a los jueces dictar-  que disponga la aplicación a todos los chilenos, sin excepciones, de la legislación de la república y se abstenga de aplicar en los procesos acuerdos internacionales no ratificados por Chile en la forma señalada por la constitución, o con efecto retroactivo en el caso de aquellos que hubieren sido ratificados.

Para tener la certeza de que al actuar así lo hace cumpliendo el deseo de la gran mayoría ciudadana, le sugiero implementar oficialmente una consulta nacional aunque no sea vinculante, acerca de si quiere el pueblo un punto final o quiere proseguir las persecuciones a militares sobrevivientes del rescate armado de hace 30 años de nuestra nación del castro-comunismo, con  anterioridad incluso al colapso soviético y a la caída del muro de Berlín. Yo ya hice dicha encuesta mediante un sistema propio simplificado, pero bastante efectivo, y me arrojó algo más de un 65% a favor de dar vuelta la hoja.

Pero honre su palabra, señor Piñera, y cuanto antes mejor. No vaya a ser que por no hacerlo, aborte usted la posibilidad del próximo período presidencial en su sector y caigamos nuevamente en el socialismo, aunque vestido esta vez con las ropas del joven MEO. Es duro para un militar votar en blanco, pero es inaceptable despojarse del honor.

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Por Verónica Larraín B.

Habiendo llegado a mis manos una muy interesante entrevista efectuada en Enero de 1987 por el personero de El Mercurio, don Pablo Illanes, al entonces fundador y líder de la UDI, asesinado por terroristas del FMR el 1º de Abril de 1991, Jaime Guzmán Errázuriz (Q.E.P.D.), cuyo contenido fue reproducido por el citado medio periodístico, he estimado importante reproducir parte de ella, al menos, para conocer el pensamiento del líder de la UDI, respecto de esta materia.

A continuación se consigna el texto de parte de esa entrevista, que por su extensión, no es factible reproducir en forma completa.

Juan Pablo Illanes:

El texto de la Constitución, no cabe duda, protege bien los derechos de las personas. No obstante, llama la atención que a este Gobierno se le formulan graves acusaciones en relación con el respeto a los DD.HH. Se le acusa de desapariciones, se indica que ha habido ejecuciones sumarias, aparentemente irregulares. Hay una serie de acusaciones de esta naturaleza, que pueden traer secuelas sociales muy graves y que, a juicio de muchos, constituyen un germen de inestabilidad futura. Me gustaría preguntarte a ti, que estuviste participando en el gobierno desde el comienzo, tu opinión sobre estas acusaciones.

Jaime Guzmán:

Yo creo que eso nos lleva a un tema delicado e importante, que debe ser tratado de la manera más seria y franca posible. Creo, desde luego, que no se refiere básicamente a la consagración constitucional de los derechos, porque en general las transgresiones a los derechos humanos son actos que desbordan la legalidad y que por cualquier causa no son aclarados debidamente para su sanción correspondiente. Por eso no se trata principalmente de un problema de orden jurídico sino de un problema de orden práctico.

Creo que cualquier enfoque serio del tema de los DD.HH. durante este régimen debe partir de una realidad que enmarca el análisis. Esa realidad es que el actual régimen accedió al poder en medio de un cuadro objetivo de guerra civil, al cual el país había sido arrastrado deliberadamente por el gobierno anterior. Este hecho reviste la máxima importancia, porque la realidad histórica enseña que no hay situaciones objetivas de guerra civil que no acarreen muy dolorosos y graves hechos de violencia, de muertes y de transgresiones a los derechos de las personas. El primer problema que, por tanto, hay que dilucidar, es cuánta responsabilidad y cuan grave responsabilidad tiene el gobierno de la Unidad Popular en muchos de los hechos que debieron sufrir sus propios jerarcas, como consecuencia del cuadro de guerra civil que ellos provocaron.

Por esta razón, no puedo aceptar, en conciencia y después de haber reflexionado durante trece años, que los dirigentes y partidarios del régimen de la UP pretendan enfocar este problema unilateralmente, colocándose en la calidad de víctimas y acusando al Gobierno militar de victimario. Me parece que eso es una falsedad y una osadía moral inaceptable, quizá sólo explicable – en ciertos casos – por la falta de objetividad que pueden producirse en el ser humano las situaciones de muy grave dolor.

Producido el 11 de Septiembre 1973, se desencadena una serie de hechos que son consecuencia inevitable del cuadro de guerra civil generado por la UP. Esto no quiere decir que sean hechos justificables, pero sí indica que la responsabilidad de su ocurrencia recae en mucho mayor medida en quienes hicieron necesaria la intervención militar con esa guerra civil que incentivaron, que en quienes se vieron en la obligación, completamente ajena a su voluntad, de conjurarla. Porque está claro que el advenimiento del Gobierno Militar no fue algo que las FF.AA. y Carabineros buscaran.

Con el correr del tiempo, empiezan a yuxtaponerse dos realidades. Por un lado, la que acabo de señalar. Por el otro, la dinámica peligrosísima que tienden a adquirir los organismos de seguridad en los gobiernos autoritarios. Es allí dónde pasamos a un área distinta de realidades, en que de excesos inevitables se pasa a excesos evitables, y por ende condenables respecto de la autoridad que los llevaba a cabo. Quiero subrayar cómo estas dos realidades se yuxtaponen, para hacerles vislumbrar lo difícil que era superar adecuadamente este problema. Naturalmente que  el tema habría sido muy simple  de abordar si uno parte de la base que no se requería un Gobierno Militar, o que el Gobierno Militar llegó en condiciones diversas a una guerra civil. Pero si llegó en condiciones propias de una guerra civil y él fue indispensable para conjurarla, necesariamente estas dos realidades deben ser analizadas como elementos que confluyen en un cuadro muy complejo.

¿Dónde estaba, a mi juicio, la solución del problema? Precisamente en ir desmontando gradualmente la dinámica peligrosa que habían adquirido los servicios de seguridad, al excederse abusivamente en forma que era evitable, pero realizar eso sin restarle potencia a la esencial lucha antiterrorista.

Me parece indispensable, incluso señalar, en forma bastante categórica que hay dos maneras en que el estado puede violar los DD.HH.; una por acción y otra por omisión.

Cuando la autoridad no combate a la subversión o al terrorismo de una manera eficaz, no es acusada en ningún foro internacional de violar los DD.HH., pero los está violando por omisión porque a ella le corresponde evitar los atropellos a los derechos humanos que implica toda la acción terrorista y subversiva.

El problema, entonces, nace en que hay que armonizar la eficacia en la lucha antisubversiva y antiterrorista, que es la lucha exigida por los DD.HH., con el respeto a los parámetros éticos y legales que enmarquen esa lucha dentro de los criterios aceptables desde la dignidad del hombre que nos inspiran. Ese elemento permite apreciar el problema desde una dimensión seria, no simplificada ni panfletaria como desgraciadamente ha tendido a abordarse en chile. Estoy perfectamente consciente que decir estas cosas no es fácil ni es grato, porque se ha producido en amplios sectores del país una simplificación unilateral, emocional y superficial del tema. Digo esto además, porque personalmente desde los inicios de este Gobierno, el tema de los DD.HH. me preocupó muy intensamente. Me preocupó por una cuestión ética y por una cuestión de sensibilidad. Hay personas que son más o menos sensibles a estos temas, y yo lo soy mucho.

En esa época, dicha preocupación era estimada algo excéntrico y curioso por la enorme mayoría de los sectores civiles que apoyaban al Gobierno Militar y que miraban todas las inquietudes que yo planteaba como algo muy secundario o como un mero costo que había que asumir sin más.

Me interesa también subrayar en este tema que el caso chileno presenta una original y atinada solución jurídica y que fue una idea impulsada por Sergio Fernández, en 1978. Esa solución fue fijar una fecha determinada por ley, como término de las secuelas de la guerra civil.

Esa fecha es el 10 de marzo de 1978. La norma o fórmula que se buscó para eso fue la Ley de Amnistía, que borró los delitos cometidos en el período 73-78, por ambos bandos.

Cuando la Ley de Amnistía fue promulgada, la jerarquía de la Iglesia católica la celebró como una medida de conciliación, porque, de hecho, como producto de esa ley, salieron en libertad dirigentes o activistas de la UP que estaban condenados o procesados por delitos cometidos antes del 11 de Septiembre de 1973, o después de esa fecha, y por cierto que también la ley apuntaba a blanquear jurídicamente, que eso es la amnistía, los delitos que se hubieran cometido por los órganos de seguridad en la lucha contra las secuelas de la guerra civil, producidas entre los años 73 y 78.

La solución ya está dada. No hay sanción para los hechos ocurridos antes del 11 de marzo de 1978.

Juan Pablo Illanes:

Las omisiones y la continuación hasta hoy de los conflictos, ¿no crees tú que indican que el problema de los derechos humanos está muy lejos de haber sido superado?

Jaime Guzmán:

Hoy hay una víctima y un victimario, porque existe una permanente y sistemática acción de terrorismo y de subversión impulsada y ejecutada por el comunismo, que exige una lucha antisubversiva y antiterrorista en defensa de los derechos humanos afectados por el terrorismo y la subversión. Y también defensa de todos los chilenos en cuanto si lograra tener éxito una revolución que llevase al poder a un gobierno marxista, nuestros derechos humanos se verían conculcados en medida incomparablemente más grave que todo lo peor que haya sucedido en Chile desde 1973.

Por esa razón, lo que hay que propiciar tiene que ser realista y equilibrado. Hay que fortalecer la lucha antisubversiva y antiterrorista en términos que ella resulte eficaz, evitando caer en las consignas descalificatorias contra los organismos encargados de un combate que, hablando con sinceridad, tienen una rudeza que le es inherente e inseparable.

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Por Luis Montero V.

Chile junto con ser nuestro, es un hermoso país. Los parajes de Chile peninsular e insular son tan incomparables como maravillosos. Nuestra historia patria, folclor, cocina, entre otros aspectos que conforman nuestra nacionalidad, constituyen una verdadera e inagotable fuente de inspiración para poetas o cantores populares. Mas, también tenemos una peculiaridad que nos distingue, algo complicado que no nos permite crecer; unos dirán “chaqueteros”; otros, “jodidos”, “envidiosos”. Pero como se llame, tampoco hacemos nada por superarlo.

En efecto, suceden hechos que calan el alma nacional y nosotros impávidos. Nadie dice ni reclama nada. Es como si las cosas sucedieran en Marte o Júpiter. Para muestra, tres “botoncitos”:

Murió en la cárcel Paul Schäefer. Y, ¿qué tiene de particular dirá usted?. Bueno, allí está la cuestión. Resuena aún la parafernalia hecha a propósito de su captura en Argentina y posterior encarcelamiento en Chile? ¿Se acuerda todo lo que se dijo?: “En este país (o sea, el nuestro) las instituciones funcionan”, “nadie está por sobre la justicia”, “la justicia tarda pero llega”, “somos un país serio”. Palabras, sólo palabras. Definitivamente, en este caso, las instituciones no funcionaron. En primer término, Schäefer fue encontrado en Argentina por un equipo periodístico de Canal 13 y no por la policía chilena; segundo, pese a todo lo que se habló, aquél sólo tuvo dos sentencias de término cuyo monto fueron mínimas y que, de no haberse llamado Paul Schäefer, con seguridad, las habría cumplido con el régimen de libertad vigilada. ¿Y los procesos pendientes? ¿Qué pasa con las eventuales víctimas cuyos procesos no alcanzaron a ser fallados? Bien gracias. ¿Sabremos algún día la verdad acerca de lo que pasó y cómo llegó él a donde llegó? No, nunca. Desde esta tribuna se lo adelantamos enfáticamente. En Chile, mal que nos pese, la justicia es omnipotente. “Muerta la perra, se acaba la leva”. Terminado.

En mi Quillota natal, hace ya muchos años atrás, mi abuelo con su proverbial sabiduría, me decía: “fíjese niño en los políticos de hoy, porque usted tendrá que votar por los hijos de éstos mañana”. ¡Cuánta razón tenía! Nuestra fronda política no se renueva: son los mismos apellidos repetidos a través del tiempo: Frei; Allende, Alessandri, Coloma, Zaldívar, Latorre, etcétera. Fueron sus padres, hoy sus hijos y mañana, sus nietos, quienes gobiernan. No cabe nadie más. Algunos dirán, son personas de auténtica y genuina vocación por el servicio público; quizá sea así, y si no…

Bueno, y qué dice de aquellas familias que ocupan transversalmente el espectro político nacional: los Piñera, los Coloma, los Latorre, los Walker, los Chadwicks y otros. Lo feo e impresentable, no está en el hecho que aquellos tengan posturas políticas divergentes, sino en que éstos alcanzan puestos de relevancia en veredas distintas. Dicho de otro modo, tales familias están siempre “capicúa”. Alguien de los suyos, estará sí o sí en las esferas del poder. Sólo un ejemplo; mientras don Juan Antonio Coloma, oficia de presidente de la UDI, su hermano Pablo, del PPD, era el Director del FOSIS desde el gobierno de la doctora Bachelet. Inteligente ¿no? No hay nada de irregular o ilegal, pero… “La mujer del César no sólo debe ser honesta, sino que además parecerlo”. Entonces, si usted cree que algún día, uno de sus retoños podría ser un político nacional de fuste; vaya paulatinamente desechando tal idea, pues por los siguientes veinticinco años, no hay espacio para nadie más, a no ser, claro está, que convenga a estas familias el ingreso de alguien que ayude a sus “altos, desinteresados y altruistas” propósitos.

Hace un tiempo atrás, nuestra Iglesia Católica anunció la iniciativa de pedir al gobierno indultos con motivo del Bicentenario. Transversalmente, el mundo político, con reservas, no se opuso, pues el prurito de dar beneficios a los presos políticos militares siempre está presente. Hoy, como la misma Iglesia, por las razones dolorosamente conocidas está un tanto alicaída, la idea de los indultos ha perdido fuerza. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Vaya usted a saber. Pero lo que subyace, es que en nuestro Chile querido, no se valora la calidad de las ideas, sino la de quien las presenta. Si aquél se desgracia, caen estrepitosamente las ideas. Curioso.

Y todas estas cosas suceden a diario. Nadie dice nada, porque mientras no le afecte su metro cuadrado, a nadie le importa nada. Así es como la nepótica fronda política chilena ha ganado sus espacios en la historia nacional.

Mientras tanto, acordándome de las proféticas palabras de mi abuelo en Quillota, les digo a mis nietos, que más vale estudiar para llegar a ser buenos profesionales o técnicos, sin inmiscuirse en la política, pues por apellidos nunca llegarán allí a ninguna parte y sepan, además, darle importancia a la calidad de la carta y no a la del cartero.

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