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Alvaro Puga

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Vergüenza y asombro son los primeros sentimientos que vinieron a nuestro encuentro cuando nos enteramos que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior había “conseguido” finalmente que se citara a declarar en el proceso por la muerte de Víctor Jara, ni más ni menos que al Subsecretario de Defensa, General ( R ) Oscar Izurieta Ferrer. Vergüenza , al confirmarse el tremendo desaguisado del Ministerio del Interior, que ahora aparece persiguiendo judicialmente a uno de los más selectos integrantes del gabinete, gracias a la encomiable diligencia de uno de los abogados de una oficina de su dependencia y con una jefa designada por el régimen que ni siquiera se enteró de ello. Asombro, ante la inesperada falta de control del gobierno sobre los actos de sus subordinados, permitiendo que desde sus propias filas se atente contra la imagen de un Presidente que ha puesto su empeño en seleccionar al mejor equipo.

Ambos sentimientos se enmarcan en un cuadro de confusión generalizada que ronda entre los partidarios del gobierno, al no conseguir comprender la porfiada demora en designar a los ocupantes de los cargos que configuran el ejercicio del poder político para la conducción del estado. Más aún, cuando después de dos meses, las nuevas autoridades insisten en compartir dicho poder con conspicuos agentes del antiguo régimen, quienes pueden ejercitar libremente su acción de “quinta columna”, para minar paso a paso la imagen de un cambio que no llega.

En pocas palabras, la operación política montada en los días finales del gobierno anterior obtiene hasta ahora una clara victoria sobre los nuevos ocupantes de La Moneda, sumando la actuación soterrada de los infiltrados en la administración pública a un coro de voces agoreras que denuncian “despidos injustificados” o “por razones políticas”, mientras claman por los derechos de prístinos y eficientes trabajadores fiscales, aún cuando se trate muchas veces de simples y vulgares operadores políticos, sin otra justificación para seguir en sus cargos que la inmoral extensión de su contrato, realizada pocos días antes de entregar el gobierno.

Los gritos son tan fuertes como sincronizados en tiempo y espacio, consiguiendo apabullar cualquier asomo de reacción en las flamantes autoridades, cuya formación ética y moral les coarta las posibilidades de imponer su voluntad, haciéndolos retroceder cada vez que hay riesgo de ser acusados de cometer algo injusto o indebido.

Es pintoresco ver que justamente quienes han amparado o participado en los actos de mayor inmoralidad hoy rasgan vestiduras y acusan a ministros, subsecretarios e intendentes de estar “abusando del poder” o “desarrollando campañas de persecución política” sobre inocentes funcionarios. En un gesto de descaro increíble, connotados sinvergüenzas hoy abogan por la “ética” y la “probidad”, olvidando la corrupción en que nadaban hace apenas unos meses.

No es posible que la calidad profesional de las nuevas autoridades sea debilitada por rasgos de ingenuidad que facilitan la acción disociadora de sus adversarios políticos, al auto-restringirse para llevar a cabo la renovación de cargos a que tiene derecho cualquier gobierno, en cualquier país del mundo, sin necesidad de pedir la anuencia de nadie y menos de sus opositores, a quienes por algo derrotaron limpiamente en la urnas.

El ejemplo de la citación a Izurieta demuestra como un organismo ajeno a los intereses del gobierno actual, creado en 1997 para continuar la investigación sobre la ubicación de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, como también las circunstancias de su desaparición o muerte y con vigencia sólo por un año, ha sobre-extendido ilegalmente su funcionamiento,

transformándose en una suerte de fiscalía especializada en la persecución de militares, imponiendo su agenda aún a costa de crear problemas mayúsculos al gobierno de quien supuestamente depende. Así estuvo a punto de conseguirlo cuando su jefa insistió vehementemente en reabrir el caso Soria, so pena que se le viniera encima una avalancha de reapertura de casos completamente cerrados y ejecutoriados. Así ocurre hoy, cuando llevan ante la justicia a un Subsecretario de la misma administración. ¿Quién podría encontrar una explicación racional para que ello ocurra en el gobierno actual?

Para quienes votaron por la Alianza no es grato observar como la opinión pública comienza a criticar a un gobierno que – habiendo manejado en forma impecable la reacción ante el terremoto – duda en ocupar los espacios de poder que legítimamente le corresponden, sometiéndose a los reclamos de una oposición derrotada en todos los frentes y con graves problemas internos. En vez de aprovechar la oportunidad estratégica ofrecida por la debilidad de su adversario, el gobierno pareciera estar esperando que éste se fortalezca.

La reconocida fragilidad del apoyo ciudadano debiera llamar la atención del gobernante hacia el resultado de las primeras encuestas, donde comienza a hacerse evidente un prematuro grado de desencanto. ¿Podrá éste ser solamente atribuible a los problemas relacionados con el terremoto o tendrá elementos referidos a la falta de ejercicio de la autoridad?

Hay sin embargo un sector de la sociedad que no resultó sorprendido con la actuación del abogado del Ministerio del Interior. Se trata de la Familia Militar, quien ha sufrido por años la más injusta persecución política, sostenida por quienes no desean que el pasado siga su rumbo natural hacia el olvido y buscan mantener los beneficios y prebendas conseguidas al amparo de su condición de “víctimas de violaciones a los derechos humanos”.

Así, mientras los terroristas o delincuentes subversivos del ayer gozan de la amnistía, prescripción y toda clase de beneficios, los uniformados siguen encarcelados o perseguidos en interminables procesos judiciales, donde se les aplica una forma de justicia exclusiva, muy distinta a la del resto de los chilenos. Por si fuera poco, mientras los militares condenados por hechos ocurridos hace más de 30 años jamás han sido acusados de volver a presentar conductas reprochables, la sociedad conoce cada cierto tiempo de casos de terroristas amnistiados o indultados que han seguido involucrados en el mundo criminal, tanto en Chile como en el extranjero, habiendo concitado a pesar de ello, la compasión y simpatía de los gobiernos de la concertación.

En el proceso eleccionario recién pasado, la familia militar, al igual que la mayor parte de la población, optó por un camino que ofrecía la posibilidad de terminar de una vez por todas con las odiosidades del pasado, confiando en lo ofrecido por el candidato vencedor. Lamentablemente, hoy debe ver con tristeza que el cambio parece quedarse solo en un sueño.

Ojala el gobierno de la Alianza, deje de lado el temor a producir el cambio que ofreció y que lo llevó a triunfar, asumiendo que es mejor dejar que los perros ladren a seguir durmiendo con el enemigo.

Patricio Quilhot P.

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Organismo estableció criterio a nivel nacional ante consulta realizada por municipalidad de Villarrica.

IVÁN FREDES

TEMUCO.- La Contraloría dictaminó que las municipalidades están facultadas para izar banderas indígenas en sus reparticiones junto con el pabellón nacional. La decisión se tomó en respuesta a una consulta efectuada por la municipalidad de Villarrica, pero fija un criterio a nivel nacional.

El documento explica que “la municipalidad de Villarrica está facultada para autorizar el izamiento de la bandera o escudo del pueblo mapuche, junto a la bandera nacional, en las reparticiones municipales de su dependencia” y precisa que es “en el entendido que cumpla la exigencia de satisfacer una expresión cultural, educativa o artística de la referida etnia”.

La resolución tiene jurisprudencia nacional y puede ser solicitada por los nueve pueblos originarios reconocidos en la Ley Indígena, según explicó el contralor de La Araucanía, Hernán Hernández.

El organismo fiscalizador zanjó la polémica generada en 2009, cuando el alcalde de esa comuna, Pablo Astete, rechazó la solicitud del Consejo Mapuche Mallelafquén para izar una bandera mapuche, junto con el emblema nacional, el día en que comenzó a regir el Convenio 169 de la OIT.

La Contraloría fundó su resolución en la autonomía municipal para establecer ordenanzas de participación de la comunidad local, en la Ley Indígena que promueve el fomento y desarrollo de los indígenas y en el Convenio 169, que protege a los pueblos originarios.

El edil Astete, quien solicitó el pronunciamiento, anticipó su voluntad de izar el pabellón mapuche en el frontis municipal. “El problema ahora es saber cuál es la bandera mapuche más representativa”. El dirigente Marcial Colil, quien inició la polémica en 2009, calificó de “espectacular” el dictamen. “Prueba que la petición estaba fundada en derecho. Nuestra bandera es la diseñada en 1991 por el Consejo de Todas las Tierras”. El director del Instituto de Estudios Indígenas de la U. de la Frontera, Alejandro Herrera, se mostró partidario del dictamen y que a la hora de la elección de la bandera deben primar el uso y tradición del emblema.

692.192
los indígenas en Chile, según el resultado del censo aplicado en el año 2002.

87,3%
corresponde a la población mapuche, le sigue el pueblo aimara con el 7,8% del total indígena.

Nueve etnias según la Ley Indígena: Mapuche, Aimara, Atacameña, Rapa Nui, Colla, Quechua, Alacalufe, Yámana y Diaguita.

Sergio Villalobos: “Me parece una cosa indignante y una barbaridad histórica”

“Desde el punto de vista jurídico no sé bien cuál es la situación. Pero desde la perspectiva histórica me parece una barbaridad”, afirmó ayer el Premio Nacional de Historia Sergio Villalobos, respecto del dictamen.

“Chile es un Estado unitario, republicano, democrático y representativo. Así lo dice la Constitución. Y que se estén introduciendo estas divisiones no me parece que está dentro de la tendencia histórica. Tampoco de la manera de ser del pueblo chileno. Lo que cabe es que haya una sola ley, una sola determinación, una sola bandera. Históricamente, me parece una barbaridad, una cosa indignante. Algo que no cabe en la ruta histórica del país”, afirmó.

El investigador mapuche Juan Ñanculef recordó que la bandera mapuche conocida es de apenas 20 años. “Los mapuches tienen sus banderas, pero son de carácter espiritual y no político o ideológico. Se usan en los “nguillatunes”, como elementos para buscar el equilibrio cósmico en las rogativas”, aclaró.

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El entorno de los delincuentes representa en Chile una votación de entre 300 mil y 600 mil votos. Resulta obvio que desde 1990 adelante ese entorno ha votado por las opciones presidenciales que han estimado favorecerles más.

Desde la presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) la coalición entonces gobernante fue asegurándose cada vez más la adhesión del entorno delincuencial, partiendo con la reforma procesal penal absurdamente garantista para los delincuentes, para llegar bajo el mandato de Michelle Bachelet a otra situación extremada, como la construcción de las mejores cárceles de Latinoamérica, con un costo para el estado superior a 500 mil pesos mensuales por cada preso, para alojar a  aquellos que resultara ya imposible dejar en libertad.

La lealtad política de la delincuencia con los gobiernos concertacionistas queda en evidencia al considerar que ni Frei, Lagos o Bachelet habrían podido alcanzar la Presidencia de la República sin esa votación, porque los tres triunfaron por menos votos que los del entorno delincuencial.

Hay otro sector de nuestra sociedad, cuyo entorno también representa entre 300 mil y 600 mil votos. Me refiero a la que ha dado en llamarse la familia militar, que en su mayoría votó anteriormente en blanco por hacérseles insuperable el rechazo íntimo a entregar su voto a candidatos socialistas o asociados suyos. Ese entorno votó mayoritariamente en la última elección presidencial por Sebastián Piñera, haciéndolo Presidente de Chile por una diferencia de sufragios muy inferior al número de los correspondientes al entorno militar, y lo hizo así confiando en el honor y la palabra empeñada por el actual Jefe del Estado, quien se comprometió a resolver de una vez por todas el problema de los militares presos injustamente, por cumplir sus deberes militares y órdenes superiores en la situación de excepción y convulsión interna de 30 años atrás, y por jueces afines al socialismo y asociados, que –tratándose de militares- han dejado caprichosamente sin aplicación la legislación chilena mientras han aplicado doctrinas extranjeras y acuerdos internacional no ratificados por nuestro país o bien retroactivamente a su ratificación, cosa categóricamente inconstitucional.

El Presidente Piñera puede perfectamente cumplir su palabra empeñada otorgando el indulto presidencial a todos los uniformados condenados, y solicitando al Poder Judicial, respecto de los procesos pendientes  -y sin meterse en los fallos que corresponda a los jueces dictar-  que disponga la aplicación a todos los chilenos, sin excepciones, de la legislación de la república y se abstenga de aplicar en los procesos acuerdos internacionales no ratificados por Chile en la forma señalada por la constitución, o con efecto retroactivo en el caso de aquellos que hubieren sido ratificados.

Para tener la certeza de que al actuar así lo hace cumpliendo el deseo de la gran mayoría ciudadana, le sugiero implementar oficialmente una consulta nacional aunque no sea vinculante, acerca de si quiere el pueblo un punto final o quiere proseguir las persecuciones a militares sobrevivientes del rescate armado de hace 30 años de nuestra nación del castro-comunismo, con  anterioridad incluso al colapso soviético y a la caída del muro de Berlín. Yo ya hice dicha encuesta mediante un sistema propio simplificado, pero bastante efectivo, y me arrojó algo más de un 65% a favor de dar vuelta la hoja.

Pero honre su palabra, señor Piñera, y cuanto antes mejor. No vaya a ser que por no hacerlo, aborte usted la posibilidad del próximo período presidencial en su sector y caigamos nuevamente en el socialismo, aunque vestido esta vez con las ropas del joven MEO. Es duro para un militar votar en blanco, pero es inaceptable despojarse del honor.

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Por Verónica Larraín B.

Habiendo llegado a mis manos una muy interesante entrevista efectuada en Enero de 1987 por el personero de El Mercurio, don Pablo Illanes, al entonces fundador y líder de la UDI, asesinado por terroristas del FMR el 1º de Abril de 1991, Jaime Guzmán Errázuriz (Q.E.P.D.), cuyo contenido fue reproducido por el citado medio periodístico, he estimado importante reproducir parte de ella, al menos, para conocer el pensamiento del líder de la UDI, respecto de esta materia.

A continuación se consigna el texto de parte de esa entrevista, que por su extensión, no es factible reproducir en forma completa.

Juan Pablo Illanes:

El texto de la Constitución, no cabe duda, protege bien los derechos de las personas. No obstante, llama la atención que a este Gobierno se le formulan graves acusaciones en relación con el respeto a los DD.HH. Se le acusa de desapariciones, se indica que ha habido ejecuciones sumarias, aparentemente irregulares. Hay una serie de acusaciones de esta naturaleza, que pueden traer secuelas sociales muy graves y que, a juicio de muchos, constituyen un germen de inestabilidad futura. Me gustaría preguntarte a ti, que estuviste participando en el gobierno desde el comienzo, tu opinión sobre estas acusaciones.

Jaime Guzmán:

Yo creo que eso nos lleva a un tema delicado e importante, que debe ser tratado de la manera más seria y franca posible. Creo, desde luego, que no se refiere básicamente a la consagración constitucional de los derechos, porque en general las transgresiones a los derechos humanos son actos que desbordan la legalidad y que por cualquier causa no son aclarados debidamente para su sanción correspondiente. Por eso no se trata principalmente de un problema de orden jurídico sino de un problema de orden práctico.

Creo que cualquier enfoque serio del tema de los DD.HH. durante este régimen debe partir de una realidad que enmarca el análisis. Esa realidad es que el actual régimen accedió al poder en medio de un cuadro objetivo de guerra civil, al cual el país había sido arrastrado deliberadamente por el gobierno anterior. Este hecho reviste la máxima importancia, porque la realidad histórica enseña que no hay situaciones objetivas de guerra civil que no acarreen muy dolorosos y graves hechos de violencia, de muertes y de transgresiones a los derechos de las personas. El primer problema que, por tanto, hay que dilucidar, es cuánta responsabilidad y cuan grave responsabilidad tiene el gobierno de la Unidad Popular en muchos de los hechos que debieron sufrir sus propios jerarcas, como consecuencia del cuadro de guerra civil que ellos provocaron.

Por esta razón, no puedo aceptar, en conciencia y después de haber reflexionado durante trece años, que los dirigentes y partidarios del régimen de la UP pretendan enfocar este problema unilateralmente, colocándose en la calidad de víctimas y acusando al Gobierno militar de victimario. Me parece que eso es una falsedad y una osadía moral inaceptable, quizá sólo explicable – en ciertos casos – por la falta de objetividad que pueden producirse en el ser humano las situaciones de muy grave dolor.

Producido el 11 de Septiembre 1973, se desencadena una serie de hechos que son consecuencia inevitable del cuadro de guerra civil generado por la UP. Esto no quiere decir que sean hechos justificables, pero sí indica que la responsabilidad de su ocurrencia recae en mucho mayor medida en quienes hicieron necesaria la intervención militar con esa guerra civil que incentivaron, que en quienes se vieron en la obligación, completamente ajena a su voluntad, de conjurarla. Porque está claro que el advenimiento del Gobierno Militar no fue algo que las FF.AA. y Carabineros buscaran.

Con el correr del tiempo, empiezan a yuxtaponerse dos realidades. Por un lado, la que acabo de señalar. Por el otro, la dinámica peligrosísima que tienden a adquirir los organismos de seguridad en los gobiernos autoritarios. Es allí dónde pasamos a un área distinta de realidades, en que de excesos inevitables se pasa a excesos evitables, y por ende condenables respecto de la autoridad que los llevaba a cabo. Quiero subrayar cómo estas dos realidades se yuxtaponen, para hacerles vislumbrar lo difícil que era superar adecuadamente este problema. Naturalmente que  el tema habría sido muy simple  de abordar si uno parte de la base que no se requería un Gobierno Militar, o que el Gobierno Militar llegó en condiciones diversas a una guerra civil. Pero si llegó en condiciones propias de una guerra civil y él fue indispensable para conjurarla, necesariamente estas dos realidades deben ser analizadas como elementos que confluyen en un cuadro muy complejo.

¿Dónde estaba, a mi juicio, la solución del problema? Precisamente en ir desmontando gradualmente la dinámica peligrosa que habían adquirido los servicios de seguridad, al excederse abusivamente en forma que era evitable, pero realizar eso sin restarle potencia a la esencial lucha antiterrorista.

Me parece indispensable, incluso señalar, en forma bastante categórica que hay dos maneras en que el estado puede violar los DD.HH.; una por acción y otra por omisión.

Cuando la autoridad no combate a la subversión o al terrorismo de una manera eficaz, no es acusada en ningún foro internacional de violar los DD.HH., pero los está violando por omisión porque a ella le corresponde evitar los atropellos a los derechos humanos que implica toda la acción terrorista y subversiva.

El problema, entonces, nace en que hay que armonizar la eficacia en la lucha antisubversiva y antiterrorista, que es la lucha exigida por los DD.HH., con el respeto a los parámetros éticos y legales que enmarquen esa lucha dentro de los criterios aceptables desde la dignidad del hombre que nos inspiran. Ese elemento permite apreciar el problema desde una dimensión seria, no simplificada ni panfletaria como desgraciadamente ha tendido a abordarse en chile. Estoy perfectamente consciente que decir estas cosas no es fácil ni es grato, porque se ha producido en amplios sectores del país una simplificación unilateral, emocional y superficial del tema. Digo esto además, porque personalmente desde los inicios de este Gobierno, el tema de los DD.HH. me preocupó muy intensamente. Me preocupó por una cuestión ética y por una cuestión de sensibilidad. Hay personas que son más o menos sensibles a estos temas, y yo lo soy mucho.

En esa época, dicha preocupación era estimada algo excéntrico y curioso por la enorme mayoría de los sectores civiles que apoyaban al Gobierno Militar y que miraban todas las inquietudes que yo planteaba como algo muy secundario o como un mero costo que había que asumir sin más.

Me interesa también subrayar en este tema que el caso chileno presenta una original y atinada solución jurídica y que fue una idea impulsada por Sergio Fernández, en 1978. Esa solución fue fijar una fecha determinada por ley, como término de las secuelas de la guerra civil.

Esa fecha es el 10 de marzo de 1978. La norma o fórmula que se buscó para eso fue la Ley de Amnistía, que borró los delitos cometidos en el período 73-78, por ambos bandos.

Cuando la Ley de Amnistía fue promulgada, la jerarquía de la Iglesia católica la celebró como una medida de conciliación, porque, de hecho, como producto de esa ley, salieron en libertad dirigentes o activistas de la UP que estaban condenados o procesados por delitos cometidos antes del 11 de Septiembre de 1973, o después de esa fecha, y por cierto que también la ley apuntaba a blanquear jurídicamente, que eso es la amnistía, los delitos que se hubieran cometido por los órganos de seguridad en la lucha contra las secuelas de la guerra civil, producidas entre los años 73 y 78.

La solución ya está dada. No hay sanción para los hechos ocurridos antes del 11 de marzo de 1978.

Juan Pablo Illanes:

Las omisiones y la continuación hasta hoy de los conflictos, ¿no crees tú que indican que el problema de los derechos humanos está muy lejos de haber sido superado?

Jaime Guzmán:

Hoy hay una víctima y un victimario, porque existe una permanente y sistemática acción de terrorismo y de subversión impulsada y ejecutada por el comunismo, que exige una lucha antisubversiva y antiterrorista en defensa de los derechos humanos afectados por el terrorismo y la subversión. Y también defensa de todos los chilenos en cuanto si lograra tener éxito una revolución que llevase al poder a un gobierno marxista, nuestros derechos humanos se verían conculcados en medida incomparablemente más grave que todo lo peor que haya sucedido en Chile desde 1973.

Por esa razón, lo que hay que propiciar tiene que ser realista y equilibrado. Hay que fortalecer la lucha antisubversiva y antiterrorista en términos que ella resulte eficaz, evitando caer en las consignas descalificatorias contra los organismos encargados de un combate que, hablando con sinceridad, tienen una rudeza que le es inherente e inseparable.

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Por Luis Montero V.

Chile junto con ser nuestro, es un hermoso país. Los parajes de Chile peninsular e insular son tan incomparables como maravillosos. Nuestra historia patria, folclor, cocina, entre otros aspectos que conforman nuestra nacionalidad, constituyen una verdadera e inagotable fuente de inspiración para poetas o cantores populares. Mas, también tenemos una peculiaridad que nos distingue, algo complicado que no nos permite crecer; unos dirán “chaqueteros”; otros, “jodidos”, “envidiosos”. Pero como se llame, tampoco hacemos nada por superarlo.

En efecto, suceden hechos que calan el alma nacional y nosotros impávidos. Nadie dice ni reclama nada. Es como si las cosas sucedieran en Marte o Júpiter. Para muestra, tres “botoncitos”:

Murió en la cárcel Paul Schäefer. Y, ¿qué tiene de particular dirá usted?. Bueno, allí está la cuestión. Resuena aún la parafernalia hecha a propósito de su captura en Argentina y posterior encarcelamiento en Chile? ¿Se acuerda todo lo que se dijo?: “En este país (o sea, el nuestro) las instituciones funcionan”, “nadie está por sobre la justicia”, “la justicia tarda pero llega”, “somos un país serio”. Palabras, sólo palabras. Definitivamente, en este caso, las instituciones no funcionaron. En primer término, Schäefer fue encontrado en Argentina por un equipo periodístico de Canal 13 y no por la policía chilena; segundo, pese a todo lo que se habló, aquél sólo tuvo dos sentencias de término cuyo monto fueron mínimas y que, de no haberse llamado Paul Schäefer, con seguridad, las habría cumplido con el régimen de libertad vigilada. ¿Y los procesos pendientes? ¿Qué pasa con las eventuales víctimas cuyos procesos no alcanzaron a ser fallados? Bien gracias. ¿Sabremos algún día la verdad acerca de lo que pasó y cómo llegó él a donde llegó? No, nunca. Desde esta tribuna se lo adelantamos enfáticamente. En Chile, mal que nos pese, la justicia es omnipotente. “Muerta la perra, se acaba la leva”. Terminado.

En mi Quillota natal, hace ya muchos años atrás, mi abuelo con su proverbial sabiduría, me decía: “fíjese niño en los políticos de hoy, porque usted tendrá que votar por los hijos de éstos mañana”. ¡Cuánta razón tenía! Nuestra fronda política no se renueva: son los mismos apellidos repetidos a través del tiempo: Frei; Allende, Alessandri, Coloma, Zaldívar, Latorre, etcétera. Fueron sus padres, hoy sus hijos y mañana, sus nietos, quienes gobiernan. No cabe nadie más. Algunos dirán, son personas de auténtica y genuina vocación por el servicio público; quizá sea así, y si no…

Bueno, y qué dice de aquellas familias que ocupan transversalmente el espectro político nacional: los Piñera, los Coloma, los Latorre, los Walker, los Chadwicks y otros. Lo feo e impresentable, no está en el hecho que aquellos tengan posturas políticas divergentes, sino en que éstos alcanzan puestos de relevancia en veredas distintas. Dicho de otro modo, tales familias están siempre “capicúa”. Alguien de los suyos, estará sí o sí en las esferas del poder. Sólo un ejemplo; mientras don Juan Antonio Coloma, oficia de presidente de la UDI, su hermano Pablo, del PPD, era el Director del FOSIS desde el gobierno de la doctora Bachelet. Inteligente ¿no? No hay nada de irregular o ilegal, pero… “La mujer del César no sólo debe ser honesta, sino que además parecerlo”. Entonces, si usted cree que algún día, uno de sus retoños podría ser un político nacional de fuste; vaya paulatinamente desechando tal idea, pues por los siguientes veinticinco años, no hay espacio para nadie más, a no ser, claro está, que convenga a estas familias el ingreso de alguien que ayude a sus “altos, desinteresados y altruistas” propósitos.

Hace un tiempo atrás, nuestra Iglesia Católica anunció la iniciativa de pedir al gobierno indultos con motivo del Bicentenario. Transversalmente, el mundo político, con reservas, no se opuso, pues el prurito de dar beneficios a los presos políticos militares siempre está presente. Hoy, como la misma Iglesia, por las razones dolorosamente conocidas está un tanto alicaída, la idea de los indultos ha perdido fuerza. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Vaya usted a saber. Pero lo que subyace, es que en nuestro Chile querido, no se valora la calidad de las ideas, sino la de quien las presenta. Si aquél se desgracia, caen estrepitosamente las ideas. Curioso.

Y todas estas cosas suceden a diario. Nadie dice nada, porque mientras no le afecte su metro cuadrado, a nadie le importa nada. Así es como la nepótica fronda política chilena ha ganado sus espacios en la historia nacional.

Mientras tanto, acordándome de las proféticas palabras de mi abuelo en Quillota, les digo a mis nietos, que más vale estudiar para llegar a ser buenos profesionales o técnicos, sin inmiscuirse en la política, pues por apellidos nunca llegarán allí a ninguna parte y sepan, además, darle importancia a la calidad de la carta y no a la del cartero.

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EL SOLDADO.

Por Vladimir Vaccaro Yob

El soldado existe desde que los seres humanos se agruparon para vivir en comunidad. Inicialmente, la función militar era temporal. Un mismo individuo debía cumplir varias funciones. Como miembro de una familia y según su edad, desempeñaría roles diferentes: de pequeño, cooperar en los quehaceres domésticos y cuidar a sus hermanos menores. A medida que crecía, debía acompañar a su padre en las actividades de recolector de alimentos o siembras, cuidado y regadío de ellas, cosechar lo sembrado a la vez que participar en la caza de animales para proveer de alimentos a la familia.

Como las familias se agruparon en clanes o tribus, que vivían y desarrollaban sus actividades en una zona determinada, era necesario defender ese espacio, en previsión de que otros grupos quisieran usufructuar de él. Así, inicialmente, las funciones de carácter militar no fueron de tiempo completo. En las comunidades mayores, el soldado permanente fue indispensable, para garantizar que la población desarrollara sus actividades, sin temor a perder sus posesiones y la propia vida. Así nació el soldado profesional. A la vez los otros hombres aptos para el trabajo, también debían enrolarse en los ejércitos, en caso que su ciudad-estado, o luego, la nación, así lo requiriese, ya sea para defender el propio territorio o para conquistar otros, que el jefe político hubiera determinado. Los soldados profesionales se transformaron en mercenarios, que por una “soldada”, que significa sueldo y de allí deriva la palabra soldado, arrendaban sus servicios a quien mejor se los retribuyera.

A medida que las agrupaciones humanas se desarrollaron y se transformaron en naciones, hubo necesidad de contar con fuerzas militares permanentes, motivo esto también, por el desarrollo de las armas y la complejidad que requería la conducción de tropas cada vez mayores, para la guerra, a la vez que el empleo de ellas requería conocimientos especializados para obtener un mejor desempeño. Así nacieron los ejércitos profesionales.

La principal característica de los ejércitos, sobre la que está montada toda su estructura y su efectividad, es la disciplina. Si bien el término disciplina es común a muchos ámbitos de actividades humanas, la disciplina de los ejércitos, o disciplina militar, es la base fundamental en que descansa la efectividad de su quehacer. Por ello se inculca desde el primer día de la vida de un soldado y de ella, deriva la solidez de un ejército.

La disciplina y la milicia son una misma cosa. Es natural que así sea, ya que la milicia es la única actividad humana en que se exige, no sólo arriesgar, sino que dar la vida, en cumplimiento de una misión u orden. No es concebible por lo tanto, que algún militar pudiere negarse o esgrimiere pretextos, para no obedecer la orden de un superior.

Estas consideraciones, no son atendidas en los tribunales de justicia, cuando se juzga el desempeño de personal militar en misiones que tuvieron como resultado, la muerte de personas, ya sea por enfrentamiento armado o por fusilamiento de prisioneros, dispuestos por mandos superiores. La normativa militar, es que el superior que dicta la orden es el responsable de la ejecución de ella y no quienes la transmiten o la materializan. A la vez. Las órdenes pueden ser escritas o verbales y deben cumplirse con igual eficiencia y prontitud. El subordinado no tiene derecho a conocer los motivos de una orden, sólo le cabe cumplirla.

A esta situación, se vieron enfrentados los uniformados que hoy cumplen condenas en cárceles o se encuentran por las denominadas violaciones a los DD.HH., materia que por lo demás, no se encontraba en el currículum de ningún instituto de formación militar, hasta hace pocos años.

Es curioso, por decir lo menos, que la normativa de los DD.HH., exija su cumplimiento sólo a los uniformados y no a los terrorista a quienes combatieron, De acuerdo a ello, en esa lucha tan especial, como es el combate entre soldados y terroristas, la lucha antisubversiva y antiterrorista, sólo a una parte se le sigue respetar tales derechos y a la otra se le deja exenta de ello. Es como si en un encuentro boxeril, sólo uno de los contrincantes debiera cumplir las reglas que lo rigen y el otro quedara liberado de ellas. ¿Sería esto acaso justo? Evidentemente, la respuesta es no.

Sin embargo, esto es lo que está ocurriendo  hasta el día de hoy, en los denominados “proceso de derechos humanos”. Se juzga la actuación de un solo bando. El otro, aunque haya asesinado a mansalva a carabineros, militares y población civil, está exento de rendir cuentas de sus criminales actuaciones. Más aún, a los terroristas se les aplicó la ley de amnistía, teóricamente hoy aún vigente, pero no se aplica a los uniformados. ¿Es esto acaso justo? Obviamente no. Lo que realmente sucede al respecto, digámoslo francamente de una vez, es la consumación de la venganza, del bando que fue derrotado en la lucha antisubversiva, venganza que es llevada a cabo, a mi juicio, a través de una cáfila de jueces prevaricadores, de ideología marxista que, a través de absurdas truculencias legaloides, opuestas al estricto derecho, sirven de verdugos al servicio de quienes querían imponer una dictadura comunista en Chile. Evidentemente, no a todos los jueces cabe considerarlos así. Existen claras excepciones, pero son escasísimas.

Es hora ya, que se ponga término total y definitivo, a la injusticia que se comete contra los uniformados que combatieron el terrorismo y se reivindique a los soldados de Chile, servidores de la nación “hasta rendir la vida si fuere necesario”, como lo prueban los cientos de soldados y carabineros que cayeron combatiendo en cumplimiento de su sagrado juramento.

¿Hay acaso otra profesión, además de la del soldado, que exija “rendir la vida si fuera necesario”?

Sólo hay dos: la milicia y el sacerdocio, que sirven a los dos más nobles principios a los que puede aspirar a servir un ser humano: la Patria y Dios.

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Por Eric Villena D.

Eduardo Frei le decía en privado a sus amigos:

-¡Qué simpática la “gordi”, le pidió a sus electores que votaran por mí y nadie le dio boleto y el resultado fue desastroso!

Así fue y se produjo el desalojo. La Concertación terminó su periplo de 4 gobiernos y la Señora, o Señorita Bachelet, se fue de La Moneda. De acuerdo a la encuesta más reciente, lo habría hecho con un 84% de adhesión a su gobierno. ¿Será posible esa cifra de devoción ciudadana? Si gobernaba tan bien, ¿por qué no hubo un 5º gobierno de la Concertación?  ¿Dónde se harán  esas encuesta? Dicen que es una muestra telefónica realizada después del terremoto y ¿quiénes habrán tenido operacionales sus celulares? Es obvio que ningún damnificado de las Regiones siniestradas. Y si hubieran tenido comunicación, ¿qué piensan  de la gestión y eficiencia gubernativa en esta emergencia? ¿Podrán ser adherentes de una Presidenta que comunicó que “no había tsunami, que eran sólo marejadas”? Qué se demoró 36 horas en disponer que salieran las FF.AA. y de Orden a normalizar la situación. Lo más grave, es que trascendió que no dispuso el empleo oportuno de los militares en la emergencia, porque le podía bajar su popularidad en las encuestas. Y con su habitual sonrisa, viajando sola, porque sus Ministros de Estado se hicieron humo, estuvo muy solícita en las localidades y caletas en ruinas, y con su calidez característica, participó en las ollas comunes, se comió una empanada que le convidaron los sobrevivientes de la catástrofe, aquellos que no la escucharon cuando en la ONEMI afirmó que “no había alerta de tsunami, que eran sólo marejadas”. ¡Es innegable que la “gordi” es simpática, pero es un monumento a la ineficiencia, a la ineptitud!

Hace algunos años atrás, Ricardo Lagos, cuando era Presidente, dijo:

–       A esa gordita simpática, que como candidata a Concejal por Las Condes sacó sólo el voto de su mamá, la pondré de Ministra de Salud, para que me solucione las colas en los consultorios.

Después que fracasó en ese cometido, la nombró Ministro de Defensa, cartera en que todo está hecho y en forma eficiente, por lo que su presencia era decorativa y solamente fue requerida para subirse a un carro militar blindado que la catapultó a La Moneda. En consecuencia, Lagos es el culpable de haber encumbrado a una política desconocida e incompetente, transformándola en conocida. ¡Qué simpática la “gordi”!

Y ella siguió siendo una figura decorativa, una distorsión intencional, de reingeniería, de carencias inadvertidas, en que expertos en marketing la han pauteado en estos años. Hemos sido testigos, durante 4 años, de un truco publicitario que ha intentado –hasta hoy exitosamente, según Adimark- de hacerla aparentar capacidades que no tiene, en un engaño colectivo, que ha embaucado a los más cándidos, a lo menos inteligentes.

Hay que ser muy estúpido para adherir a Bachelet y movilizarse diariamente en el Transantiago. ¿Cómo no pueden percibir el costo económico en millones de dólares para mantener un tozudo “proyecto estrella”? Según ella, tuvo “la intuición” de abortarlo, pero en definitiva desconoció los informes que tenía en su escritorio, que le hacían ver la inconveniencia de disponer su puesta en marcha. No lo hizo y de un plumazo se sacaron los buses amarillos, esos que llegaban a todas partes, con mayor rapidez y dejando beneficios económicos a nuestras arcas fiscales. Se olvidan de la triste participación de Bam Bam Zamorano, ofreciéndonos la panacea del Transantiago. ¡Qué simpática es la “gordi”!

Son curiosos los errores de esta Señora o Señorita, ya que ella es una persona instruida por la Stasi, discípula de Erich Honecker, preparada militarmente por la República “Democrática” Alemana en la lucha armada con la que intentaban derrocar al Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden e implantar su dictadura marxista en nuestro país. Jorge Dávalos, según la propia Stasi, afirmó que el partido socialista chileno financió su capacitación “(…)en manejo de armas explosivas y pistolas(…)”. Estamos refiriéndonos al primer cónyuge de Bachelet y padre de sus dos hijos mayores. Lo que es lapidario para Bachelet, en su militancia subversiva, quedó claramente puntualizado el jueves 16 de abril de 2003 cuando en una conferencia de prensa, representantes del Frente Manuel Rodríguez con el rostro encapuchado y a través de su vocero César Quiroz, señalaron que doña Michelle Bachelet “no debe avergonzarse de su pasado como miembro del Frente”. Además agregaron que, “hay varios frentistas en cargos públicos y Embajadas”. A la fecha, Bachelet jamás desmintió esta denuncia.



El día del atentado al Presidente Augusto Pinochet, en que se asesinó a 5 de sus escoltas y se dejó a 12 de ellos lisiados, la señorita Bachelet convivía con Alex Vojkovic, nombre de combate “Jorge Salas”, miembro de la Dirección Nacional del grupo terrorista que actuó ese día, en ese intento de magnicidio.

¿Se puede dormir con un alto terrorista de ese Movimiento  y no saber nada de lo que estaba haciendo, de lo que estaba ocurriendo?

La respuesta es no, y es más, la ex Presidenta, en esa ocasión,  tenía como misión y en su calidad de médico, de socorrer profesionalmente a los terroristas que pudieran salir heridos de ese alevoso atentado. ¡Simpática la “gordi”, pero terrorista!

Es una desvergüenza la cuña con respecto a la muerte de su padre a quien quiere hacer aparecer como víctima de los DD.HH. en circunstancias que el General Alberto Bachelet Martínez, sufría de problemas al corazón, había tenido un infarto con anterioridad al Pronunciamiento Militar de 1973 y, cuando falleció, se encontraba en la Cárcel Pública, a cargo de personal de Gendarmería. Su deceso se produjo después de un partido de básquetbol en que él participó y que curiosamente siempre se omite. Su muerte por un infarto cardíaco, no se produjo a consecuencia de torturas, como ella lo ha mencionado reiteradamente. A lo anterior, agrega que estuvo detenida en la Villa Grimaldi en compañía de su madre, lo que es también un repetido engaño, que usó preferentemente en tribunas internacionales en las que quiso aparecer como víctima y adalid de los DD.HH. El lugar donde estuvo retenida junto a su madre y donde nunca se le torturó, fue en la Academia de Guerra de la FACH, teniendo presente que su padre, el General, estaba siendo procesado por un Consejo de Guerra que determinó la infiltración subversiva de grupos terroristas en la Fuerza Aérea.

¡Mentirosita la “gordita”!

¿Se acuerdan las promesas que le hizo al país cuando era candidata a la presidencia? ¿Las 36 medidas para sus primeros 100 días de gobierno? ¿Ministerio de Seguridad Pública? ¿Ministro del medio ambiente? ¿Programa de servicio ciudadano alternativo al servicio militar obligatorio? ¿Reemplazo del sistema binominal? ¿Registro electoral automático para los mayores de 18 años? ¿Garantizar que el Estado pague a sus proveedores en 30 días?

¡Mentirosita la “gordita”!

Fue una desvergüenza cuando Bachelet explicó sus coincidencias con su Santidad Benedicto XVI y concretamente en los conceptos morales de lo que significa la familia. Lamentablemente para ella, no le es posible dar pauta en un tema tan delicado como la familia, en que presenta mucha fragilidad ya que no tiene la integridad y buen ejemplo para ello; con el dechado púdico de moral de la agitada vida íntima que se le conoce, no puede realizar las afirmaciones públicas que le escuchamos a la salida de la audiencia que le diera Su Santidad en el Vaticano. Es de mucho descaro que no se le mueva un músculo de su cara para aparecer a la misma altura del representante de Dios en la tierra, hablando de la familia.

¿Alguien creyó que conversó con él de su iniciativa en Chile sobre la píldora del día después?  Mientras se realizaba esa audiencia, su Gobierno estaba multando a las cadenas de farmacias que no tuvieran en stock esta píldora abortiva. ¿Le habló de la onerosa campaña de su Gobierno para el uso de condones? ¿Le contó que en Chile todos los terroristas están en sus casas indultados, mientras su contraparte, los militares, que tuvieron la orden de combatir el terrorismo, continúan paseándose en los Tribunales, procesados o condenados en las Cárceles Cordillera y Punta Peuco?

¿Se atrevió a hablarle de la reconciliación, de la unidad entre los chilenos, del reencuentro de la civilidad con sus FF.AA.?

Pero ella se las arregló para reunirse en dos ocasiones con Su Santidad en el Vaticano, incluso acompañada por una sus hijas. Más de alguien puede creer que es católica y de hecho en misas oficiales, en el momento de la Eucaristía en que se da la Paz, muy sonriente llega hasta la puerta repartiendo abrazos y sólo se le escapan los cuidadores de autos de la salida. Pero que la Gordi no nos engañe. Ella es agnóstica, se siente inaccesible para entender y creer en lo divino. Los marxistas nunca han sido cristianos.

Como nuestro querido Chile está en una crisis de valores, con una educación desastrosa en toda una generación, postergada la espiritualidad y culturalmente imbuidos en el “Santiago a mil”, con una gigante contratada a firmas extranjeras, que paralizaron el tránsito durante 3 días en las principales cuadras del centro de Santiago y todos empapados en la farándula, los escándalos de los promocionados reality, o de las infidelidades de las esposas de los futbolistas, los medios de comunicación recogen en sus portadas esas vendedoras noticias, tan superficiales y banales. Y eso, La Moneda lo aprovechaba muy bien y libreteaban  a la señorita Bachelet programándola para lanzar su zapato al viento en un “fino” puntapié inicial, que es parte importante de los porcentajes que la hacen tan querida de las multitudes, conglomeraciones livianas que nunca se detendrán a analizar su capacidad de gestión y eficiencia como gobernante, pero sí el estilo con que lanzó su chala al aire. ¡La “gordi” atea, logró hacer comulgar con ruedas de carreta a muchos cándidos e inocentes compatriotas!

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El flamante diputado por la gracia, no de Dios, sino por la Democracia Cristiana que pactó con el Partido Comunista, lo que permitió que fuera elegido como tal el Sr. Hugo Gutiérrez, se ha permitido dar a los chilenos, en una columna del diario La Tercera del 14 de Abril del presente año, una lección de moral y política, no obstante su obsecuencia con la doctrina y la práctica comunista.

Manifiesta este defensor del marxismo leninismo, que el recientemente nombrado Director de Gendarmería, General de Carabineros (R) Sr. Iván Andrusco, no califica para tal designación, por haber pertenecido al servicio de inteligencia de la policía uniformada chilena, lo que lo hace “carecer de idoneidad moral para ser la más alta autoridad de una repartición pública”,  no obstante que no ha sido enjuiciado jamás y menos aún, condenado por motivo alguno.

El Sr. Gutiérrez, poseedor de esa “maravillosa” cualidad comunista, de dejar de lado el nefasto pasado de sus camaradas nacionales y extranjeros, pretende darnos una lección de moral, a quienes, seguramente, estima ignorantes absolutos de la sangrienta historia de su partido, tanto en Chile como en el mundo, pretendiendo erigirse en el líder defensor de los derechos humanos a nivel mundial.

Sr. Gutiérrez, gente que pensaba como usted, asesinó a cien millones de personas entre 1917, inicio de la Revolución Rusa y 1991, fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En estos cien millones de víctimas, no se cuentan otras decenas de millones que eliminó el chino comunista Mao Tse Tung y sus continuadores en el continente asiático.

El 13 de Abril pasado, un día antes de la publicación de su artículo de prensa, se conmemoró el septuagésimo aniversario de la masacre de Katyn, cuando Stalin hizo asesinar a 20.000 oficiales del ejército polaco, que se encontraban prisioneros de los soviéticos, en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se olvidó también de los diez millones de campesinos rusos asesinados por Stalin, los Kulaks (pequeños propietarios agrícolas) para lograr la colectivización de la tierra? ¿Se olvidó Sr. Gutiérrez del archipiélago de Gulag, en Siberia, donde el mismo tirano, Stalin, asesinó a otros diez millones? ¿Ha leído alguna vez, los textos en que se habla en detalle sobre estas masacres, del autor ruso que los conoció en persona, Alexander Solzhenitsyn? ¿Qué opinión tiene de la Tcheka, NKVD, GPU y KGB, los servicios de seguridad comunistas, con sede en la Avenida Lubianka de Moscú? ¿Y de las tiranías y tiranos asesinos en los países en que el estúpido Roosvelt le entregó en bandeja en la Conferencia de Yalta y de Potsdam, al término de la citada guerra, donde murieron millones de inocentes para instaurar los gobiernos títeres de Moscú bajo la bandera roja? ¿Y de las represiones sangrientas y monstruosas en los intentos de rebeldía contra el comunismo en Alemania Oriental el 17 de Junio de 1953; en Poznan, Polonia, en Junio de 1956; en Budapest, Hungría, en 1956; en Praga, Checoslovaquia, en 1967? ¿Y la invasión de Afganistán en 1979? ¿Y los soldados chilenos caídos en el intento comunista de magnicidio, en la Cuesta Achupallas, en el Cajón del Maipo en 1986? ¿Y las decenas de uniformados y civiles inocentes, asesinados por el brazo armado del PC, el FMR, durante el gobierno militar?

Usted, Sr. Gutiérrez, que pretende ser el portaestandarte de la bandera de los DD.HH., escriba también columnas sobre las interrogantes precedentes, señalándonos si las innumerables víctimas de esos hechos, tenían o no, derechos humanos.

Con lo anterior, por ahora, es suficiente. No recurriremos a extender la roja e inconmensurable mancha de sangre que los comunistas han hecho derramar a sus enemigos en el Asia, tales como Corea del Norte, Camboya, China comunista, Indonesia, Vietnam, Myanmar (ex Birmania) y en África, y en América: en Cuba, en Nicaragua, en El Salvador, en Argentina, en Uruguay, en Brasil y en Chile.

Resumiendo, son cien millones las víctimas mortales del comunismo, del que usted, Sr. Gutiérrez es uno de sus más caracterizados representantes en Chile.

¿Y todavía se atreve a declararse defensor de DD.HH.? Usted es sólo un defensor de los rojos inhumanos. Defiende lo indefendible. La historia nacional y universal, así lo demuestra. Usted pertenece a un partido, cuya doctrina -no lo olvide nunca usted señor lector-, fue declarada por el Papa Pío XI como “intrínsecamente perversa”. Sus argumentos, Sr. Gutiérrez, y su base dogmática, son absurdos y repulsivos.

Finalmente, Sr. Gutiérrez queremos recordarle que usted es dirigente de cúpula del PC, partido del que su colega, diputado Guillermo Teillier, nombre de combate “Sebastián” o “El Príncipe”, era nada menos que el Encargado Militar en la operación de ingreso a Chile de 90 toneladas de armas y explosivos, con las que se quiso equipar a 20.000 hombres para derrocar al gobierno y convertir a nuestro país en una Nicaragua. Las miles de muertes que se habrían producido inevitablemente, se impidieron, precisamente, por la acción preventiva de los organismos de seguridad que usted denuesta. Es insólito que con estos antecedentes, tenga la desfachatez de aceptar la presidencia de la Comisión de DD.HH. de nuestra Honorable Cámara de Diputados. Usted Sr. Gutiérrez, es quien efectivamente está moralmente inhibido para ejercer el cargo que ostenta y hay que ser muy cara dura, para levantar una voz acusadora en un tema en que se encuentra totalmente vulnerable.

¡Es usted quien debe renunciar y no un distinguido General de la República!

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LA SEGUNDA, 24 DE NOVIEMBRE DE 1995

Pinochet

Por

Hernán Larraín Fernández

Senador

Extractos principales de la carta pública enviada al Comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet Ugarte

Mañana 25 de Noviembre usted cumple el octogésimo aniversario de su natalicio, ocasión en que un importante número de chilenos celebrará tal fecha junto a su persona, a lo largo de todo Chile. Sin embrago, lo más relevante de todo es que en esta oportunidad, bajo la iniciativa de un grupo muy cercano de sus ex colaboradores, se aprovechará la conmemoración para tributarle un reconocimiento a su gigantesca contribución al progreso de nuestro país. Por ello, quisiera enviarle estas líneas que contienen algunas reflexiones que me surgen a propósito de este acontecimiento, perdonándome usted que, por su propia significación, las haga públicas.

§ Los pueblos, por lo general, son poco agradecidos con quienes colaboran en su desarrollo en vida de sus protagonistas. Más bien la crítica y la descalificación, cuando no la envidia, dan cuenta de nuestra pequeñez e incapacidad para tributar en forma oportuna un justo reconocimiento.

§ La historia de Chile no sería la misma de no haber intervenido usted en momentos cruciales de nuestra evolución. No podemos olvidar el estado crítico, la ruina material y la descomposición moral en que se encontraba nuestra nación en 1973. La desesperanza cundía en todos los ámbitos y la ciudadanía, indefensa y desprotegida, se derrumbaba junto al fracaso de la institucionalidad vigente para impedir la destrucción de la chilenidad promovida por una ideología fundada en el odio y la lucha de clases.

§ Ni los Tribunales de justicia, ni la Contraloría General de la República, ni el Congreso Nacional, pudieron impedir estos hechos o revertir la situación caótica que se había producido. El país pidió, entonces, la intervención de las Fuerzas Armadas, llamamiento que luego de advertir la imposibilidad de evitar de otra forma el desplome nacional, fue finalmente escuchado por nuestros hombres de armas.

§ En la perspectiva del tiempo, este proceso adquiere especial significado. Luego de ser un país encaminado – al parecer de la época – en forma irreversible al colapso, Chile pasó del Gobierno Militar a ocupar la posición expectante que hoy tiene, configurando una situación inmejorable para superar la pobreza y el subdesarrollo a que décadas de malos gobiernos anteriores – salvo excepciones – nos habían conducido. Aunque les duele a muchos en la actualidad, esta es una realidad sólida y evidente como la cordillera de los Andes, que fuerza a muchos hoy a prestarle su reconocimiento público.

Otra vez fue necesario coraje y sentido de bien común para adoptar el camino difícil y no demagógico que permitió lograr estas metas. Nuevamente usted, al liderar el proceso, mostró la calidad de estadista que pocos chilenos han podido exhibir a lo largo del siglo que expira.

§ El proceso seguido a lo largo del régimen militar fue largo y doloroso. La interrupción del proceso institucional, causado por los hechos previos mencionados, generó enfrentamientos que ocasionaron la vida de muchos compatriotas. Recordarlo nos causa pesar y enluta el alma nacional. Nadie quiso que ello ocurriera y nadie desea que ello vuelva a repetirse.

§ Incluso los errores y excesos que se cometieron – no podemos olvidar la naturaleza humana – y más allá dela aprovechamiento político que de ellos se ha venido haciendo durante muchos años, deben servir para comprender lo profundo del quiebre social que existió a comienzos de la década del setenta y el grado a que había llegado la justificación del uso de la violencia por los sectores políticamente mayoritarios en ese tiempo.

§ Hoy, cuando aún quedan heridas por restañar y cuando se buscan fórmulas para terminar con los problemas pendientes, derivados de esos hechos en materias judiciales, producto de la mala aplicación de la Ley de Amnistía dictada en 1978 para contribuir a la paz social, advertimos la inequidad de algunos sectores que, por un lado, procuran superar las dificultades procesales y penales de terroristas de izquierda, para intentar, por otra parte, la persecución implacable de todo uniformado que pueda tener alguna responsabilidad en hechos de entonces.

Fue necesario tener coraje para actuar en su debido momento, como lo es necesario hoy para superar esas inquietudes, sin olvidar el debido respeto por los sentimientos de todos los afectados. Usted supo actuar entonces y la ha sabido hacer en estos días, dando ejemplo de autoridad, respeto personal y observancia de las normas jurídicas vigentes en la actualidad.

· La restauración de la democracia exigió comprender la profunda crisis institucional que entonces existió… La Constitución Política de 1980 es fiel demostración de esa vocación fundacional. La transición posterior y la actuación de los gobiernos que han sucedido al Gobierno Militar permite acreditar que esa institucionalidad ha funcionado con éxito. De ahí que nos resulte incomprensible el esfuerzo de algunos por revisar aspectos medulares de la misma, sin que existan antecedentes objetivos que lo justifiquen.

· Los hechos que he reseñado muy sucintamente justifican, pues, la recordación y celebración de estos días. No podemos restarnos a esta situación, entendiendo que la obra de todo hombre, por grande que sea, es fruto del trabajo mancomunado de muchos. Creo justo recordar entre todos quienes colaboraron con usted a una sola persona que, sin dudas les representa, pero que, por la fidelidad a sus principios, ya no nos acompaña. Me refiero a Jaime Guzmán, cuya figura – como la suya – se agiganta con el paso del tiempo.

· Por circunstancias particulares, no podré acompañarlo personalmente en alguna comida de celebración de las muchas que tendrán lugar el día de mañana. En esos momentos, obedeciendo a una invitación del Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Jorge Martínez Busch, estaré visitando el campo de Hielo Sur, respecto del cual existe un diferendo limítrofe con Argentina, el que deberá ser revisado próximamente en el Senado.

· La triste experiencia vivida hace poco con motivo del conflicto de laguna del Desierto me fuerza a participar en ese evento, lamentando tener que ausentarme en esta justa celebración. Usted, que tuvo el coraje de defender cada pedazo de tierra chilena con la determinación que rodean todas sus acciones, podrá disculparme y, a la vez, comprender el sentido de mi ausencia.

HERNAN LARRAÍN FERNANDEZ

Senador

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Ser democratacristiano hoy

Gonzalo-Rojas.gif¿Habrá algún DC que no reconozca que su partido vive hoy momentos muy difíciles? Y, claro, no se trata del Padena o de la API, sino de una de las colectividades más relevantes en la historia de Chile en los últimos 70 años, por lo que es toda la política chilena la afectada.

Derrotado su reciente candidato presidencial; descolocada su dirigencia concertacionista por el progresismo ilimitado de sus socios; desanimadas sus bases por la indefinición de sus dirigentes, todo le tiembla, más allá de una exitosa elección de senadores. Una triple D —derrota, descolocación y desánimo— inunda la conciencia democratacristiana. Es cierto que ese órgano clave —que hace de válvula de seguridad en la vida personal y colectiva— hace ya años que en la DC no funciona como debe, pero también es efectivo que los viejos falangistas todavía se preguntan cómo es posible que haya sucedido todo lo que les pasó; se interrogan sobre tantas cosas mal hechas y apenas encuentran respuestas.

“La defensa del hombre amenazado en su realidad espiritual antes que en las estructuras más exteriores, y la defensa de ciertos valores universales es la tarea urgente”, afirmaba un autor. Y otro añadía: “Los acontecimientos de la política nacional, las nuevas orientaciones del pensamiento católico, las directivas pontificias y otras causas contribuyeron a formar una generación juvenil de acusados perfiles propios, que encerraba valores indiscutibles y manifestaba definida personalidad, dentro de amplia y consistente homogeneidad”.

Eso fue la DC originalmente: convicciones fuertes, junto a organización y mística, para defenderlas y promoverlas. Son citas que los viejos falangistas reconocen de inmediato y a las que adhieren con reverencia. Pero son sentencias que los actuales DC —en su mayoría, buenas personas— consideran quizás algo ñoñas o beatas.

Si aún las valoraran, de ninguna manera la Democracia Cristiana exhibiría una confusión tan grande sobre qué es la persona humana y qué implica proteger su dignidad y su trascendencia.

Porque el principal error de la DC actual no está en sus concepciones estatistas, ni en su desmesurado democratismo, ni en algunas de sus fórmulas económicas fracasadas, sino en la manera gelatinosa en que el partido conceptualiza sobre el ser humano.

Y si tuvieran en cuenta aquellas antiguas afirmaciones, no temerían asumir un camino propio, depurado del mesianismo de los 60, pero fuerte en perfiles bien diferenciados. Por el contrario, hoy la DC aparece en tantas materias simplemente como otro PPD, sólo que disfrazado con ropajes algo clericales cuando la amenaza progresista toca a degüello.

Finalmente, si consideraran aquellas frases como vigentes, no habrían facilitado la presencia en el Congreso —sí, en listas comunes— de quienes niegan todos y cada uno de los presupuestos cristianos del orden social y, de paso, han combatido con energía a los propios falangistas desde su origen, allá por fines de los años 30. Pero lo que les espera es todavía peor si no reaccionan: rendirse a una alianza aún más amplia con las izquierdas, con ese PC presente y creciente, bien amparado en sus variados socios.

(Por cierto, las citas referidas corresponden a Eduardo Frei Montalva y a Alejandro Silva Bascuñán, respectivamente).

Lo que haga la DC —podría pensar alguien— es problema de ella. No: ciertamente, puede ser problema y drama para Chile y, en especial, para la UDI y su necesidad de aprender de los errores falangistas.

Desgraciadamente, siempre cabe la posibilidad de que clame algún democratacristiano: ¡Que no nos vengan a dar lecciones desde fuera!

¿Y de dónde si no?

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EL MERCURIO, Domingo 28 de Noviembre de 2004

(Entrevista de Enero de 1987)

A fines del régimen militar, el entonces secretario general de la UDI decidió explicar a un reducido auditorio su posición respecto a la represión política. Este texto – aparecido en “El Mercurio” en Noviembre de 2004 – ilustra el pensamiento de uno de los civiles más influyentes del gobierno de Augusto Pinochet.

Enero de 1987, Juan Pablo Illanes entrevistó a Jaime Guzmán en el encuentro “Líderes de cara al futuro” realizado en el Centro de Estudios públicos. En un auditorio compuesto por jóvenes, el fundador del gremialismo y – en ese entonces – secretario general de la UDI analizó el gobierno militar y explicó su opinión respecto al retorno a la democracia. Entre los temas tratados, destacó su análisis de la situación de los derechos humanos durante el gobierno de Pinochet y el impacto que tendría para los gobiernos del futuro. En este extracto de las conversaciones entre Juan Pablo Illanes y Jaime Guzmán reproducimos sus impresiones en momentos en que se discuten las repercusiones del Informe sobre Prisión Política y Tortura.

Juan Pablo Illanes:

El texto de la Constitución, no cabe duda, protege bien los derechos de las personas. No obstante, llama la atención que a este Gobierno se le formulan graves acusaciones en relación con el respeto a los DD.HH. Se le acusa de desapariciones, se indica que ha habido ejecuciones sumarias, aparentemente irregulares. Hay una serie de acusaciones de esta naturaleza, que pueden traer secuelas sociales muy graves y que, a juicio de muchos, constituyen un germen de inestabilidad futura. Me gustaría preguntarte a ti, que estuviste participando en el gobierno desde el comienzo, tu opinión sobre estas acusaciones.

Jaime Guzmán:

– Yo creo que eso nos lleva a un tema delicado e importante, que debe ser tratado de la manera más seria y franca posible. Creo, desde luego, que no se refiere básicamente a la consagración constitucional de los derechos, porque en general las transgresiones a los derechos humanos son actos que desbordan la legalidad y que por cualquier causa no son aclarados debidamente para su sanción correspondiente. Por eso no se trata principalmente de un problema de orden jurídico sino de un problema de orden práctico.

Creo que cualquier enfoque serio del tema de los DD.HH. durante este régimen debe partir de una realidad que enmarca el análisis. Esa realidad es que el actual régimen accedió al poder en medio de un cuadro objetivo de guerra civil, al cual el país había sido arrastrado deliberadamente por el gobierno anterior. Este hecho reviste la máxima importancia, porque la realidad histórica enseña que no hay situaciones objetivas de guerra civil que no acarreen muy dolorosos y graves hechos de violencia, de muertes y de transgresiones a los derechos de las personas. El primer problema que, por tanto, hay que dilucidar, es cuánta responsabilidad y cuan grave responsabilidad tiene el gobierno de la Unidad Popular en muchos de los hechos que debieron sufrir sus propios jerarcas, como consecuencia del cuadro de guerra civil que ellos provocaron.

Por esta razón, no puedo aceptar, en conciencia y después de haber reflexionado durante trece años, que los dirigentes y partidarios del régimen de la UP pretendan enfocar este problema unilateralmente, colocándose en la calidad de víctimas y acusando al Gobierno militar de victimario. Me parece que eso es una falsedad y una osadía moral inaceptable, quizá sólo explicable – en ciertos casos – por la falta de objetividad que pueden producirse en el ser humano las situaciones de muy grave dolor.

Producido el 11 de Septiembre 1973, se desencadena una serie de hechos que son consecuencia inevitable del cuadro de guerra civil generado por la UP. Esto no quiere decir que sean hechos justificables, pero sí indica que la responsabilidad de su ocurrencia recae en mucho mayor medida en quienes hicieron necesaria la intervención militar con esa guerra civil que incentivaron, que en quienes se vieron en la obligación, completamente ajena a su voluntad, de conjurarla. Porque está claro que el advenimiento del Gobierno Militar no fue algo que las FF.AA. y Carabineros buscaran.

Con el correr del tiempo, empiezan a yuxtaponerse dos realidades. Por un lado, la que acabo de señalar. Por el otro, la dinámica peligrosísima que tienden a adquirir los organismos de seguridad en los gobiernos autoritarios. Es allí dónde pasamos a un área distinta de realidades, en que de excesos inevitables se pasa a excesos evitables, y por ende condenables respecto de la autoridad que los llevaba a cabo. Quiero subrayar cómo estas dos realidades se yuxtaponen, para hacerles vislumbrar lo difícil que era superar adecuadamente este problema. Naturalmente que el tema habría sido muy simple de abordar si uno parte de la base que no se requería un Gobierno Militar, o que el Gobierno Militar llegó en condiciones diversas a una guerra civil. Pero si llegó en condiciones propias de una guerra civil y él fue indispensable para conjurarla, necesariamente estas dos realidades deben ser analizadas como elementos que confluyen en un cuadro muy complejo.

¿Dónde estaba, a mi juicio, la solución del problema? Precisamente en ir desmontando gradualmente la dinámica peligrosa que habían adquirido los servicios de seguridad, al excederse abusivamente en forma que era evitable, pero realizar eso sin restarle potencia a la esencial lucha antiterrorista.

Me parece indispensable, incluso señalar, en forma bastante categórica que hay dos maneras en que el estado puede violar los DD.HH.; una por acción y otra por omisión.

Cuando la autoridad no combate a la subversión o al terrorismo de una manera eficaz, no es acusada en ningún foro internacional de violar los DD.HH., pero los está violando por omisión porque a ella le corresponde evitar los atropellos a los derechos humanos que implica toda la acción terrorista y subversiva.

El problema, entonces, nace en que hay que armonizar la eficacia en la lucha antisubversiva y antiterrorista, que es la lucha exigida por los DD.HH., con el respeto a los parámetros éticos y legales que enmarquen esa lucha dentro de los criterios aceptables desde la dignidad del hombre que nos inspiran. Ese elemento permite apreciar el problema desde una dimensión seria, no simplificada ni panfletaria como desgraciadamente ha tendido a abordarse en chile. Estoy perfectamente consciente que decir estas cosas no es fácil ni es grato, porque se ha producido en amplios sectores del país una simplificación unilateral, emocional y superficial del tema. Digo esto además, porque personalmente desde los inicios de este Gobierno, el tema de los DD.HH. me preocupó muy intensamente. Me preocupó por una cuestión ética y por una cuestión de sensibilidad. Hay personas que son más o menos sensibles a estos temas, y yo lo soy mucho.

En esa época, dicha preocupación era estimada algo excéntrico y curioso por la enorme mayoría de los sectores civiles que apoyaban al Gobierno Militar y que miraban todas las inquietudes que yo planteaba como algo muy secundario o como un mero costo que había que asumir sin más.

Además, hay un aspecto de mi ingerencia dentro del gobierno durante esa época, en el cual no me parece abundar públicamente. Pero no cabe duda que la disolución de la DINA, y el subsecuente reemplazo del general Contreras en la dirección del organismo que la sustituyó fue un paso decisivo en una tendencia o evolución favorable del problema. También siento el deber moral de decir que algún día se reconocerá el papel decisivo que en igual línea tuvo Sergio Fernández como Ministro del Interior, etapa en que se puso fin al gravísimo hecho de los detenidos desaparecidos y en que se mejoró notoriamente la situación general de los DD.HH., aun cuando en el arduo desafío de combinar lo anterior con la eficacia de la lucha antiterrorista y antisubversiva, el ex Ministro Fernández no lograse en plenitud todo lo que se propuso a favor de los DD.HH. y por lo cual luchó silenciosa pero incansablemente, y con frutos que sólo la extrema pasión política actual es capaz de pretender desconocer.

Me interesa también subrayar en este tema que el caso chileno presenta una original y atinada solución jurídica y que fue una idea impulsada por Sergio Fernández, en 1978. Esa solución fue fijar una fecha determinada por ley, como término de las secuelas de la guerra civil.

Esa fecha es el 10 de marzo de 1978. La norma o fórmula que se buscó para eso fue la Ley de Amnistía, que borró los delitos cometidos en el período 73-78, por ambos bandos.

Cuando la Ley de Amnistía fue promulgada, la jerarquía de la Iglesia católica la celebró como una medida de conciliación, porque, de hecho, como producto de esa ley, salieron en libertad dirigentes o activistas de la UP que estaban condenados o procesados por delitos cometidos antes del 11 de Septiembre de 1973, o después de esa fecha, y por cierto que también la ley apuntaba a blanquear jurídicamente, que eso es la amnistía, los delitos que se hubieran cometido por los órganos de seguridad en la lucha contra las secuelas de la guerra civil, producidas entre los años 73 y 78.

Pero todo lo ocurrido con posterioridad al 11 de marzo de 1978 en Chile está sujeto a la jurisdicción común, de manera que la discusión de si debe haber o no juicios para los actos que impliquen trasgresión a los derechos humanos no tiene ningún sentido en la realidad chilena. La solución ya está dada. No hay sanción para los hechos ocurridos antes del 11 de marzo de 1978.

La UDI ha señalado, y yo quisiera subrayar esta tarde, que donde recae la principal responsabilidad del actual Gobierno al respecto, es en el esclarecimiento de de los hechos que impliquen violación de los derechos humanos – y especialmente de los crímenes de connotación política – acaecidos con posterioridad al 11 de marzo del año 78, y que desgraciadamente no han sido esclarecidos de la manera en que es indispensable que lo sean para que se juzgue y sancionen conforme a la legislación vigente, y se despeje así un elemento que puede ser extraordinariamente traumático en el paso del gobierno militar hacia la plena democracia. Creo que allí hay una responsabilidad pendiente del actual gobierno.

Juan Pablo Illanes:

Sobre la base de los mismos argumentos que tú diste, el problema de omisión se aprecia como muy grave. Hay una serie de asesinatos importantes, ninguno de los cuales está aclarado. A raíz de uno de ellos se produce incluso la renuncia de uno de los miembros de la Junta de Gobierno. Recordemos que Nixon no cayó por lo que ocurrió en Watergate, sino que por su encubrimiento posterior. Las omisiones y la continuación hasta hoy de los conflictos, ¿no crees tú que indican que el problema de los derechos humanos está muy lejos de haber sido superado en marzo de 1978?

Jaime Guzmán:

– Yo creo que está lejos de haber sido superado. Justamente allí reside el problema. Creo que lo que está superado es la solución jurídico-política al problema, que en otros países fue necesario resolver en el momento del traspaso del gobierno militar al gobierno civil o después de instalado éste. Hay una solución jurídica. Pero ¿Cuál es el gran problema? Precisamente lo que tú señalas. El problema reside en que hay una serie de hechos posteriores al 11 de marzo de 1978 que no han sido esclarecidos y cuyas víctimas son opositores al Gobierno. Esto no autoriza a culpar al Gobierno de los hechos, pero sí hace válida la exigencia de que él los esclarezca, o preste la colaboración eficaz e indispensable a los organismos policiales para que estos casos sean esclarecidos por el Poder Judicial. El caso de los tres dirigentes comunistas degollados es uno de los más agudos en la materia. Porque allí hay constancia fehaciente de participación de uniformados en el inicio de los hechos que condujeron a que estas personas fueran finalmente asesinadas y degolladas. Por esa razón es que estimo fundamental insistir en este punto como una exigencia que nace de un imperativo ético.

Esto es lo que considero un enfoque serio y equilibrado del tema de los derechos humanos.

Rechazo que se simplifique el problema, poniendo en plan de igualdad, por ejemplo, el caso de Lonquén o de los comunistas degollados. Quien pone en igualdad de condiciones los dos casos, por una vía o por otra, está revelando una falta de seriedad absoluta en el análisis del problema. Si las pone en igualdad de condiciones en forma acusatoria, está desconociendo la situación de guerra civil en la cual se dio el caso de Lonquén. Y si las pone de igualdad de condiciones para pretender una supuesta absolución u olvido del problema, yerra gravemente porque desconoce el hecho de que el caso de los degollados no puede quedar impune sin que para el Gobierno recaiga una grave responsabilidad por no contribuir eficazmente a esclarecer el caso.

Creo que estos hechos tienen tal gravitación que, efectivamente, pueden opacar realizaciones extraordinarias de un gobierno en lo jurídico, en lo institucional, lo mismo que en lo económico y social. Son aspectos vitales que conmueven los valores éticos más profundos de las personas y sus reacciones más sensibles. Por eso es que yo disto de pensar que el problema está superado. Lo que sí me interesa reiterar es que eso no debe llevarnos tampoco, a estimar, que estas acciones injustificables y que deben ser sancionadas, son unilaterales. O sea, tampoco hoy hay una víctima y un victimario, porque existe una permanente y sistemática acción de terrorismo y de subversión impulsada y ejecutada por el comunismo, que exige una lucha antisubversiva y antiterrorista en defensa de los derechos humanos afectados por el terrorismo y la subversión. Y también defensa de todos los chilenos en cuanto si lograra tener éxito una revolución que llevase al poder a un gobierno marxista, nuestros derechos humanos se verían conculcados en medida incomparablemente más grave que todo lo peor que haya sucedido en Chile desde 1973.

Por esa razón, lo que hay que propiciar tiene que ser realista y equilibrado. Hay que fortalecer la lucha antisubversiva y antiterrorista en términos que ella resulte eficaz, evitando caer en las consignas descalificatorias contra los organismos encargados de un combate que, hablando con sinceridad, tienen una rudeza que le es inherente e inseparable.

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Gonzalo Rojas
Miércoles 31 de Marzo de 2010

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Mientras ocupaba la Presidencia de la República, se corría un gran riesgo al criticarlo. Desde su Olimpo, Zeus fulminaba a sus contradictores con un rayo, mitad autoritario, mitad irónico. Entonces, aunque muchos se atemorizaban, otros admiraban su prestancia.
Pero el péndulo se trasladó al extremo contrario cuando pasó a ser el simple ciudadano Ricardo Lagos Escobar. No faltó aliancista que no le imputara responsabilidades en campos tan variados como el transporte público o las relaciones exteriores, la seguridad ciudadana o la calidad y transparencia de las obras concesionadas. Incluso en juicio ha tenido que declarar.

Y, entremedio, apareció también un curioso fenómeno: han sido sus propios partidarios —despechados algunos, desilusionados otros— quienes hasta el día de hoy le critican esa tendencia a visitar la política chilena desde los espacios siderales, planear sobre ella, tocarla con su varita mágica y elevar de nuevo el vuelo hacia rumbos desconocidos.

Cuando pasa algo así, cuando a un actor relevante de la vida pública casi todos sus pares —sí, casi todos, de verdad— le critican o censuran esto y aquello, al interesado sólo le cabe reflexionar y corregirse.

Pero Ricardo Lagos Escobar parece incorregible. La culpa, los errores, siempre son de los demás; sólo son suyas las soluciones perfectas. El dedo aquel está siempre presto para señalar el único rumbo adecuado.

Allá por 1989, poco antes de derrotar electoralmente al líder del PPD, Jaime Guzmán afirmaba en la comisión política de la UDI de la época algo así como que “hay dos políticos en Chile que son diferentes y en los cuales no se puede confiar”. Uno de los mencionados fue Ricardo Lagos (el otro no viene al caso; me lo reservo para mejor oportunidad).

Efectivamente: no pueden confiar en Lagos sus adversarios; pero tampoco pueden confiar en él ni siquiera sus partidarios. Así nos lo ha sugerido el mismo Pepe Auth.

¿Por qué? Simplemente porque Lagos ha recordado en estos días dos concepciones suyas que lesionan gravemente la vida cívica, a pesar de sentirse él tan republicano.

Así ha sucedido, ante todo, al insistir en que el Presidente de la República debía ser el líder de la Concertación. Pero justamente lo que se le pedía al asumir la Primera Magistratura, al ejercerla y al abandonarla, es que distinguiera el papel partidario del rol nacional. Está claro que no lo logró. Lagos insistió siempre en el ethos republicano, pero nunca pudo entender la distinción entre la conducción del Estado y el liderazgo partidista. Y persevera en esa confusión, como si desde una nueva coyuntura soñara con reconstruir una opción presidencial.

Y, en segundo lugar, al remarcar que la Concertación perdió porque no supo defender las obras realizadas durante 20 años. Pero precisamente lo que la mayoría electoral ha querido decirle a la Concertación es que, en el balance final, el déficit era perceptible y que por eso no se le renovaba el mandato. Sencillo y claro.

A pesar de esa evidencia, Lagos insiste en achacar la derrota a carencias comunicacionales y no a los errores de las políticas sociales y culturales de la Concertación. Convencido de que se trataba de comunicar mejor y punto, ¿cuánta plata más habría gastado él para ganar la última elección a través de recursos mediáticos?

Cuando alguien toca a Lagos desde la vereda del frente, la piel de la Concertación se enroncha y afloran variados anticuerpos en su defensa. Pero por dentro, a nivel de vísceras, da la impresión de que han entendido exactamente de qué se tratan los actuales propósitos del ex Presidente. Y no parecen muy entusiastas ni unidos para secundarlos.

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Viéndolo venir


En una primera referencia al nuevo gobierno, recordé una expresión campesina de mi progenitor, quien por sobre títulos y grados académicos era un hombre de campo. Déjame verlo venir, para salirle al encuentro, decía cuando alguien quería matricularlo en apreciaciones o actitudes anticipadas respecto de personas recién llegadas o que recién comenzaban a desenvolverse en nuestra provincia o  vecindad.

Estoy analizando objetivamente el desempeño presidencial de Sebastián Piñera, y el primer tema al respecto que tengo ya suficientemente claro y en cuanto al que hoy quiero darle mi completa aprobación y felicitaciones es el de la seguridad pública, que en su campaña electoral prometió garantizar.

Una buena oportunidad de demostrar el cumplimiento de su compromiso a este respecto se presentó con ocasión del famoso “día del joven combatiente”, instaurado hace algunos años por la extrema izquierda para conmemorar la muerte de los hermanos Vergara Toledo, supuestamente asesinados, quienes cayeron en un enfrentamiento armado con las fuerzas policiales en un disturbio vandálico que les correspondió reprimir. Al llegar al lugar, las fuerzas del orden habían sido recibidas a balazos por los terroristas.

Pues bien, en esta ocasión  –y como lo señala editorialmente el decano de la prensa nacional– el Presidente Piñera, en un hecho sin precedentes, visitó el cuartel de las Fuerzas Especiales de Carabineros y les hizo presente que en su función de mantener el orden y la seguridad pública contarían con el apoyo del Gobierno.

También recalcó que el derecho democrático de manifestarse no es equivalente al derecho a causar desórdenes públicos ni daños en la propiedad pública y privada.

Algunas voces intentaron transformar este hecho en una “provocación” del Gobierno a los eventuales manifestantes. Pero la inmensa mayoría de la población —y en particular los pobladores que tantas veces han sufrido impotentemente las consecuencias de tales desórdenes— no se llama a engaño.

En un Estado de Derecho, la fuerza policial expresa la obligatoriedad de la ley y da realidad a las garantías básicas de las personas. No cabe admitir que su presencia y su disposición a actuar en caso de desmanes puedan constituir una provocación.

En este caso, el número de detenidos, la falta de lesionados así civiles como uniformados, y la limitada gravedad de los incidentes así lo confirman. Una oportuna advertencia que encontró crédito en todos los sectores se mostró capaz de disuadir a quienes sin ella habrían estado dispuestos a realizar actos impunes de violencia, disminuyó los mismos y en buena medida hizo innecesario aplicar la fuerza legal. Así, se ha probado que la violencia no sólo se combate con su proporcionada respuesta, sino también con reglas del juego claras, según las cuales todos sepan que el mantenimiento del orden dentro de la ley será efectivamente una prioridad.

En esta misma línea, fueron importantes las reuniones entre el intendente de Santiago y los fiscales competentes, igualmente expresivas de la voluntad de hacer valer el orden legal e impedir su quebranto impune.

En mayo de 2006 la Presidenta Bachelet removió al jefe de las fuerzas especiales de Carabineros porque un periodista y su camarógrafo, así como varios estudiantes, habrían sufrido lo que ella calificó como “un exceso, un abuso, una violencia repudiable e injustificable”. Ese incidente tuvo por efecto el que las policías posteriormente actuaran con una cautela demasiadas veces extremada, frente a manifestaciones, activistas mapuches, trabajadores portuarios, subcontratados de Codelco y otros.

Pero el balance del “día del joven combatiente” muestra que la eficiencia en la preservación de la seguridad pública es perfectamente compatible con métodos policiales propios de un Estado de Derecho y democrático. El respaldo del Gobierno al actuar de las policías en su deber de mantener el orden público no es incompatible con su ejercicio según tales requerimientos. Por el contrario, aquél las hace plenamente responsables por los actos que entrañen un abuso de su potestad.

Lo determinante de este resultado distinto y socialmente mucho más positivo  –como lo expresa el referido editorial–  es que hubo una preparación previa adecuada, con focalización de los resguardos en los puntos que se preveían críticos, en conformidad con una estrategia fundada en datos precisos y sujeta a una coordinación superior resuelta. Eso evitó que la autoridad se viese sorprendida o sobrepasada por los hechos, como ha ocurrido en tantas ocasiones anteriores.

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Por Eric Villena D.

APU-Comando

Se vivía Febrero de 1990, y el Régimen de las Fuerzas Armadas y de Orden, encabezado por el General Augusto Pinochet, se disponía en los próximos días, a hacer entrega de su gobierno, al electo Presidente Patricio Aylwin Azócar,  como resultado del veredicto en las urnas del Plebiscito del Sí y el No, al que la “terrible dictadura fascista” se sometió, cumpliendo un itinerario que ellos mismos decidieron auto imponerse. No conozco precedentes en que un “supuesto dictador”, entregara voluntariamente sus bastones de mando a los políticos, a la democracia y hay políticos beneficiados que todavía no lo entienden.

Pinochet, como era su costumbre, el día 26 de Febrero de 1990, había regresado a su hogar después de una ardua jornada en La Moneda, que se había prolongada hasta cerca de las 22:00 horas. Luego de cenar junto a su familia, se mantuvo en su escritorio, estudiando materias relativas a la impecable entrega administrativa que haría del país, a través de sus diferentes Ministros que habían sido rigurosamente instruidos para estos efectos. Era cerca de la 01:00 hrs. de la madrugada, cuando decidió pasar al descanso, reposo que fue abruptamente interrumpido a las 03:34 hrs., por un sismo de gran envergadura.

En escasos minutos, el Presidente Pinochet ya estaba en pie, enterándose de lo que estaba ocurriendo en el país, y junto a su Ministro del Interior, Carlos Cáceres y del General Bruno Siebert, ministro de Obras Públicas, abordó el helicóptero presidencial, que como estaba siempre dispuesto, se encontraba con su tripulación de turno a disposición del Presidente. Eran las 04:12 hrs., cuando el helicóptero Puma, helicóptero presidencial, se elevó en dirección a la Región del Biobío. Desde la nave aérea, se producía el siguiente diálogo:

-¡Aló, José Toribio! ¿Cómo te encuentras?

-¡Bien Augusto! Dentro de todo, estamos bien. El Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico, avisó al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el inminente riesgo de maremoto en las costas siniestradas, información que ya recibió la ONEMI, y las Gobernaciones Marítimas. A través de ellas se entregó la alarma, así que te informo que la población costera se está refugiando en las alturas, para prever cualquiera eventualidad.

-¡Conforme! Nos mantendremos en contacto.

Mientras terminaba este enlace, el edecán de turno mantenía en línea al General Mathei, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

-¡Aló, Fernando!

-¡Ordene mi General!

-¿Tiene a su personal y material de vuelo operativo, General?

-¡Está disponible el personal de servicio, y en 30 minutos más, estará operacional el total de la institución!

-¡Bien! Coordínese con la ONEMI y proceda de inmediato al traslado de agua, alimentación y ayuda médica a los lugares más afectados. Apoye al Vicecomandante en Jefe del Ejército, General Sinclair, para el traslado de 2 hospitales de campaña y del personal de tropa necesario para reforzar a los Intendentes, Comandantes en Jefe de las zonas en Estado de Emergencia, que requerirán más personal en apoyo de la civilidad.

-¡A su orden mi General!

A estas instrucciones se sumaron sucesivos enlaces con las autoridades de las Regiones afectadas, para tener el detalle de la crisis, disposiciones directas entregadas a los Generales y Almirantes Intendentes y Gobernadores militares en ejercicio.

Antes del mediodía, y constituido el Presidente Pinochet en los lugares más afectados, en contacto directo con la gente –como era su costumbre-, decretó el Estado de Catástrofe y para evitar saqueos y dar la seguridad pública necesaria; ese mismo día también, y a partir de las 18:00 hrs. y hasta las 09:00 hrs. del día siguiente, se dispuso un efectivo toque de queda que dio los resultados esperados.

Los planes de Emergencia funcionaron eficientemente, con rigurosidad y precisión militar. Los Intendentes, militares con permanencia y continuidad en sus cargos, interiorizados de la realidad existente en sus zonas jurisdiccionales, respaldados por su Presidente, y sin dualidad de funciones con otras autoridades, actuaron inmediatamente. La fuerza militar fue empleada no solamente como seguridad de la población, sino que en todo el apoyo y organización que pueden y están instruidos para entregar. No hubo víctimas a causa del tsunami por la alerta eficaz que se practicó. Las viviendas construidas durante el Régimen de las FF.AA. y de Orden, resistieron bien el sismo y sólo se lamentó los daños en edificaciones antiguas de carácter histórico y que ya habían tenido deterioros en terremotos anteriores. El gobierno del General Pinochet, adoptó las medidas necesarias al instante, y no 36 horas después. No hubo vandalismo, la ayuda a los damnificados, en alimentación, vestuario y asistencia médica, se produjo de forma oportuna y a todos los lugares devastados.

El Presidente Pinochet, en cadena nacional al país, a las 21:00 hrs. de ese mismo día, emocionado, pero sin llorar, anunciaba la reconstrucción nacional de la zona arrasada por este desastre natural, los recursos propios y extranjeros ya comprometidos para ello, con plazos y garantía del cumplimiento de un planificado y financiado itinerario.

¡En tan terribles circunstancias, qué tranquilidad para el pueblo de Chile, ser liderado por un Estadista de esa estatura, prestancia y eficiencia!

Titulares del pasquín “Fortín Mapocho”, publicados el día Domingo decían: “La naturaleza castiga al gobierno fascista de Pinochet”. “Gorilas armados con metralletas, impidieron que el pueblo, ante esta emergencia, se pudiera alimentar en almacenes, supermercados y justas expropiaciones a casas de los más ricos”.

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Por Verónica Larraín B.

Con motivo de cumplirse en 2010, el aniversario número setenta de la masacre perpetrada por el régimen comunista de Stalin contra 22.000 prisioneros de guerra polacos, en Abril de 1940, repetimos a continuación el artículo publicado en nuestras ediciones anteriores de Abril de 2008 y 2009.

Las víctimas se agrupaban en dos estamentos: el primero constituido por 15.000 oficiales del Ejército polaco y 7.000 prisioneros civiles seleccionados, que conformaban la elite de la inteligencia polaca.

PELICULA Durante Octubre, Noviembre y Diciembre de 2009, bajo el auspicio de la Embajada de Polonia en Santiago, el Alcalde de Providencia, don Cristián Labbé Galilea, facilitó dependencias del Instituto Cultural de su Corporación, para que el público pudiese asistir a la proyección de la película polaca “Katyn”, en atención a que este film no fue ni será exhibido en las salas de cine nacionales, por razones que fácilmente puede cada chileno deducir. No puede ser de otra manera, en atención a que hasta el 10 de Marzo de 2010 el gobierno que nos regía era el izquierdista pro marxista, presidido por la señorita Bachelet.

Lo mismo ocurrió en la mayoría de las naciones de Europa, Asia y América, que tienen gobiernos marxistoides.

La televisión pagada, por cable o inalámbrica, aún está exhibiendo en estos días la película mencionada, fundamentalmente en los canales HBO y Cine Canal.

A continuación, lea usted el artículo pertinente:

El 01 de Septiembre de 1939, el Tercer Reich alemán invadió Polonia, para dar término a la situación, consecuencia del tratado establecido al término de la Primera Guerra Mundial, que obligó a Alemania a soportar que su territorio fuese dividido, aislando la zona de Prusia Oriental por un corredor polaco que le permitía a Polonia tener acceso al Puerto de Danzig, en el Mar Báltico.

Para una mejor comprensión de esta situación, imaginemos que, para dar solución a la aspiración boliviana, de contar con acceso soberano al mar, Chile fuese cortado por un corredor de Oruro a Iquique, en el tramo que corresponde, perdiendo nosotros nuestra soberanía en él y además, en Iquique mismo. En tal caso, Arica quedaría descontinuada del resto del territorio nacional.

Los intentos pacíficos de dar solución al problema del corredor de Danzig, fracasaron rotundamente, ya que Polonia se amparaba en un pacto firmado con Francia y Gran Bretaña, que le garantizaba su apoyo ante cualquier acción de fuerza de Alemania.

CATIN El 03 de Septiembre, el Reich recibió un ultimátum de las dos potencias avales de Polonia, en el que le daban un plazo de 4 horas para hacer regresar sus fuerzas a su territorio. El Reich ni siquiera respondió a ello y la invasión continuó exitosamente.

El 17 de Septiembre, en virtud del pacto firmado por Von Ribbentrop, por Alemania y por Molotov, por la U.R.S.S., ambos ministros de relaciones exteriores de esas naciones, Rusia invadió a Polonia desde el Este y esta última, firmó la capitulación el día 29 de ese mes. De esta manera, existió una gran zona ocupada por la Wehrmacht y otra por el Ejército Rojo.

Tal situación se mantuvo hasta el 22 de Junio de 1941, fecha en que el Führer inició la invasión a Rusia (Operación Barbaroja).

En el avance de las fuerzas del Reich y la consiguiente expulsión de los soviéticos del territorio oriental de Polonia, que había sido ocupado por el Ejército soviético, quedó éste entonces, bajo dominio alemán. En ese espacio, polacos vecinos a los bosques de Katyn, informaron a los alemanes del transporte de millares de personas a ese lugar, como prisioneros que habían desaparecido.

Las fuerzas de ocupación alemanas en esa zona, investigaron y al encontrar algunas señales sospechosas, dispusieron llevar a cabo gigantescas excavaciones que permitieron encontrar las primeras víctimas de asesinatos. Alemania solicitó la presencia de expertos de la Cruz Roja Internacional, que fueron testigos durante meses del hallazgo de cadáveres, los que fueron examinados en detalle, pudiendo comprobarse en todos ellos, alrededor de 20.000, que la mayoría estaban vestidos con uniformes de oficiales del Ejército de Polonia y habían sido asesinados con un tiro en la nuca.

Stalin culpó a los alemanes de este genocidio y las naciones aliadas contra el Eje (Alemania-Italia y Japón), sin investigar nada y dando fe a las acusaciones de los soviéticos contra los alemanes, archivaron estos antecedentes hasta el juicio de Nüremberg, 1945 a 1946, en que pretendieron culpar a la Wehrmacht de la masacre. Como no existían pruebas contra Alemania y tampoco los jueces de ese tribunal admitieron que declararan los médicos y especialistas de la Cruz Roja Internacional, ya que podían comprometer a los soviéticos, el tema permaneció dormido hasta 1990. Recordemos que los jueces del tribunal de Nüremberg eran de las potencias vencedoras: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética (U.R.S.S.); es decir, tan “imparciales” como los gobiernos de la concertación y la mayoría de los jueces de nuestro país, especialmente tres de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, en las querellas y juicios contra los militares chilenos; por lo que se comprueba, que es una práctica habitual del marxismo.KATIN2

En 1990, el Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética, Michail Gorbachov, dando pruebas que su Glasnot (transparencia) no era sólo palabras, entregó al jefe del gobierno polaco, General Jaruzelski, una carpeta que contiene las pruebas de la culpabilidad de Stalin en las ejecuciones masivas ocurridas en 1940. Luego se dieron a conocer a la opinión pública.

En 1940, durante cinco semanas, miles de enemigos del Estado soviético fueron llevados, desde los campos de prisioneros que mantenían los rusos en Kozielsk, Staribielsk y Ostaszkov, hacia los bosques de Katyn, donde fueron asesinados y enterrados los oficiales del Ejército polaco, policías, abogados, médicos, profesores y otros miembros de la “Intelligentsia”.

En 1992, quien fuera el primer Presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, reveló el más importante documento oficial: la orden de ejecución de los prisioneros polacos con la firma manuscrita de Stalin.

No obstante lo anterior, Rusia no se ha disculpado con Polonia.

En 1993, se inauguró un museo en Polonia, donde se exhiben los documentos y fotografías de la masacre. El Estado polaco incluyó, desde ese año, en los programas de estudio de historia y textos oficiales, las materias correspondientes a estos hechos. Además, decretó que el 13 de Abril de cada año, se conmemorara, en calidad de Día Internacional de la Memoria de las Víctimas de Katyn. Hoy en día, en Polonia, existen varios monumentos en recuerdo a las víctimas del comunismo y en el año 2000, se construyó y terminó un cementerio que guarda los restos de las 20.000 víctimas del marxismo.

En 1992, el Presidente Yeltsin hizo abrir también los archivos secretos del asesinato del Zar de Rusia, Nicolás II y toda su familia, cuyos cadáveres se encontraban desaparecidos desde el día de su muerte. Aparecieron enterrados en un lugar sin marcar, en Yekaterinburgo, zona de los Urales, donde pasaron sus últimos días de vida el Zar, la Zarina, sus hijas y el hijo menor, el pequeño Alexis hasta que el asesino Lenin ordenó ejecutarlos en 1918.

Con toda la pompa y ceremonial de aquellas antiguas épocas, bajo la bandera rusa actual, con los colores que se usaba en los tiempos zaristas, fueron enterrados en la Catedral de San Petersburgo, ciudad que volvió a recuperar su clásico nombre, luego que los comunistas (soviéticos) lo cambiaran por Leningrado.

No todos los gestos para atenuar los hechos del pasado, son posibles de realizar. Más de 250.000 militares alemanes, prisioneros de guerra, entre 1941 y 1945, jamás fueron devueltos, ni siquiera sus cadáveres, que de seguro se encuentran en las heladas estepas de Siberia, donde existían cientos de campos de concentración, llamados Gulag, como bien lo describe quien los conoció, entre otros, Alexander Solyenitsin en su libro “El Archipiélago de Gulag”.

Tampoco las miles y miles de alemanas asesinadas y violadas por las hordas rojas durante la invasión a Alemania, a fines de la Segunda Guerra Mundial, y los miles de hombres que se rebelaron contra el régimen más terrorífico que ha existido en la historia de la humanidad, asesinados en Berlín Oriental, el 17 de Junio de 1953; Poznan (Polonia), en Junio de 1956; en Budapest (Hungría), en Noviembre de 1956; en Praga (Checoslovaquia), en Agosto de 1968; en Afganistán en 1979.DISPARO

Esta es la clase de gente que seguía la bandera roja con la hoz y el martillo, aquella que reverenciaron y aún hoy otros la homenajean: Pablo Neruda, Elías Lafferte, Erich Honecker, Fidel Castro, Salvador Allende, Gladys Marín, Hugo Chávez, etc.; la misma que cubrió hace poco el féretro de Volodia Teitelboim, donde nuestra presidenta Michelle Bachelet hizo guardia de honor y entonó “La Internacional”, símbolo, bandera e himno del comunismo, condenado por la encíclica Divini Redemptoris como doctrina intrínsecamente perversa. En fin, el mismo trapo rojo al cual sirven los señores Teillier, Carmona e Insulza.

Sí, ese mismo trapo rojo que el General del Ejército de Chile, Ariosto Herrera, hizo sacar, al recién electo Presidente don Pedro Aguirre Cerda, al cual debía rendir honores frente a La Moneda, señalándole que el Ejército desfilaría ante su persona, en su calidad de Presidente de la República y ante la bandera de Chile, pero jamás ante un trapo rojo. El Presidente Aguirre ordenó sacar la bandera comunista y entonces, recién entonces, el Ejército desfiló.

¡Qué tiempos aquellos! ¡Qué generales los de esa época! Lástima, que ese espíritu de honor y dignidad de soldado de esta Institución, sólo llegó hasta 1998, cuando pasó a retiro su Comandante en Jefe, Capitán General don Augusto Pinochet Ugarte.

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25 de Marzo de 2010

Fernando Thauby,  Compartir en Facebook
Capitán de Navío en retiroavatar

Los últimos días han estado llenos de noticias curiosas en un medio, el de la relación civil-militar, normalmente poco variado.

Llamó la atención la novedosa idea del Ejército y la Armada de condecorar a la Presidenta de la República saliente en sendas ceremonias, de las cuales sólo se concretó la primera, quedando la segunda suspendida por el terremoto y maremoto. No es habitual que los subordinados condecoren a quien los manda. Nadie se imaginaría al Ejército Británico condecorando a Winston Churchill por su desempeño en la 2ª Guerra Mundial. Estos reconocimientos traen a colación el telegrama del Presidente Barros Luco a uno de sus intendentes en una provincia sureña, en respuesta a su mensaje mediante el cual manifestaba al Presidente su apoyo incondicional e irrestricto ante una coyuntura que éste enfrentaba. Con malicia campesina el telegrama de don Ramón aclaró la situación dejándola en blanco y negro. La respuesta: “¡¡Era que no!!”.

Fue también curiosa la condecoración impuesta al ministro de Defensa saliente, por parte del ministerio a su cargo en la ceremonia de traspaso de mando a su sucesor. En efecto, el ex ministro Vidal fue condecorado en reconocimiento a los servicios prestados en esa repartición. Pregunta: ¿quién concedió la condecoración? No pudo ser el Ministro entrante que llegaba a recibirse en ese momento y que con anterioridad a esa transmisión de mando no disponía de ninguna autoridad para conceder condecoraciones a nadie. La distinción debió ser concedida a Vidal… ¡por el mismo Vidal! Curioso.

Es destacable y meritoria la actitud del Comandante en Jefe en cuanto a dar empleo a quien fue significativo en su promoción al alto cargo que hoy ostenta

La distinción sin duda debe ser merecida, pero nadie podría asegurar que la evaluación de los méritos del condecorado fue del todo objetiva.

Han sido también creativas las intervenciones del ex ministro en la prensa, validando la eventual designación del ex Comandante en Jefe del Ejército como Subsecretario de Defensa. Primero aseguró que el Presidente electo no había efectuado ningún sondeo ni oferta al General antes de la tramitación de su retiro, cosa que es difícil de comprobar pero que la sucesión de hechos muestran como dudosa y luego, ya con el General en retiro, leímos su vibrante alegato respecto a la validez y legitimidad de su eventual asunción a dicho puesto. De suyo es cuestionable que un ex Ministro de Defensa promueva un ex subordinado militar para un puesto político, pero tendría algún sentido si lo estuviera promoviendo para asumir un cargo en su ministerio o en otra cartera del Gobierno de la Concertación en que milita el Sr. Vidal, pero no; lo novedoso es que lo candidatea para un cargo en el gobierno de la otra coalición. Inusual.

El broche de oro lo pone la información que trae la prensa respecto a la contratación de Vidal como asesor personal, por parte del Comandante en Jefe del Ejército. Dada la escasa, si es que alguna, experiencia del ex ministro en gestión empresarial, no debe ser esa área en la que aportará su experiencia, y respecto a la gestión estratégica militar algunas de sus intervenciones, principalmente involucrando a gobiernos y personeros de otros países, señalan que para el General sería más saludable no contar con esa asesoría, ya que su permanencia en el cargo podría ser intensa pero breve. No es por tanto descaminado pensar que su apoyo se concretará en las áreas que constituyen las especialidades del ex ministro: las vocerías y el cabildeo, áreas en las cuales todos le reconocen maestría.

De todas maneras, es destacable y meritoria la actitud del Comandante en Jefe en cuanto a dar empleo a quien fue significativo en su promoción al alto cargo que hoy ostenta y que se encuentra disponible.

Estamos viendo situaciones novedosas. Se ha dicho que el terremoto desplazó a Concepción 10 metros al Oeste, sin embargo, en estos temas civiles- militares, pareciera que lo hizo varios miles de kilómetros en dirección a los Trópicos.

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Despliegan a 7 mil militares en Concepción Cuando vi por la Tele ayer, entrar los tanques con los militares  en el Sur, y la gente los aplaudía con emoción, me acordé…..

Que distinto el comportamiento que tuvieron las autoridades en el terremoto de 1985, cuando el Gobierno Militar, sacó inmediatamente las fuerzas armadas a las zonas con problemas. Inmediatamente se les entregó agua, alimentos y comenzó la reconstrucción de inmediato.

Ahora se vio otra cosa, me dio mucha pena ver a esa pobre gente, que habían pasado un terremoto, un maremoto y más encima se vio   atacada por el lumpen,  chilenos de mala clase  que han sido amparado durante estos 20 años, en que la delincuencia  ya nos sobrepasó.

Me pregunto, ¿Por qué la Presidenta Bachelet no hizo lo mismo?. ¿Acaso su rencor por el pasado, que  ha demostrado durante estos 4 años, en que ha dividido a los chilenos más que los otros 3 gobiernos anteriores, fue superior a prevenir lo que pasó?..

Aquí no sólo han perdido los pobres, sino que gran parte de clase media y Empresarios, aquí todos han perdido.

Amo a Chile, me siento orgullosa de ser chilena, pero sentí verguenza ajena cuando vi en CNN como mostraban las escenas de los saqueos, de como robaban descaradamente, como amenazaban a los periodistas, camarografos.

¿Qué esperaba el gobierno para actuar?..Veía el rostro de aquel que tendrá que hacerse cargo de Chile en unos días más,  y tenía la desesperación marcada, sin poder actuar porque aún es sólo Presidente Electo , sólo pudo hacerles ver que estaban equivocados al no llamar a las FF.AA. ¿ Por qué si la Presidenta se vio superada, no renunció de inmediato?. Estoy segura que las nuevas autoridades habrían procedido mil veces mejor.

¿Es que ella no le conmueve el dolor ajeno ?.  ¿Pudo más su orgullo que  su sensibilidad?.

¿Es que no ha podido perdonar que la Concertación fuera vencida ?. No entiendo, la verdad.

Todas esas cosas no deberían haber sucedido, Chile y su gente está por encima de las pequeñeces,  la mayoría es gente honesta, por eso la actitud del gobierno en realidad, no tiene perdón de Dios. Bueno, total ella no cree en Él así que poco le importa.

Que Dios nos pille confesados para la próxima vez

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Sebastián Piñera E.

Lo primero que debe tener presente un buen Presidente

es que la verdad “no puede ni debe ocultarse”.

¡EL GOBIERNO FALLO CRIMINALMENTE¡

La verdad no solo la conocemos los chilenos sino el

mundo entero.

Loa saqueos mostraron al desnudo la sociedad creada

tras 20 años de Concertación.  ¡ Dura tarea le va a tocar ¡

Recuerde que es imposible juntar el aceite con el vinagre´

ello no impedirá devolverle a nuestra Patria la ética moral,

los valores y principios sin los cuales ninguna sociedad

puede sobrevivir.

Fuerza Presidente, UD PUEDE…….

Estamos, confiamos y creemos en Ud,

AGRUPACION MUJER CHILENA

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