En una primera referencia al nuevo gobierno, recordé una expresión campesina de mi progenitor, quien por sobre títulos y grados académicos era un hombre de campo. Déjame verlo venir, para salirle al encuentro, decía cuando alguien quería matricularlo en apreciaciones o actitudes anticipadas respecto de personas recién llegadas o que recién comenzaban a desenvolverse en nuestra provincia o vecindad.
Estoy analizando objetivamente el desempeño presidencial de Sebastián Piñera, y el primer tema al respecto que tengo ya suficientemente claro y en cuanto al que hoy quiero darle mi completa aprobación y felicitaciones es el de la seguridad pública, que en su campaña electoral prometió garantizar.
Una buena oportunidad de demostrar el cumplimiento de su compromiso a este respecto se presentó con ocasión del famoso “día del joven combatiente”, instaurado hace algunos años por la extrema izquierda para conmemorar la muerte de los hermanos Vergara Toledo, supuestamente asesinados, quienes cayeron en un enfrentamiento armado con las fuerzas policiales en un disturbio vandálico que les correspondió reprimir. Al llegar al lugar, las fuerzas del orden habían sido recibidas a balazos por los terroristas.
Pues bien, en esta ocasión –y como lo señala editorialmente el decano de la prensa nacional– el Presidente Piñera, en un hecho sin precedentes, visitó el cuartel de las Fuerzas Especiales de Carabineros y les hizo presente que en su función de mantener el orden y la seguridad pública contarían con el apoyo del Gobierno.
También recalcó que el derecho democrático de manifestarse no es equivalente al derecho a causar desórdenes públicos ni daños en la propiedad pública y privada.
Algunas voces intentaron transformar este hecho en una “provocación” del Gobierno a los eventuales manifestantes. Pero la inmensa mayoría de la población —y en particular los pobladores que tantas veces han sufrido impotentemente las consecuencias de tales desórdenes— no se llama a engaño.
En un Estado de Derecho, la fuerza policial expresa la obligatoriedad de la ley y da realidad a las garantías básicas de las personas. No cabe admitir que su presencia y su disposición a actuar en caso de desmanes puedan constituir una provocación.
En este caso, el número de detenidos, la falta de lesionados así civiles como uniformados, y la limitada gravedad de los incidentes así lo confirman. Una oportuna advertencia que encontró crédito en todos los sectores se mostró capaz de disuadir a quienes sin ella habrían estado dispuestos a realizar actos impunes de violencia, disminuyó los mismos y en buena medida hizo innecesario aplicar la fuerza legal. Así, se ha probado que la violencia no sólo se combate con su proporcionada respuesta, sino también con reglas del juego claras, según las cuales todos sepan que el mantenimiento del orden dentro de la ley será efectivamente una prioridad.
En esta misma línea, fueron importantes las reuniones entre el intendente de Santiago y los fiscales competentes, igualmente expresivas de la voluntad de hacer valer el orden legal e impedir su quebranto impune.
En mayo de 2006 la Presidenta Bachelet removió al jefe de las fuerzas especiales de Carabineros porque un periodista y su camarógrafo, así como varios estudiantes, habrían sufrido lo que ella calificó como “un exceso, un abuso, una violencia repudiable e injustificable”. Ese incidente tuvo por efecto el que las policías posteriormente actuaran con una cautela demasiadas veces extremada, frente a manifestaciones, activistas mapuches, trabajadores portuarios, subcontratados de Codelco y otros.
Pero el balance del “día del joven combatiente” muestra que la eficiencia en la preservación de la seguridad pública es perfectamente compatible con métodos policiales propios de un Estado de Derecho y democrático. El respaldo del Gobierno al actuar de las policías en su deber de mantener el orden público no es incompatible con su ejercicio según tales requerimientos. Por el contrario, aquél las hace plenamente responsables por los actos que entrañen un abuso de su potestad.
Lo determinante de este resultado distinto y socialmente mucho más positivo –como lo expresa el referido editorial– es que hubo una preparación previa adecuada, con focalización de los resguardos en los puntos que se preveían críticos, en conformidad con una estrategia fundada en datos precisos y sujeta a una coordinación superior resuelta. Eso evitó que la autoridad se viese sorprendida o sobrepasada por los hechos, como ha ocurrido en tantas ocasiones anteriores.
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