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Archive for 23 abril 2010

El flamante diputado por la gracia, no de Dios, sino por la Democracia Cristiana que pactó con el Partido Comunista, lo que permitió que fuera elegido como tal el Sr. Hugo Gutiérrez, se ha permitido dar a los chilenos, en una columna del diario La Tercera del 14 de Abril del presente año, una lección de moral y política, no obstante su obsecuencia con la doctrina y la práctica comunista.

Manifiesta este defensor del marxismo leninismo, que el recientemente nombrado Director de Gendarmería, General de Carabineros (R) Sr. Iván Andrusco, no califica para tal designación, por haber pertenecido al servicio de inteligencia de la policía uniformada chilena, lo que lo hace “carecer de idoneidad moral para ser la más alta autoridad de una repartición pública”,  no obstante que no ha sido enjuiciado jamás y menos aún, condenado por motivo alguno.

El Sr. Gutiérrez, poseedor de esa “maravillosa” cualidad comunista, de dejar de lado el nefasto pasado de sus camaradas nacionales y extranjeros, pretende darnos una lección de moral, a quienes, seguramente, estima ignorantes absolutos de la sangrienta historia de su partido, tanto en Chile como en el mundo, pretendiendo erigirse en el líder defensor de los derechos humanos a nivel mundial.

Sr. Gutiérrez, gente que pensaba como usted, asesinó a cien millones de personas entre 1917, inicio de la Revolución Rusa y 1991, fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En estos cien millones de víctimas, no se cuentan otras decenas de millones que eliminó el chino comunista Mao Tse Tung y sus continuadores en el continente asiático.

El 13 de Abril pasado, un día antes de la publicación de su artículo de prensa, se conmemoró el septuagésimo aniversario de la masacre de Katyn, cuando Stalin hizo asesinar a 20.000 oficiales del ejército polaco, que se encontraban prisioneros de los soviéticos, en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se olvidó también de los diez millones de campesinos rusos asesinados por Stalin, los Kulaks (pequeños propietarios agrícolas) para lograr la colectivización de la tierra? ¿Se olvidó Sr. Gutiérrez del archipiélago de Gulag, en Siberia, donde el mismo tirano, Stalin, asesinó a otros diez millones? ¿Ha leído alguna vez, los textos en que se habla en detalle sobre estas masacres, del autor ruso que los conoció en persona, Alexander Solzhenitsyn? ¿Qué opinión tiene de la Tcheka, NKVD, GPU y KGB, los servicios de seguridad comunistas, con sede en la Avenida Lubianka de Moscú? ¿Y de las tiranías y tiranos asesinos en los países en que el estúpido Roosvelt le entregó en bandeja en la Conferencia de Yalta y de Potsdam, al término de la citada guerra, donde murieron millones de inocentes para instaurar los gobiernos títeres de Moscú bajo la bandera roja? ¿Y de las represiones sangrientas y monstruosas en los intentos de rebeldía contra el comunismo en Alemania Oriental el 17 de Junio de 1953; en Poznan, Polonia, en Junio de 1956; en Budapest, Hungría, en 1956; en Praga, Checoslovaquia, en 1967? ¿Y la invasión de Afganistán en 1979? ¿Y los soldados chilenos caídos en el intento comunista de magnicidio, en la Cuesta Achupallas, en el Cajón del Maipo en 1986? ¿Y las decenas de uniformados y civiles inocentes, asesinados por el brazo armado del PC, el FMR, durante el gobierno militar?

Usted, Sr. Gutiérrez, que pretende ser el portaestandarte de la bandera de los DD.HH., escriba también columnas sobre las interrogantes precedentes, señalándonos si las innumerables víctimas de esos hechos, tenían o no, derechos humanos.

Con lo anterior, por ahora, es suficiente. No recurriremos a extender la roja e inconmensurable mancha de sangre que los comunistas han hecho derramar a sus enemigos en el Asia, tales como Corea del Norte, Camboya, China comunista, Indonesia, Vietnam, Myanmar (ex Birmania) y en África, y en América: en Cuba, en Nicaragua, en El Salvador, en Argentina, en Uruguay, en Brasil y en Chile.

Resumiendo, son cien millones las víctimas mortales del comunismo, del que usted, Sr. Gutiérrez es uno de sus más caracterizados representantes en Chile.

¿Y todavía se atreve a declararse defensor de DD.HH.? Usted es sólo un defensor de los rojos inhumanos. Defiende lo indefendible. La historia nacional y universal, así lo demuestra. Usted pertenece a un partido, cuya doctrina -no lo olvide nunca usted señor lector-, fue declarada por el Papa Pío XI como “intrínsecamente perversa”. Sus argumentos, Sr. Gutiérrez, y su base dogmática, son absurdos y repulsivos.

Finalmente, Sr. Gutiérrez queremos recordarle que usted es dirigente de cúpula del PC, partido del que su colega, diputado Guillermo Teillier, nombre de combate “Sebastián” o “El Príncipe”, era nada menos que el Encargado Militar en la operación de ingreso a Chile de 90 toneladas de armas y explosivos, con las que se quiso equipar a 20.000 hombres para derrocar al gobierno y convertir a nuestro país en una Nicaragua. Las miles de muertes que se habrían producido inevitablemente, se impidieron, precisamente, por la acción preventiva de los organismos de seguridad que usted denuesta. Es insólito que con estos antecedentes, tenga la desfachatez de aceptar la presidencia de la Comisión de DD.HH. de nuestra Honorable Cámara de Diputados. Usted Sr. Gutiérrez, es quien efectivamente está moralmente inhibido para ejercer el cargo que ostenta y hay que ser muy cara dura, para levantar una voz acusadora en un tema en que se encuentra totalmente vulnerable.

¡Es usted quien debe renunciar y no un distinguido General de la República!

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Lo manda el P. Justo Antonio Lofeudo…………..

Que DIOS nos ampare

Queridos amigos:

En noviembre habíamos alertado acerca del acelerarse de una campaña contra todo lo que es cristiano y en particular contra la Iglesia Católica y la figura del Santo Padre. El artículo se llamaba "Se cierra el círculo".

Ahora, por lo que pasaremos a transcribir, se ve cómo el círculo lo están ya cerrando y muy rápidamente. Tienen prisa, no pueden esperar más.

Antes de ir a la transcripción motivo de este mensaje de alerta, recuerdo un par de párrafos del anterior artículo:

"Ante el ataque a la vida, a la familia, a la libertad de religión, a la moral cristiana y la misma moral natural y hasta al mínimo sentido común, ¿la Iglesia no ha de decir nada? Ciertamente que debe hablar, pero al hacerlo sabemos ya que habrá cárcel. Por eso, por todos los medios quieren primero llevar a la religión al ámbito privado, prohibiéndole manifestarse públicamente sobre estos o cualquier otro tema. De ese modo tendrán las manos sueltas para cometer sus tropelías y cerrar el círculo demoníaco de perversión y destrucción de la sociedad. Cuando se alzare una voz profética o magisterial para denunciar estos crímenes será esa acallada, amordazada y encarcelada.

Cualquier observador imparcial ha de notar que todo va muy deprisa. Falta poco, muy poco para la persecución sistemática a gran escala y hasta el final.

¿De dónde viene la persecución? Los instrumentos ejecutores son los gobiernos –en sus tres poderes- que siguen idénticas políticas, las que –a su vez- responden a un sistemático plan de eliminación de todo lo cristiano en la vida, primero  pública y luego privada. Por eso, los ataques van dirigidos contra la institución más fuerte en el ámbito cristiano que es la Iglesia Católica y contra la figura del Papa y del Magisterio hasta acabar con ellos.

Por encima de los gobiernos nacionales están los organismos supranacionales como las Naciones Unidas y en concreto UNICEF, UNESCO que son sus ramas ejecutoras y promotoras de tales políticas.

No es más un secreto que detrás de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, está el proyecto de gobierno mundial único que ya está cancelando las soberanías nacionales".

Y ahora la noticia:

Un juez de la ONU afirma que el Papa debería ser procesado por la Corte Penal Internacional

By Susan Yoshihara, Ph.D.

9 de abril de 2010

     (NUEVA YORK – C-FAM)  El pasado viernes, en Londres, un destacado jurista de las Naciones Unidas solicitó al gobierno británico la detención del Papa Benedicto XVI durante su próxima visita a Gran Bretaña, para que seaprocesado por «delitos de lesa humanidad» en la Corte Penal Internacional.       

Geoffrey Robertson pregonó su condición de juez de la ONU en un artículo publicado la semana pasada, en el que sostuvo que los juristas deberían invocar los mismos procedimientos utilizados para acusar a criminales de guerra como Slobodan Milosevic, a fin de procesar al Papa como cabeza de la Iglesia Católica Romana, quien es el responsable último de los abusos sexuales perpetuados por sacerdotes católicos en contra de niños.      


Robertson es uno de los cinco juristas selectos que componen el sistema interno de justicia de la ONU, ante el cual comparecen los funcionarios de las Naciones Unidas envueltos en casos de corrupción y mala administración. Su artículo fue publicado en Estados Unidos y Gran Bretaña, y divulgado por la Prensa Asociada.        

El profesor Hurst Hannum, miembro de la Fletcher School, de la Universidad Tufts, dijo a Friday Fax que sería una «verdadera exageración» apelar a la Corte Penal Internacional, ya que la jurisdicción de dicho tribunal está reservada principalmente para crímenes cometidos durante la guerra. Es más probable, añadió Hannum, que Robertson y otros expertos con ideas afines invoquen el principio de «jurisdicción universal», de modo que las cortes nacionales de todo el mundo puedan detener al pontífice en el momento en que ponga un pie en su territorio. Los críticos consideran que el mencionado principio, que fue puesto en práctica anteriormente, constituye una violación de la soberanía según lo establecido en la Carta de la ONU.        

No obstante, Robertson insistió en que la Corte Penal Internacional puede ser utilizada siempre y cuando no se aplique la inmunidad soberana del Papa y con la condición de que los juristas puedan probar que los abusos sexuales fueron llevados a cabo de manera «sistemática o generalizada», como fueron sometidos los niños soldados en las guerras de Sierra Leona y del modo en que son tratados los esclavos sexuales en todo el mundo.      


Robertson, abogado especializado en delitos y cuasidelitos civiles, dijo que es necesario interponer una acción legal en contra de las máximas autoridades de la Iglesia, a fin de obtener más fondos para las víctimas de los abusos sexuales de los clérigos en aquellos casos en los que las diócesis se declararon en quiebra. Más precisamente, se refirió al hecho de que la diócesis de Los Ángeles ya ha desembolsado 660 millones de dólares estadounidenses en concepto de daños y perjuicios, mientras que Boston lo hizo por 100 millones de dólares.        Un destacado profesor de leyes dijo a Friday Fax: «Sin menospreciar en lo más mínimo la seriedad de las presuntas ofensas de los sacerdotes católicos, sería un error grave para las leyes de derechos humanos permitir que se trivializara el deber de proteger, y que se le hiciera el juego a los abogados norteamericanos que fijan honorarios bajo la modalidad de cuota litis».       


Otro abogado de derechos humanos dijo a Friday Fax que el artículo podría ser parte de una campaña mayor. Robertson lucha desde hace muchos años para que se prive del status de observador permanente a la Santa Sede en la ONU, y se refirió públicamente a la primera como «la ONG más grande del mundo».     

Cuando en 1999 se lanzó una campaña tendiente desplazar a la Santa Sede, los Estados Miembros de la ONU ofrecieron su apoyo al Vaticano, y en 2004 la Asamblea General aprobó mediante votación unánime que se ampliara su estatus. No se sabe con certeza si el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, estaba al tanto de las tendencias políticas de Robertson antes de que lo nombrara juez de la ONU.  


Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano

Concluimos con las mismas palabras que antes.

Se cierra el círculo, la serpiente está a punto de morderse la cola. Los agentes de las tinieblas avanzan y el resto del mundo está como narcotizado y ausente. Ante esta realidad, a los creyentes nos cabe rezar y mucho para que el Señor nos prepare para la batalla, el Espíritu Santo nos dé la fortaleza necesaria y, en medio de la confusión general, nos ilumine. A los demás hermanos de buena voluntad, de recta moral, los acompañamos con nuestras oraciones para que tampoco ellos claudiquen. Estaremos juntos luchando por la luz de la verdad.

J.A.L.

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LA SEGUNDA, 24 DE NOVIEMBRE DE 1995

Pinochet

Por

Hernán Larraín Fernández

Senador

Extractos principales de la carta pública enviada al Comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet Ugarte

Mañana 25 de Noviembre usted cumple el octogésimo aniversario de su natalicio, ocasión en que un importante número de chilenos celebrará tal fecha junto a su persona, a lo largo de todo Chile. Sin embrago, lo más relevante de todo es que en esta oportunidad, bajo la iniciativa de un grupo muy cercano de sus ex colaboradores, se aprovechará la conmemoración para tributarle un reconocimiento a su gigantesca contribución al progreso de nuestro país. Por ello, quisiera enviarle estas líneas que contienen algunas reflexiones que me surgen a propósito de este acontecimiento, perdonándome usted que, por su propia significación, las haga públicas.

§ Los pueblos, por lo general, son poco agradecidos con quienes colaboran en su desarrollo en vida de sus protagonistas. Más bien la crítica y la descalificación, cuando no la envidia, dan cuenta de nuestra pequeñez e incapacidad para tributar en forma oportuna un justo reconocimiento.

§ La historia de Chile no sería la misma de no haber intervenido usted en momentos cruciales de nuestra evolución. No podemos olvidar el estado crítico, la ruina material y la descomposición moral en que se encontraba nuestra nación en 1973. La desesperanza cundía en todos los ámbitos y la ciudadanía, indefensa y desprotegida, se derrumbaba junto al fracaso de la institucionalidad vigente para impedir la destrucción de la chilenidad promovida por una ideología fundada en el odio y la lucha de clases.

§ Ni los Tribunales de justicia, ni la Contraloría General de la República, ni el Congreso Nacional, pudieron impedir estos hechos o revertir la situación caótica que se había producido. El país pidió, entonces, la intervención de las Fuerzas Armadas, llamamiento que luego de advertir la imposibilidad de evitar de otra forma el desplome nacional, fue finalmente escuchado por nuestros hombres de armas.

§ En la perspectiva del tiempo, este proceso adquiere especial significado. Luego de ser un país encaminado – al parecer de la época – en forma irreversible al colapso, Chile pasó del Gobierno Militar a ocupar la posición expectante que hoy tiene, configurando una situación inmejorable para superar la pobreza y el subdesarrollo a que décadas de malos gobiernos anteriores – salvo excepciones – nos habían conducido. Aunque les duele a muchos en la actualidad, esta es una realidad sólida y evidente como la cordillera de los Andes, que fuerza a muchos hoy a prestarle su reconocimiento público.

Otra vez fue necesario coraje y sentido de bien común para adoptar el camino difícil y no demagógico que permitió lograr estas metas. Nuevamente usted, al liderar el proceso, mostró la calidad de estadista que pocos chilenos han podido exhibir a lo largo del siglo que expira.

§ El proceso seguido a lo largo del régimen militar fue largo y doloroso. La interrupción del proceso institucional, causado por los hechos previos mencionados, generó enfrentamientos que ocasionaron la vida de muchos compatriotas. Recordarlo nos causa pesar y enluta el alma nacional. Nadie quiso que ello ocurriera y nadie desea que ello vuelva a repetirse.

§ Incluso los errores y excesos que se cometieron – no podemos olvidar la naturaleza humana – y más allá dela aprovechamiento político que de ellos se ha venido haciendo durante muchos años, deben servir para comprender lo profundo del quiebre social que existió a comienzos de la década del setenta y el grado a que había llegado la justificación del uso de la violencia por los sectores políticamente mayoritarios en ese tiempo.

§ Hoy, cuando aún quedan heridas por restañar y cuando se buscan fórmulas para terminar con los problemas pendientes, derivados de esos hechos en materias judiciales, producto de la mala aplicación de la Ley de Amnistía dictada en 1978 para contribuir a la paz social, advertimos la inequidad de algunos sectores que, por un lado, procuran superar las dificultades procesales y penales de terroristas de izquierda, para intentar, por otra parte, la persecución implacable de todo uniformado que pueda tener alguna responsabilidad en hechos de entonces.

Fue necesario tener coraje para actuar en su debido momento, como lo es necesario hoy para superar esas inquietudes, sin olvidar el debido respeto por los sentimientos de todos los afectados. Usted supo actuar entonces y la ha sabido hacer en estos días, dando ejemplo de autoridad, respeto personal y observancia de las normas jurídicas vigentes en la actualidad.

· La restauración de la democracia exigió comprender la profunda crisis institucional que entonces existió… La Constitución Política de 1980 es fiel demostración de esa vocación fundacional. La transición posterior y la actuación de los gobiernos que han sucedido al Gobierno Militar permite acreditar que esa institucionalidad ha funcionado con éxito. De ahí que nos resulte incomprensible el esfuerzo de algunos por revisar aspectos medulares de la misma, sin que existan antecedentes objetivos que lo justifiquen.

· Los hechos que he reseñado muy sucintamente justifican, pues, la recordación y celebración de estos días. No podemos restarnos a esta situación, entendiendo que la obra de todo hombre, por grande que sea, es fruto del trabajo mancomunado de muchos. Creo justo recordar entre todos quienes colaboraron con usted a una sola persona que, sin dudas les representa, pero que, por la fidelidad a sus principios, ya no nos acompaña. Me refiero a Jaime Guzmán, cuya figura – como la suya – se agiganta con el paso del tiempo.

· Por circunstancias particulares, no podré acompañarlo personalmente en alguna comida de celebración de las muchas que tendrán lugar el día de mañana. En esos momentos, obedeciendo a una invitación del Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Jorge Martínez Busch, estaré visitando el campo de Hielo Sur, respecto del cual existe un diferendo limítrofe con Argentina, el que deberá ser revisado próximamente en el Senado.

· La triste experiencia vivida hace poco con motivo del conflicto de laguna del Desierto me fuerza a participar en ese evento, lamentando tener que ausentarme en esta justa celebración. Usted, que tuvo el coraje de defender cada pedazo de tierra chilena con la determinación que rodean todas sus acciones, podrá disculparme y, a la vez, comprender el sentido de mi ausencia.

HERNAN LARRAÍN FERNANDEZ

Senador

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comentario Político semanal

   Me había prometido a mi mismo no insistir con el tema de los impuestos. Pero tras ver ayer en Tolerancia Cero a la porfiada de la Lily Pérez volver con el Royalty y de que "no se va a afectar a las personas y las pymes" y al chascón Villegas calificando de babosos a todos los que seguimos escribiendo en contra del tarúpido  "impuesto a las grandes empresas", tengo que  reincidir. Ya expliqué que el "impuesto a las grandes empresas" es una invención infernal y demagógica del gran visir Hinzpeters. Es una movida "política", se han dado cuenta todos, desde nosotros los "babosos" hasta el último cabro chico. Pero calificarla de "política" es premiarla, es darle altura, la verdad  es que es una medida politiquera, demagógica, populista, y…lo peor de todo…sumamente torpe pues abre una caja de Pandora, abre un tema que debiera estar cerrado. Yo no permito que se discuta si mi mujer puede o no prostituirse, ese es un "no tema" para mí, es un tema cerrado.
   Reconozco que a veces me pongo baboso, sobre todo cuando me traen a mi nieto Ciro de un año y medio, el también vive en Reñaca y me lo traen casi día por medio así que baboseo mucho, son litros de baba. Y entre la lista de babosos que han escrito contra esta inmensa estupidez demagógica del "impuesto a las grandes empresas" hay muchos otros distinguidos babosos, incluyendo a otro chascón que para mi gusto ha sido lejos lejos el mejor Ministro de Hacienda de Chilito. Me refiero al Chascón Buchi, también conocido como el "pelao" Buchi, colega ingeniero de la gloriosa Universidad de Chilito y a quién conocí personalmente. Le copio a usted lo que escribió el baboso chascón Buchi al respecto, y a la siempre políticamente correcta Lily y al chascón Villegas les doy como tarea leérselo unas 40 veces hasta que les dentre en la cabeza y lo entiendan.

El Fisco tiene recursos y poca deuda. Una emergencia como esta es la oportunidad para usar esa holgura. Si no es ahora, ¿cuándo?

Desgraciadamente, en general lo que es intuitivo y aceptable políticamente no es lo correcto. Esto explica la pobreza que aún es mayoritaria en el mundo, ya que ha impedido que las políticas públicas sean las adecuadas para aprovechar los conocimientos y avances tecnológicos levantando a la humanidad de la miseria.  La incapacidad para superar esta dificultad es quizás la mayor tragedia que conocemos.

Estas semanas hemos visto un ejemplo en los planteamientos tributarios en relación al terremoto.  Es atractivo proponer alza de impuestos, especialmente a un ente abstracto como las empresas.  El argumento es simple: hubo una tragedia, que todos paguen. Se olvida que el desastre afectó a todos.  Todos tienen que soportar algún costo: Fisco, empresas y personas.  Las empresas no gastan con sus recursos, sólo producen, invierten, emplean o disminuyen deudas, lo que hace más accesible a terceros financiarse. Todo ello es lo que necesitamos para superar la pobreza, y hoy en la emergencia con más impuestos tendremos menos. El Fisco, más allá de las dudas sobre la certeza de sus cifras de ahorro en el pasado, tiene recursos y poca deuda. Una emergencia como esta es la oportunidad para usar esa holgura.  Si no es ahora, ¿cuándo?  Es tarea de los técnicos -hay muchos y buenos en el gobierno- hacerlo en la mejor forma para minimizar otros efectos macroeconómicos.

Se ha insinuado que el problema no es sólo la emergencia del sismo.  El déficit estructural legado sería mayor, quizás el 2% del PIB, y ello requiere corrección.  Si es así, no es el único legado a corregir. La productividad cayó al 1,6% anual durante el gobierno de Bachelet.  Si queremos progresar, es imposible sin mejoras en ella. Quizás  la tarea más crítica de este gobierno sea precisamente esa; es imprescindible para relanzar el crecimiento. Más impuestos y dificultades para invertir son el camino equivocado para lograrlo. Aun cuando la situación fiscal no haya sido tan positiva como se decía, existe un amplio espacio para ajustar las cuentas en un plazo que no tiene por qué limitarse al actual período presidencial.

En la discusión han rebrotado argumentos de otra índole. Que los impuestos a las empresas son bajos y que son injustos para las personas. Esos argumentos no son correctos. No debemos compararnos con países desarrollados que crecen poco para lo que necesitamos. Nuestros impuestos no son bajos si los comparamos con las etapas dinámicas de desarrollo que quisiéramos emular. Más aún, la recaudación efectiva del impuesto a las empresas como porcentaje del PIB es más alta en Chile que en muchos otros países, incluso los de tasas altas. Ello es porque probablemente se aplican con menos exenciones y se usan bases distintas.  Respecto de las personas, no existe tal inequidad. Son impuestos de naturaleza distinta; Chile tiene un sistema integrado que cuando llega la riqueza a las personas tributa en forma equivalente. Ya vimos que las empresas no gastan, producen. El impuesto a ellas es un anticipo a las personas que en términos de impulso a la inversión y el empleo, fuente última de la eliminación de la pobreza, cabría pensar en bajarlo, no subirlo.

Pero lo más grave de esta polémica está en el plano político. Veinte años de gobierno de la Concertación deterioraron nuestra capacidad de superar la pobreza. El esfuerzo de muchos impidió que el proceso se acelerara más, siguiendo el camino políticamente fácil y acorde con su ideología. Sería un mal presagio que las primeras medidas de un gobierno que debía marcar un cambio en este aspecto se iniciaran por el mismo camino

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Ser democratacristiano hoy

Gonzalo-Rojas.gif¿Habrá algún DC que no reconozca que su partido vive hoy momentos muy difíciles? Y, claro, no se trata del Padena o de la API, sino de una de las colectividades más relevantes en la historia de Chile en los últimos 70 años, por lo que es toda la política chilena la afectada.

Derrotado su reciente candidato presidencial; descolocada su dirigencia concertacionista por el progresismo ilimitado de sus socios; desanimadas sus bases por la indefinición de sus dirigentes, todo le tiembla, más allá de una exitosa elección de senadores. Una triple D —derrota, descolocación y desánimo— inunda la conciencia democratacristiana. Es cierto que ese órgano clave —que hace de válvula de seguridad en la vida personal y colectiva— hace ya años que en la DC no funciona como debe, pero también es efectivo que los viejos falangistas todavía se preguntan cómo es posible que haya sucedido todo lo que les pasó; se interrogan sobre tantas cosas mal hechas y apenas encuentran respuestas.

“La defensa del hombre amenazado en su realidad espiritual antes que en las estructuras más exteriores, y la defensa de ciertos valores universales es la tarea urgente”, afirmaba un autor. Y otro añadía: “Los acontecimientos de la política nacional, las nuevas orientaciones del pensamiento católico, las directivas pontificias y otras causas contribuyeron a formar una generación juvenil de acusados perfiles propios, que encerraba valores indiscutibles y manifestaba definida personalidad, dentro de amplia y consistente homogeneidad”.

Eso fue la DC originalmente: convicciones fuertes, junto a organización y mística, para defenderlas y promoverlas. Son citas que los viejos falangistas reconocen de inmediato y a las que adhieren con reverencia. Pero son sentencias que los actuales DC —en su mayoría, buenas personas— consideran quizás algo ñoñas o beatas.

Si aún las valoraran, de ninguna manera la Democracia Cristiana exhibiría una confusión tan grande sobre qué es la persona humana y qué implica proteger su dignidad y su trascendencia.

Porque el principal error de la DC actual no está en sus concepciones estatistas, ni en su desmesurado democratismo, ni en algunas de sus fórmulas económicas fracasadas, sino en la manera gelatinosa en que el partido conceptualiza sobre el ser humano.

Y si tuvieran en cuenta aquellas antiguas afirmaciones, no temerían asumir un camino propio, depurado del mesianismo de los 60, pero fuerte en perfiles bien diferenciados. Por el contrario, hoy la DC aparece en tantas materias simplemente como otro PPD, sólo que disfrazado con ropajes algo clericales cuando la amenaza progresista toca a degüello.

Finalmente, si consideraran aquellas frases como vigentes, no habrían facilitado la presencia en el Congreso —sí, en listas comunes— de quienes niegan todos y cada uno de los presupuestos cristianos del orden social y, de paso, han combatido con energía a los propios falangistas desde su origen, allá por fines de los años 30. Pero lo que les espera es todavía peor si no reaccionan: rendirse a una alianza aún más amplia con las izquierdas, con ese PC presente y creciente, bien amparado en sus variados socios.

(Por cierto, las citas referidas corresponden a Eduardo Frei Montalva y a Alejandro Silva Bascuñán, respectivamente).

Lo que haga la DC —podría pensar alguien— es problema de ella. No: ciertamente, puede ser problema y drama para Chile y, en especial, para la UDI y su necesidad de aprender de los errores falangistas.

Desgraciadamente, siempre cabe la posibilidad de que clame algún democratacristiano: ¡Que no nos vengan a dar lecciones desde fuera!

¿Y de dónde si no?

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EL MERCURIO, Domingo 28 de Noviembre de 2004

(Entrevista de Enero de 1987)

A fines del régimen militar, el entonces secretario general de la UDI decidió explicar a un reducido auditorio su posición respecto a la represión política. Este texto – aparecido en “El Mercurio” en Noviembre de 2004 – ilustra el pensamiento de uno de los civiles más influyentes del gobierno de Augusto Pinochet.

Enero de 1987, Juan Pablo Illanes entrevistó a Jaime Guzmán en el encuentro “Líderes de cara al futuro” realizado en el Centro de Estudios públicos. En un auditorio compuesto por jóvenes, el fundador del gremialismo y – en ese entonces – secretario general de la UDI analizó el gobierno militar y explicó su opinión respecto al retorno a la democracia. Entre los temas tratados, destacó su análisis de la situación de los derechos humanos durante el gobierno de Pinochet y el impacto que tendría para los gobiernos del futuro. En este extracto de las conversaciones entre Juan Pablo Illanes y Jaime Guzmán reproducimos sus impresiones en momentos en que se discuten las repercusiones del Informe sobre Prisión Política y Tortura.

Juan Pablo Illanes:

El texto de la Constitución, no cabe duda, protege bien los derechos de las personas. No obstante, llama la atención que a este Gobierno se le formulan graves acusaciones en relación con el respeto a los DD.HH. Se le acusa de desapariciones, se indica que ha habido ejecuciones sumarias, aparentemente irregulares. Hay una serie de acusaciones de esta naturaleza, que pueden traer secuelas sociales muy graves y que, a juicio de muchos, constituyen un germen de inestabilidad futura. Me gustaría preguntarte a ti, que estuviste participando en el gobierno desde el comienzo, tu opinión sobre estas acusaciones.

Jaime Guzmán:

– Yo creo que eso nos lleva a un tema delicado e importante, que debe ser tratado de la manera más seria y franca posible. Creo, desde luego, que no se refiere básicamente a la consagración constitucional de los derechos, porque en general las transgresiones a los derechos humanos son actos que desbordan la legalidad y que por cualquier causa no son aclarados debidamente para su sanción correspondiente. Por eso no se trata principalmente de un problema de orden jurídico sino de un problema de orden práctico.

Creo que cualquier enfoque serio del tema de los DD.HH. durante este régimen debe partir de una realidad que enmarca el análisis. Esa realidad es que el actual régimen accedió al poder en medio de un cuadro objetivo de guerra civil, al cual el país había sido arrastrado deliberadamente por el gobierno anterior. Este hecho reviste la máxima importancia, porque la realidad histórica enseña que no hay situaciones objetivas de guerra civil que no acarreen muy dolorosos y graves hechos de violencia, de muertes y de transgresiones a los derechos de las personas. El primer problema que, por tanto, hay que dilucidar, es cuánta responsabilidad y cuan grave responsabilidad tiene el gobierno de la Unidad Popular en muchos de los hechos que debieron sufrir sus propios jerarcas, como consecuencia del cuadro de guerra civil que ellos provocaron.

Por esta razón, no puedo aceptar, en conciencia y después de haber reflexionado durante trece años, que los dirigentes y partidarios del régimen de la UP pretendan enfocar este problema unilateralmente, colocándose en la calidad de víctimas y acusando al Gobierno militar de victimario. Me parece que eso es una falsedad y una osadía moral inaceptable, quizá sólo explicable – en ciertos casos – por la falta de objetividad que pueden producirse en el ser humano las situaciones de muy grave dolor.

Producido el 11 de Septiembre 1973, se desencadena una serie de hechos que son consecuencia inevitable del cuadro de guerra civil generado por la UP. Esto no quiere decir que sean hechos justificables, pero sí indica que la responsabilidad de su ocurrencia recae en mucho mayor medida en quienes hicieron necesaria la intervención militar con esa guerra civil que incentivaron, que en quienes se vieron en la obligación, completamente ajena a su voluntad, de conjurarla. Porque está claro que el advenimiento del Gobierno Militar no fue algo que las FF.AA. y Carabineros buscaran.

Con el correr del tiempo, empiezan a yuxtaponerse dos realidades. Por un lado, la que acabo de señalar. Por el otro, la dinámica peligrosísima que tienden a adquirir los organismos de seguridad en los gobiernos autoritarios. Es allí dónde pasamos a un área distinta de realidades, en que de excesos inevitables se pasa a excesos evitables, y por ende condenables respecto de la autoridad que los llevaba a cabo. Quiero subrayar cómo estas dos realidades se yuxtaponen, para hacerles vislumbrar lo difícil que era superar adecuadamente este problema. Naturalmente que el tema habría sido muy simple de abordar si uno parte de la base que no se requería un Gobierno Militar, o que el Gobierno Militar llegó en condiciones diversas a una guerra civil. Pero si llegó en condiciones propias de una guerra civil y él fue indispensable para conjurarla, necesariamente estas dos realidades deben ser analizadas como elementos que confluyen en un cuadro muy complejo.

¿Dónde estaba, a mi juicio, la solución del problema? Precisamente en ir desmontando gradualmente la dinámica peligrosa que habían adquirido los servicios de seguridad, al excederse abusivamente en forma que era evitable, pero realizar eso sin restarle potencia a la esencial lucha antiterrorista.

Me parece indispensable, incluso señalar, en forma bastante categórica que hay dos maneras en que el estado puede violar los DD.HH.; una por acción y otra por omisión.

Cuando la autoridad no combate a la subversión o al terrorismo de una manera eficaz, no es acusada en ningún foro internacional de violar los DD.HH., pero los está violando por omisión porque a ella le corresponde evitar los atropellos a los derechos humanos que implica toda la acción terrorista y subversiva.

El problema, entonces, nace en que hay que armonizar la eficacia en la lucha antisubversiva y antiterrorista, que es la lucha exigida por los DD.HH., con el respeto a los parámetros éticos y legales que enmarquen esa lucha dentro de los criterios aceptables desde la dignidad del hombre que nos inspiran. Ese elemento permite apreciar el problema desde una dimensión seria, no simplificada ni panfletaria como desgraciadamente ha tendido a abordarse en chile. Estoy perfectamente consciente que decir estas cosas no es fácil ni es grato, porque se ha producido en amplios sectores del país una simplificación unilateral, emocional y superficial del tema. Digo esto además, porque personalmente desde los inicios de este Gobierno, el tema de los DD.HH. me preocupó muy intensamente. Me preocupó por una cuestión ética y por una cuestión de sensibilidad. Hay personas que son más o menos sensibles a estos temas, y yo lo soy mucho.

En esa época, dicha preocupación era estimada algo excéntrico y curioso por la enorme mayoría de los sectores civiles que apoyaban al Gobierno Militar y que miraban todas las inquietudes que yo planteaba como algo muy secundario o como un mero costo que había que asumir sin más.

Además, hay un aspecto de mi ingerencia dentro del gobierno durante esa época, en el cual no me parece abundar públicamente. Pero no cabe duda que la disolución de la DINA, y el subsecuente reemplazo del general Contreras en la dirección del organismo que la sustituyó fue un paso decisivo en una tendencia o evolución favorable del problema. También siento el deber moral de decir que algún día se reconocerá el papel decisivo que en igual línea tuvo Sergio Fernández como Ministro del Interior, etapa en que se puso fin al gravísimo hecho de los detenidos desaparecidos y en que se mejoró notoriamente la situación general de los DD.HH., aun cuando en el arduo desafío de combinar lo anterior con la eficacia de la lucha antiterrorista y antisubversiva, el ex Ministro Fernández no lograse en plenitud todo lo que se propuso a favor de los DD.HH. y por lo cual luchó silenciosa pero incansablemente, y con frutos que sólo la extrema pasión política actual es capaz de pretender desconocer.

Me interesa también subrayar en este tema que el caso chileno presenta una original y atinada solución jurídica y que fue una idea impulsada por Sergio Fernández, en 1978. Esa solución fue fijar una fecha determinada por ley, como término de las secuelas de la guerra civil.

Esa fecha es el 10 de marzo de 1978. La norma o fórmula que se buscó para eso fue la Ley de Amnistía, que borró los delitos cometidos en el período 73-78, por ambos bandos.

Cuando la Ley de Amnistía fue promulgada, la jerarquía de la Iglesia católica la celebró como una medida de conciliación, porque, de hecho, como producto de esa ley, salieron en libertad dirigentes o activistas de la UP que estaban condenados o procesados por delitos cometidos antes del 11 de Septiembre de 1973, o después de esa fecha, y por cierto que también la ley apuntaba a blanquear jurídicamente, que eso es la amnistía, los delitos que se hubieran cometido por los órganos de seguridad en la lucha contra las secuelas de la guerra civil, producidas entre los años 73 y 78.

Pero todo lo ocurrido con posterioridad al 11 de marzo de 1978 en Chile está sujeto a la jurisdicción común, de manera que la discusión de si debe haber o no juicios para los actos que impliquen trasgresión a los derechos humanos no tiene ningún sentido en la realidad chilena. La solución ya está dada. No hay sanción para los hechos ocurridos antes del 11 de marzo de 1978.

La UDI ha señalado, y yo quisiera subrayar esta tarde, que donde recae la principal responsabilidad del actual Gobierno al respecto, es en el esclarecimiento de de los hechos que impliquen violación de los derechos humanos – y especialmente de los crímenes de connotación política – acaecidos con posterioridad al 11 de marzo del año 78, y que desgraciadamente no han sido esclarecidos de la manera en que es indispensable que lo sean para que se juzgue y sancionen conforme a la legislación vigente, y se despeje así un elemento que puede ser extraordinariamente traumático en el paso del gobierno militar hacia la plena democracia. Creo que allí hay una responsabilidad pendiente del actual gobierno.

Juan Pablo Illanes:

Sobre la base de los mismos argumentos que tú diste, el problema de omisión se aprecia como muy grave. Hay una serie de asesinatos importantes, ninguno de los cuales está aclarado. A raíz de uno de ellos se produce incluso la renuncia de uno de los miembros de la Junta de Gobierno. Recordemos que Nixon no cayó por lo que ocurrió en Watergate, sino que por su encubrimiento posterior. Las omisiones y la continuación hasta hoy de los conflictos, ¿no crees tú que indican que el problema de los derechos humanos está muy lejos de haber sido superado en marzo de 1978?

Jaime Guzmán:

– Yo creo que está lejos de haber sido superado. Justamente allí reside el problema. Creo que lo que está superado es la solución jurídico-política al problema, que en otros países fue necesario resolver en el momento del traspaso del gobierno militar al gobierno civil o después de instalado éste. Hay una solución jurídica. Pero ¿Cuál es el gran problema? Precisamente lo que tú señalas. El problema reside en que hay una serie de hechos posteriores al 11 de marzo de 1978 que no han sido esclarecidos y cuyas víctimas son opositores al Gobierno. Esto no autoriza a culpar al Gobierno de los hechos, pero sí hace válida la exigencia de que él los esclarezca, o preste la colaboración eficaz e indispensable a los organismos policiales para que estos casos sean esclarecidos por el Poder Judicial. El caso de los tres dirigentes comunistas degollados es uno de los más agudos en la materia. Porque allí hay constancia fehaciente de participación de uniformados en el inicio de los hechos que condujeron a que estas personas fueran finalmente asesinadas y degolladas. Por esa razón es que estimo fundamental insistir en este punto como una exigencia que nace de un imperativo ético.

Esto es lo que considero un enfoque serio y equilibrado del tema de los derechos humanos.

Rechazo que se simplifique el problema, poniendo en plan de igualdad, por ejemplo, el caso de Lonquén o de los comunistas degollados. Quien pone en igualdad de condiciones los dos casos, por una vía o por otra, está revelando una falta de seriedad absoluta en el análisis del problema. Si las pone en igualdad de condiciones en forma acusatoria, está desconociendo la situación de guerra civil en la cual se dio el caso de Lonquén. Y si las pone de igualdad de condiciones para pretender una supuesta absolución u olvido del problema, yerra gravemente porque desconoce el hecho de que el caso de los degollados no puede quedar impune sin que para el Gobierno recaiga una grave responsabilidad por no contribuir eficazmente a esclarecer el caso.

Creo que estos hechos tienen tal gravitación que, efectivamente, pueden opacar realizaciones extraordinarias de un gobierno en lo jurídico, en lo institucional, lo mismo que en lo económico y social. Son aspectos vitales que conmueven los valores éticos más profundos de las personas y sus reacciones más sensibles. Por eso es que yo disto de pensar que el problema está superado. Lo que sí me interesa reiterar es que eso no debe llevarnos tampoco, a estimar, que estas acciones injustificables y que deben ser sancionadas, son unilaterales. O sea, tampoco hoy hay una víctima y un victimario, porque existe una permanente y sistemática acción de terrorismo y de subversión impulsada y ejecutada por el comunismo, que exige una lucha antisubversiva y antiterrorista en defensa de los derechos humanos afectados por el terrorismo y la subversión. Y también defensa de todos los chilenos en cuanto si lograra tener éxito una revolución que llevase al poder a un gobierno marxista, nuestros derechos humanos se verían conculcados en medida incomparablemente más grave que todo lo peor que haya sucedido en Chile desde 1973.

Por esa razón, lo que hay que propiciar tiene que ser realista y equilibrado. Hay que fortalecer la lucha antisubversiva y antiterrorista en términos que ella resulte eficaz, evitando caer en las consignas descalificatorias contra los organismos encargados de un combate que, hablando con sinceridad, tienen una rudeza que le es inherente e inseparable.

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Gonzalo Rojas
Miércoles 31 de Marzo de 2010

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Mientras ocupaba la Presidencia de la República, se corría un gran riesgo al criticarlo. Desde su Olimpo, Zeus fulminaba a sus contradictores con un rayo, mitad autoritario, mitad irónico. Entonces, aunque muchos se atemorizaban, otros admiraban su prestancia.
Pero el péndulo se trasladó al extremo contrario cuando pasó a ser el simple ciudadano Ricardo Lagos Escobar. No faltó aliancista que no le imputara responsabilidades en campos tan variados como el transporte público o las relaciones exteriores, la seguridad ciudadana o la calidad y transparencia de las obras concesionadas. Incluso en juicio ha tenido que declarar.

Y, entremedio, apareció también un curioso fenómeno: han sido sus propios partidarios —despechados algunos, desilusionados otros— quienes hasta el día de hoy le critican esa tendencia a visitar la política chilena desde los espacios siderales, planear sobre ella, tocarla con su varita mágica y elevar de nuevo el vuelo hacia rumbos desconocidos.

Cuando pasa algo así, cuando a un actor relevante de la vida pública casi todos sus pares —sí, casi todos, de verdad— le critican o censuran esto y aquello, al interesado sólo le cabe reflexionar y corregirse.

Pero Ricardo Lagos Escobar parece incorregible. La culpa, los errores, siempre son de los demás; sólo son suyas las soluciones perfectas. El dedo aquel está siempre presto para señalar el único rumbo adecuado.

Allá por 1989, poco antes de derrotar electoralmente al líder del PPD, Jaime Guzmán afirmaba en la comisión política de la UDI de la época algo así como que “hay dos políticos en Chile que son diferentes y en los cuales no se puede confiar”. Uno de los mencionados fue Ricardo Lagos (el otro no viene al caso; me lo reservo para mejor oportunidad).

Efectivamente: no pueden confiar en Lagos sus adversarios; pero tampoco pueden confiar en él ni siquiera sus partidarios. Así nos lo ha sugerido el mismo Pepe Auth.

¿Por qué? Simplemente porque Lagos ha recordado en estos días dos concepciones suyas que lesionan gravemente la vida cívica, a pesar de sentirse él tan republicano.

Así ha sucedido, ante todo, al insistir en que el Presidente de la República debía ser el líder de la Concertación. Pero justamente lo que se le pedía al asumir la Primera Magistratura, al ejercerla y al abandonarla, es que distinguiera el papel partidario del rol nacional. Está claro que no lo logró. Lagos insistió siempre en el ethos republicano, pero nunca pudo entender la distinción entre la conducción del Estado y el liderazgo partidista. Y persevera en esa confusión, como si desde una nueva coyuntura soñara con reconstruir una opción presidencial.

Y, en segundo lugar, al remarcar que la Concertación perdió porque no supo defender las obras realizadas durante 20 años. Pero precisamente lo que la mayoría electoral ha querido decirle a la Concertación es que, en el balance final, el déficit era perceptible y que por eso no se le renovaba el mandato. Sencillo y claro.

A pesar de esa evidencia, Lagos insiste en achacar la derrota a carencias comunicacionales y no a los errores de las políticas sociales y culturales de la Concertación. Convencido de que se trataba de comunicar mejor y punto, ¿cuánta plata más habría gastado él para ganar la última elección a través de recursos mediáticos?

Cuando alguien toca a Lagos desde la vereda del frente, la piel de la Concertación se enroncha y afloran variados anticuerpos en su defensa. Pero por dentro, a nivel de vísceras, da la impresión de que han entendido exactamente de qué se tratan los actuales propósitos del ex Presidente. Y no parecen muy entusiastas ni unidos para secundarlos.

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