Año 9 – Ventana a la Historia – Raúl Hermosilla Hanne
1 de Agosto de 2009
Ateniéndose a lo que se escucha por la televisión, la mayoría de la gente cree que el caso de Honduras se trata de un vulgar golpe militar que derrocó al presidente Manuel Zelaya, democráticamente elegido, por lo que la Organización de Estados Americanos está exigiendo su reinstalación en el gobierno, bajo apercibimiento de expulsar a Honduras de la entidad, con las consiguientes repercusiones negativas para el país, lo cual no es, ni con mucho, tan simple, resultando alarmante el falseamiento de los hechos y la tergiversación de los conceptos en que la mayoría de los periodistas y de los medios mantienen a la ciudadanía..
Pero bien, el análisis objetivo de la situación hondureña es el siguiente:
1. Honduras alcanzó hace algún tiempo una democracia sana y estable. El anterior Presidente, Nicolás Maduro (2002-2006), entregó normalmente el mando a Manuel Zelaya, de su mismo partido, quien había resultado electo en los comicios, para un período constitucional de cuatro años, expirando en enero de 2010.
2. La constitución política hondureña prohibe la reelección presidencial, y más aún, en su artículo 219 dispone que el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser elegido ni designado Presidente, y agrega que el que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.
3. Zelaya fue derrocado la madrugada del 28 de Junio, día en que iba a realizarse una encuesta, por él convocada, para preguntar a los electores si aceptaban una cuarta urna en las próximas elecciones de noviembre, para votar sobre una Asamblea Nacional Constituyente encaminada a reformar la carta magna permitiendo abrir una vía para la posible reelección,
4. Esta consulta había sido declarada ilegal e inconstitucional por el Parlamento, por el Tribunal Electoral, por el Ministerio Público y por la Corte Suprema, resoluciones que Manuel Zelaya había desobedecido, insistiendo en su realización, para lo cual ordenó al Ejército distribuir las urnas y las papeletas, cosa que la Corte Suprema instruyó a la institución armada de no hacer, por ser inconstitucional. Como dato anecdótico es bueno anotar que el control y los escrutinios proyectaba hacerlos el propio Ejecutivo, con prescindencia de la institucionalidad republicana.
5. El Congreso lo destituyó, por unanimidad, incluyendo la votación del propio partido del Presidente, e instruyó al Ejército para cumplirlo, y designó como Presidente Interino, en conformidad a la ley, al Presidente del Congreso, Roberto Micheletti, del mismo partido, quien ha declarado que cumplirá con el calendario electoral, en noviembre próximo, como corresponde en conformidad a la ley.
6. La Organización de Estados Americanos (OEA), la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), y demás organizaciones continentales socialistas insisten en exigir el simple restablecimiento de Zelaya en el poder, mientras el mediador sugerido por Washington, Oscar Arias, Presidente de Costa Rica, pidió al Gobierno Provisional que autorice el regreso de Zelaya a Honduras, para reasumir el cargo y presidir un gobierno de unidad nacional hasta el término del mandato, en enero próximo, bajo compromiso de no insistir en la consulta no prevista en la institucionalidad hondureña, y respetar la constitución y las leyes.
7. Micheletti manifestó aceptar que Zelaya regrese a Honduras, pero bajo condición que ello sea solamente para someterse a juicio por las acusaciones correspondientes, en conformidad legal.
8. El último ex Presidente de Honduras, ya mencionado, en reunión sostenida en Washington con un grupo de congresistas norteamericanos, les aclaró que “no es el clásico golpe militar, porque no ha habido ruptura del orden constitucional” y “el nuevo Presidente, Roberto Micheletti, ha sido instaurado en el gobierno por el Congreso.” Nicolás Maduro reiteró que los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial están en vigor legal y democrático, de acuerdo a la Constitución, y “ningún militar está en el poder.” Finalizó señalando que a su juicio “lo importante ahora es llegar a una solución basada en el estado de derecho, asegurar que se siga el calendario electoral, que está muy avanzado en Honduras, y que sea una solución hondureña”, con lo que implícitamente desestimó toda intervención extranjera, como la invasión militar anunciada por el presidente venezolano Hugo Chávez, o el bloqueo internacional propiciado por el socialista chileno José Miguel Insulza, desde la Secretaría General de la OEA.
Ahondando un poco más en el análisis de la situación hondureña, diré que es posible que se quiebre la OEA con este asunto, porque mientras el socialismo internacional sostiene con Insulza la validez de la medida de expulsión de Honduras de la organización, en razón de que su nuevo gobierno no estaría respetando la Carta de la OEA, otros personeros argumentan que es la OEA la que ha violado su propia carta, y no sólo eso, manifiestan que no sirve para resolver las graves situaciones actuales.
En efecto, para ser reconocidos los países americanos como miembros, la Carta de la OEA requiere no solamente que los presidentes hayan sido elegidos democráticamente, sino que en los países miembros se respeten el estado de derecho, las instituciones permanentes de la nación, como la Constitución, el Parlamento, el Poder Judicial, la libertad de prensa, las garantías ciudadanas, etc., cosa que no ocurre en varios países miembros, especialmente en Venezuela, Nicaragua y Ecuador, entre otros, sin que sean expulsados ni mucho menos. Por otra parte, y ello la hace obsoleta, la Carta de la OEA sólo prevé que un gobierno democráticamente elegido esté amenazado de un golpe de estado, pero nada dice respecto de un presidente democráticamente elegido, pero que en el ejercicio del poder se vuelva contra la constitución, y las instituciones republicanas como el Congreso, la Corte Suprema, el Tribunal Electoral, y el Ministerio Público, como es el caso actual de Honduras. Y así resulta que sólo los Poderes Ejecutivos pueden recurrir a la OEA, pero no los Poderes Legislativos ni Judiciales, cuando son atropellados por los primeros, como es el camino antidemocrático empleado por el socialismo latinoamericano para hacerse del poder total y luego retenerlo indefinidamente por la vía de las reformas amañadas de las constituciones que permitan la reelección de los dictadores, indefinidamente.
Finalmente, diré que a algunas personas parecería no preocuparles mucho el caso hondureño, por ser algo lejano a nosotros y sin relación con los asuntos chilenos. Quiero ser enfático al señalar que los hechos que están sucediendo en nuestro país evidencian la intervención de los movimientos guerrilleros latinoamericanos en Chile, especialmente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas FARC, como lo ha demostrado una vez más en estos días la reciente captura del dirigente mapuche prófugo de la justicia, Héctor Llaitul Carillanca, en cuyo poder la Policía de Investigaciones encontró correspondencia electrónica relativa a los denominados “weichafes” o soldados místicos mapuches entrenados por la llamada Coordinadora Arauco Malleco CAM, bajo los esquemas y monitoreos de las FARC.
Por último, aclararé que la democracia no consiste solamente en uno de sus aspectos, como es el electoral, sino en varios más, como el respeto de la constitución y las leyes, la preservación del estado de derecho, y el resguardo de los derechos de los ciudadanos. Si un gobernante democráticamente elegido atropella las instituciones republicanas y esos derechos ciudadanos, deslegitima su mandato por el ejercicio, y corresponde a los demás Poderes del Estado e instituciones permanentes su derrocamiento y reemplazo provisional hasta las nuevas elecciones, como es el caso de Honduras, y ello sin intervención de la OEA ni de ninguna otra organización socialista alternativa.
Es sintomático que quién presentó ante la OEA la moción en contra de Honduras haya sido el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Taiana, y digo esto porque como historiador puedo atestiguar que el viernes 4 de julio de 1975, estando en plenitud de sus funciones el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, en la Argentina, estalló una bomba en el baño de hombres del céntrico bar “El Ibérico” de Buenos Aires
El objetivo de aquel atentado fue el de asesinar a un oficial naval que tenía reservada una solitaria mesa en proximidades de la puerta que da a los baños. Casualmente ese día el marino no fue a tomar su café y en su lugar se sentó una mujer, completamente ajena a todo. El estallido la mató instantáneamente, juntamente con el mozo que la estaba atendiendo y un grupo importante de parroquianos recibió heridas de consideración, sin contar el bar que quedó demolido y su dueño lo perdió todo.
Pocos días después se supo que el autor del atentado había sido Jorge Taiana.
En vista de su peligrosidad, lo confinaron en el penal de Rawson. Allí prestó servicios en la panadería, hasta que logró salir bajo libertad vigilada, porque el juez de la causa consideró su particular situación familiar. Tenía dos hijos pequeños. Posteriormente el estado argentino lo indemnizó con una importante suma, por haber sido víctima de la persecución fascista.
Los que no pudieron salir de sus féretros con libertad vigilada, ni recibir indemnizaciones, ni cuidar de sus pequeños hijos, fueron la mujer y el mozo del café quienes si a algún lado vamos después que morimos, todavía se deben andar preguntado por qué los mataron.
A pesar de sus fallidos intentos de hacerlo, Manuel Zelaya ha anunciado que regresará a Honduras y recuperará el poder, y se ha comprometido a respetar la constitución y las leyes. He dicho en otra ocasión, que no hay que amarrar perros con longanizas, por lo que espero que el Presidente Provisional de Honduras, Roberto Micheletti, tampoco lo haga, y si el depuesto presidente cumple su advertencia, simplemente lo arreste y lo entregue a la Corte Suprema para su juzgamiento por los diversos delitos que motivaron su derrocamiento, con las debidas garantías, en un justo proceso, que podrá ser observado por los principales juristas del mundo.
DCHpress
