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Archive for 23 mayo 2010

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Vergüenza y asombro son los primeros sentimientos que vinieron a nuestro encuentro cuando nos enteramos que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior había “conseguido” finalmente que se citara a declarar en el proceso por la muerte de Víctor Jara, ni más ni menos que al Subsecretario de Defensa, General ( R ) Oscar Izurieta Ferrer. Vergüenza , al confirmarse el tremendo desaguisado del Ministerio del Interior, que ahora aparece persiguiendo judicialmente a uno de los más selectos integrantes del gabinete, gracias a la encomiable diligencia de uno de los abogados de una oficina de su dependencia y con una jefa designada por el régimen que ni siquiera se enteró de ello. Asombro, ante la inesperada falta de control del gobierno sobre los actos de sus subordinados, permitiendo que desde sus propias filas se atente contra la imagen de un Presidente que ha puesto su empeño en seleccionar al mejor equipo.

Ambos sentimientos se enmarcan en un cuadro de confusión generalizada que ronda entre los partidarios del gobierno, al no conseguir comprender la porfiada demora en designar a los ocupantes de los cargos que configuran el ejercicio del poder político para la conducción del estado. Más aún, cuando después de dos meses, las nuevas autoridades insisten en compartir dicho poder con conspicuos agentes del antiguo régimen, quienes pueden ejercitar libremente su acción de “quinta columna”, para minar paso a paso la imagen de un cambio que no llega.

En pocas palabras, la operación política montada en los días finales del gobierno anterior obtiene hasta ahora una clara victoria sobre los nuevos ocupantes de La Moneda, sumando la actuación soterrada de los infiltrados en la administración pública a un coro de voces agoreras que denuncian “despidos injustificados” o “por razones políticas”, mientras claman por los derechos de prístinos y eficientes trabajadores fiscales, aún cuando se trate muchas veces de simples y vulgares operadores políticos, sin otra justificación para seguir en sus cargos que la inmoral extensión de su contrato, realizada pocos días antes de entregar el gobierno.

Los gritos son tan fuertes como sincronizados en tiempo y espacio, consiguiendo apabullar cualquier asomo de reacción en las flamantes autoridades, cuya formación ética y moral les coarta las posibilidades de imponer su voluntad, haciéndolos retroceder cada vez que hay riesgo de ser acusados de cometer algo injusto o indebido.

Es pintoresco ver que justamente quienes han amparado o participado en los actos de mayor inmoralidad hoy rasgan vestiduras y acusan a ministros, subsecretarios e intendentes de estar “abusando del poder” o “desarrollando campañas de persecución política” sobre inocentes funcionarios. En un gesto de descaro increíble, connotados sinvergüenzas hoy abogan por la “ética” y la “probidad”, olvidando la corrupción en que nadaban hace apenas unos meses.

No es posible que la calidad profesional de las nuevas autoridades sea debilitada por rasgos de ingenuidad que facilitan la acción disociadora de sus adversarios políticos, al auto-restringirse para llevar a cabo la renovación de cargos a que tiene derecho cualquier gobierno, en cualquier país del mundo, sin necesidad de pedir la anuencia de nadie y menos de sus opositores, a quienes por algo derrotaron limpiamente en la urnas.

El ejemplo de la citación a Izurieta demuestra como un organismo ajeno a los intereses del gobierno actual, creado en 1997 para continuar la investigación sobre la ubicación de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, como también las circunstancias de su desaparición o muerte y con vigencia sólo por un año, ha sobre-extendido ilegalmente su funcionamiento,

transformándose en una suerte de fiscalía especializada en la persecución de militares, imponiendo su agenda aún a costa de crear problemas mayúsculos al gobierno de quien supuestamente depende. Así estuvo a punto de conseguirlo cuando su jefa insistió vehementemente en reabrir el caso Soria, so pena que se le viniera encima una avalancha de reapertura de casos completamente cerrados y ejecutoriados. Así ocurre hoy, cuando llevan ante la justicia a un Subsecretario de la misma administración. ¿Quién podría encontrar una explicación racional para que ello ocurra en el gobierno actual?

Para quienes votaron por la Alianza no es grato observar como la opinión pública comienza a criticar a un gobierno que – habiendo manejado en forma impecable la reacción ante el terremoto – duda en ocupar los espacios de poder que legítimamente le corresponden, sometiéndose a los reclamos de una oposición derrotada en todos los frentes y con graves problemas internos. En vez de aprovechar la oportunidad estratégica ofrecida por la debilidad de su adversario, el gobierno pareciera estar esperando que éste se fortalezca.

La reconocida fragilidad del apoyo ciudadano debiera llamar la atención del gobernante hacia el resultado de las primeras encuestas, donde comienza a hacerse evidente un prematuro grado de desencanto. ¿Podrá éste ser solamente atribuible a los problemas relacionados con el terremoto o tendrá elementos referidos a la falta de ejercicio de la autoridad?

Hay sin embargo un sector de la sociedad que no resultó sorprendido con la actuación del abogado del Ministerio del Interior. Se trata de la Familia Militar, quien ha sufrido por años la más injusta persecución política, sostenida por quienes no desean que el pasado siga su rumbo natural hacia el olvido y buscan mantener los beneficios y prebendas conseguidas al amparo de su condición de “víctimas de violaciones a los derechos humanos”.

Así, mientras los terroristas o delincuentes subversivos del ayer gozan de la amnistía, prescripción y toda clase de beneficios, los uniformados siguen encarcelados o perseguidos en interminables procesos judiciales, donde se les aplica una forma de justicia exclusiva, muy distinta a la del resto de los chilenos. Por si fuera poco, mientras los militares condenados por hechos ocurridos hace más de 30 años jamás han sido acusados de volver a presentar conductas reprochables, la sociedad conoce cada cierto tiempo de casos de terroristas amnistiados o indultados que han seguido involucrados en el mundo criminal, tanto en Chile como en el extranjero, habiendo concitado a pesar de ello, la compasión y simpatía de los gobiernos de la concertación.

En el proceso eleccionario recién pasado, la familia militar, al igual que la mayor parte de la población, optó por un camino que ofrecía la posibilidad de terminar de una vez por todas con las odiosidades del pasado, confiando en lo ofrecido por el candidato vencedor. Lamentablemente, hoy debe ver con tristeza que el cambio parece quedarse solo en un sueño.

Ojala el gobierno de la Alianza, deje de lado el temor a producir el cambio que ofreció y que lo llevó a triunfar, asumiendo que es mejor dejar que los perros ladren a seguir durmiendo con el enemigo.

Patricio Quilhot P.

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INTERESANTE NOTICIA

El pasado 22/09/09 ONEMI presenta su nuevo centro de operaciones de emergencia móvilllamado  “Alfa Uno”

Noticia del dia Martes, 22 de septiembre de 2009

“Con la presencia del Vicepresidente de la República, Edmundo Pérez Yoma , del Ministro del Interior(s) Patricio Rosende y la Directora Nacional de ONEMI, Carmen Fernández, se realizó esta mañana la presentación de ALFA UNO, sofisticado Centro Móvil de Operaciones de Emergencia,  destinado a potenciar la gestión coordinadora de ONEMI en las acciones de alerta temprana y manejo de emergencias.

Este vehículo, dotado de la más avanzada tecnología de información y comunicación, se incorpora a la gestión de ONEMI en el marco del programa Bicentenario de modernización y fortalecimiento institucional.


El Vicepresidente de la República Edmundo Pérez Yoma, destacó la gestión de la Oficina Nacional de Emergencia y la importancia de la implementación de este Vehículo todo terreno, para organizar en sólo minutos un centro de operaciones in situ, para atender las necesidades y demandas en una situación de emergencia “Todos los años vamos progresando. Cuando se inició todo esto, los medios eran muy escasos, hoy hemos aumentado progresivamente el presupuesto de ONEMI, institución que verdaderamente efectúa una labor muy importante”

La Directora Nacional de ONEMI,  Carmen Fernández reveló que “año a año vamos incorporando nuevas herramientas. Este es un Centro Móvil de operaciones de Emergencia que viene a liderar una flota de Tres Centros Móviles; además de 15 vehículos todo terreno en las regiones. Este vehículo Alfa Uno ha significado una inversión aproximada de 100 millones de pesos, destacó.
Además indicó que de esta manera ONEMI refuerza su rol coordinador, mediante mejores capacidades de comunicación con los órganos operativos del sistema nacional de protección civil. “La coordinación no tiene sentido sin la comunicación y  en este Centro Móvil nos permitirá convocar rápidamente a los organismos que operan en una emergencia, como Carabineros, Bomberos, Salud, entre otros” agregó.
Este proceso de modernización de la gestión de protección civil 2006-2010, privilegia el quehacer preventivo, fortaleciendo al mismo tiempo las capacidades reactivas del país frente al desastre, incorporando la más avanzada tecnología de comunicación e información.
En el contexto de un ejercicio de simulacro y bajo el supuesto de un sismo de mayor de  intensidad que deja sin comunicación a la comuna de “Prevención”, ciudad ficticia que ha servido para el entrenamiento periódico de ONEMI en sus capacitaciones, se efectuó la entrada en operaciones inmediatas de ALFA UNO, para restablecer comunicaciones con y desde una zona afectada.

En este ejercicio también se pudo observar, además de una operación de restablecimiento de comunicaciones, la  instalación de un puesto de mando y de una estructura transportable para albergar al Comité de Operaciones de Emergencia, lugar desde donde se evalúan los daños y se adoptaron las decisiones pertinentes.

ALFA UNO es un vehículo todo terreno con doble tracción, cuenta con sistemas radiales de telecomunicaciones, en VHF y HF, los que le permiten una cobertura tanto local como nacional.
Cuenta también con respaldo energético, mediante un equipo generador eléctrico, celdas solares y baterías, que le proporciona una autonomía mínima de 24 horas en alta demanda.
Este vehículo, financiado por ONEMI  a través de un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, de fortalecimiento del sistema de alerta temprana, posee también una estación meteorológica, una torre de iluminación,  notebook con conexión a Internet móvil 3G, impresoras multifuncionales, dos Televisores LCD de 32’’, cinco equipos de radio y Telefonía celular y satelital. Para complementar su autonomía cuenta también con dos estanques adicionales  de combustible y neumáticos de repuesto.
Todo ello permite el pleno uso de sus sistemas, en torno a una mesa de reuniones, la que está destinada a la conformación del Mando Conjunto en Terreno, con la capacidad de desplazarse a cualquier punto del país.”

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Organismo estableció criterio a nivel nacional ante consulta realizada por municipalidad de Villarrica.

IVÁN FREDES

TEMUCO.- La Contraloría dictaminó que las municipalidades están facultadas para izar banderas indígenas en sus reparticiones junto con el pabellón nacional. La decisión se tomó en respuesta a una consulta efectuada por la municipalidad de Villarrica, pero fija un criterio a nivel nacional.

El documento explica que “la municipalidad de Villarrica está facultada para autorizar el izamiento de la bandera o escudo del pueblo mapuche, junto a la bandera nacional, en las reparticiones municipales de su dependencia” y precisa que es “en el entendido que cumpla la exigencia de satisfacer una expresión cultural, educativa o artística de la referida etnia”.

La resolución tiene jurisprudencia nacional y puede ser solicitada por los nueve pueblos originarios reconocidos en la Ley Indígena, según explicó el contralor de La Araucanía, Hernán Hernández.

El organismo fiscalizador zanjó la polémica generada en 2009, cuando el alcalde de esa comuna, Pablo Astete, rechazó la solicitud del Consejo Mapuche Mallelafquén para izar una bandera mapuche, junto con el emblema nacional, el día en que comenzó a regir el Convenio 169 de la OIT.

La Contraloría fundó su resolución en la autonomía municipal para establecer ordenanzas de participación de la comunidad local, en la Ley Indígena que promueve el fomento y desarrollo de los indígenas y en el Convenio 169, que protege a los pueblos originarios.

El edil Astete, quien solicitó el pronunciamiento, anticipó su voluntad de izar el pabellón mapuche en el frontis municipal. “El problema ahora es saber cuál es la bandera mapuche más representativa”. El dirigente Marcial Colil, quien inició la polémica en 2009, calificó de “espectacular” el dictamen. “Prueba que la petición estaba fundada en derecho. Nuestra bandera es la diseñada en 1991 por el Consejo de Todas las Tierras”. El director del Instituto de Estudios Indígenas de la U. de la Frontera, Alejandro Herrera, se mostró partidario del dictamen y que a la hora de la elección de la bandera deben primar el uso y tradición del emblema.

692.192
los indígenas en Chile, según el resultado del censo aplicado en el año 2002.

87,3%
corresponde a la población mapuche, le sigue el pueblo aimara con el 7,8% del total indígena.

Nueve etnias según la Ley Indígena: Mapuche, Aimara, Atacameña, Rapa Nui, Colla, Quechua, Alacalufe, Yámana y Diaguita.

Sergio Villalobos: “Me parece una cosa indignante y una barbaridad histórica”

“Desde el punto de vista jurídico no sé bien cuál es la situación. Pero desde la perspectiva histórica me parece una barbaridad”, afirmó ayer el Premio Nacional de Historia Sergio Villalobos, respecto del dictamen.

“Chile es un Estado unitario, republicano, democrático y representativo. Así lo dice la Constitución. Y que se estén introduciendo estas divisiones no me parece que está dentro de la tendencia histórica. Tampoco de la manera de ser del pueblo chileno. Lo que cabe es que haya una sola ley, una sola determinación, una sola bandera. Históricamente, me parece una barbaridad, una cosa indignante. Algo que no cabe en la ruta histórica del país”, afirmó.

El investigador mapuche Juan Ñanculef recordó que la bandera mapuche conocida es de apenas 20 años. “Los mapuches tienen sus banderas, pero son de carácter espiritual y no político o ideológico. Se usan en los “nguillatunes”, como elementos para buscar el equilibrio cósmico en las rogativas”, aclaró.

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Para siempre : ¿Asesinos?.

Estimado doctor Giorgio Agostini,He escuchado y visto como todos los chilenos, los cargos y descargos en contra o a favor del Padre Karadima.Sin condenar, porque hasta el momento  creo en su inocencia hasta que no se pruebe lo contrario, me ha llamado la atención la defensa corporativa y a ultranza de parte de parte del clero y parroquianos.Unos y otros clamando por la absoluta inocencia del sacerdote, basados en la “presunta inocencia”.Lamentablemente, y es una injusticia para un sector de la sociedad, no ha existido el mismo trato: Los militares.Algunos años atrás y hasta ahora, fueron detenidos y procesados, y aún perseguidos.Todos sin distinción han sido “colgados en la plaza pública” y caratulados como asesinos, aún aquellos que no tuvieron participación en hechos lamentables. Todos con esposa, hijos, familiares y amigos que sufren, han sufrido y siguen sufriendo en su entorno el hecho de tener un padre o un esposo “asesino”, aunque en un momento la justicia dijo lo contrario para muchos.Ya lo dijeron los medios de comunicación social y no hay forma de sacarse ese baldón.Para ellos, no hubo defensa ni apoyo de camaradas, sacerdotes, o ciudadanía que alguna vez pidió su intervención, más aún, que “aligerara el gatillo”; y politicos que fueron sus compañeros de ruta en el gobierno militar.Todos en su momento, miraron para el techo.Para siempre : Asesinos.

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El Bicentenario de las luchas emancipadoras de Chile, que terminaron el 18 de febrero de 1818, da al país una oportunidad única, irrepetible y creemos que imperdible de conseguir la Unidad Nacional que usted enunció en la campaña electoral que le llevó a la Primera Magistratura de la Nación, y de paso, cumplir su compromiso de hacer funcionar la Justicia con la aplicación de las Leyes vigentes.

No es posible que después de 40 años sigamos con las odiosidades creadas en los años 70 del siglo pasado y que como corolario de estas persecuciones, centenares de soldados chilenos llenen las cárceles políticas creadas por la concertación para sancionar a quienes tuvieron la osadía de aventarles del poder, con juicios amañados, falsos testimonios y jueces prevaricadores que solo buscan notoriedad personal.

La mayoría de estas personas, a la sazón de los hechos, eran jóvenes inexpertos, que  solo cumplieron órdenes, aunque en muchos casos se defendieron de ataques alevosos que desde la oscuridad y el anonimato les lanzaban cobardemente los mismos que habían intentado establecer la dictadura del proletariado en el país y pretendían una masacre con un millón de chilenos muertos.

Poner Justicia ante la evidente injusticia es una de las características que debe sobresalir en quien quiere dejar de ser considerado como un político más y aspira a ser recordado como un Estadista que por sobre las pasiones y las presiones puso el interés nacional, recuperando un Estado de Derecho que se ha esfumado por la pretensión colegisladora que están practicando algunos magistrados de Justicia.

Nos parece inaceptable que una Ley de Amnistía que se aplicó a todos los terroristas, inclusive a los que cometieron actos sangrientos, no sea utilizada de la misma manera para aquellos que tuvieron la obligación de combatirles para garantizar a la población esa seguridad de que gozábamos y que hoy estamos a punto de perder nuevamente, ahora en manos de la delincuencia desatada.

Tampoco nos parece moralmente inadmisible y éticamente reprobable que los beneficios que concede la Ley a quienes están privados de libertad a los únicos que no se les concede sea a estos presos políticos, que no pueden ser llamados de otra manera, porque, las acusaciones que se les hace devienen de la presunta persecución, por la que se ha sobre indemnizado a las presuntas víctimas.

Creemos, Señor Presidente, que esta es otra materia en la que usted tendrá que elegir como lo verá nuestra Historia, sí,  con mayúscula porque es esa que se basa en la verdad y no en los eslóganes, y será presentado a las futuras generaciones, como el Gobernante sabio que terminó con divisiones añejas o si solo fue un cómplice encubierto de la institucionalización de una injusticia.

Atentamente,

Mario Montes

Director de Diario Electrónico

Reacción Chilena.

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El entorno de los delincuentes representa en Chile una votación de entre 300 mil y 600 mil votos. Resulta obvio que desde 1990 adelante ese entorno ha votado por las opciones presidenciales que han estimado favorecerles más.

Desde la presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) la coalición entonces gobernante fue asegurándose cada vez más la adhesión del entorno delincuencial, partiendo con la reforma procesal penal absurdamente garantista para los delincuentes, para llegar bajo el mandato de Michelle Bachelet a otra situación extremada, como la construcción de las mejores cárceles de Latinoamérica, con un costo para el estado superior a 500 mil pesos mensuales por cada preso, para alojar a  aquellos que resultara ya imposible dejar en libertad.

La lealtad política de la delincuencia con los gobiernos concertacionistas queda en evidencia al considerar que ni Frei, Lagos o Bachelet habrían podido alcanzar la Presidencia de la República sin esa votación, porque los tres triunfaron por menos votos que los del entorno delincuencial.

Hay otro sector de nuestra sociedad, cuyo entorno también representa entre 300 mil y 600 mil votos. Me refiero a la que ha dado en llamarse la familia militar, que en su mayoría votó anteriormente en blanco por hacérseles insuperable el rechazo íntimo a entregar su voto a candidatos socialistas o asociados suyos. Ese entorno votó mayoritariamente en la última elección presidencial por Sebastián Piñera, haciéndolo Presidente de Chile por una diferencia de sufragios muy inferior al número de los correspondientes al entorno militar, y lo hizo así confiando en el honor y la palabra empeñada por el actual Jefe del Estado, quien se comprometió a resolver de una vez por todas el problema de los militares presos injustamente, por cumplir sus deberes militares y órdenes superiores en la situación de excepción y convulsión interna de 30 años atrás, y por jueces afines al socialismo y asociados, que –tratándose de militares- han dejado caprichosamente sin aplicación la legislación chilena mientras han aplicado doctrinas extranjeras y acuerdos internacional no ratificados por nuestro país o bien retroactivamente a su ratificación, cosa categóricamente inconstitucional.

El Presidente Piñera puede perfectamente cumplir su palabra empeñada otorgando el indulto presidencial a todos los uniformados condenados, y solicitando al Poder Judicial, respecto de los procesos pendientes  -y sin meterse en los fallos que corresponda a los jueces dictar-  que disponga la aplicación a todos los chilenos, sin excepciones, de la legislación de la república y se abstenga de aplicar en los procesos acuerdos internacionales no ratificados por Chile en la forma señalada por la constitución, o con efecto retroactivo en el caso de aquellos que hubieren sido ratificados.

Para tener la certeza de que al actuar así lo hace cumpliendo el deseo de la gran mayoría ciudadana, le sugiero implementar oficialmente una consulta nacional aunque no sea vinculante, acerca de si quiere el pueblo un punto final o quiere proseguir las persecuciones a militares sobrevivientes del rescate armado de hace 30 años de nuestra nación del castro-comunismo, con  anterioridad incluso al colapso soviético y a la caída del muro de Berlín. Yo ya hice dicha encuesta mediante un sistema propio simplificado, pero bastante efectivo, y me arrojó algo más de un 65% a favor de dar vuelta la hoja.

Pero honre su palabra, señor Piñera, y cuanto antes mejor. No vaya a ser que por no hacerlo, aborte usted la posibilidad del próximo período presidencial en su sector y caigamos nuevamente en el socialismo, aunque vestido esta vez con las ropas del joven MEO. Es duro para un militar votar en blanco, pero es inaceptable despojarse del honor.

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